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Llamado a constituyente sigue generando ruidos: esto dice la ley sobre la convocatoria

El comité impulsor fue radicado este viernes, con el apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro. La misma Constitución de 1991 habla de qué se necesita para hacerlo.

Redacción Política

29 de diciembre de 2025 - 08:58 a. m.
Un grupo de nueve personas radicó el comité que recolectará las firmas para una Asamblea Constituyente.
Foto: Archivo Particular
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El debate sobre una constituyente ya se tomó los reflectores en los últimos días del año. Con la radicación del comité que impulsará la recolección de firmas, que tiene el respaldo del presidente Gustavo Petro y todo su gobierno, se plantean nuevas dudas sobre cómo es el proceso y qué dice la ley sobre esta convocatoria, que ha generado polémica porque ocurrirá paralelo al calendario electoral.

Si bien el mandatario ha dicho que “la constituyente no se hará en época electoral”, pues “hasta ahora comienza la recolección de firmas”, el cronograma previo a la presentación del proyecto en el Congreso, que está fijado para el 20 de julio, correrá al mismo tiempo que las elecciones.

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A partir de este viernes, cuando se inscribió el comité, la Registraduría tiene ocho días para revisar que este cumpla con todos los requisitos. Si lo hace, avisará a los ciudadanos que radicaron la iniciativa vía correo electrónico y después hará entrega de los formularios para la recolección de firmas.

Desde ese momento, tienen seis meses para hacerlo. Son necesarios cerca de 2′050.000 de apoyos, que corresponde al 5 % del censo nacional. El comité ha dicho que su meta es llegar a los tres millones de firmas, mientras que el jefe de Estado planteó, inicialmente, 10 millones.

Acabado ese tiempo o, en su defecto, recogidas las firmas, la organización electoral pasará luego a verificarlas, junto con los estados contables. Después de eso, recibirán una certificación, que será la que se presente ante el Congreso la misma fecha de la instalación del nuevo Legislativo.

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El proyecto de ley que aterrizaría en el Capitolio tiene 36 páginas y habla del “bloqueo institucional” que citado Petro, la profundización de las reformas sociales e incluso una “renovación” a la arquitectura del Banco de la República. Además, plantea que en una posible Asamblea Constituyente, serían elegidos 135 delegados para tomar decisiones sobre la nueva Carta Política.

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Ese proyecto debe tener las mayorías tanto en la plenaria del Senado como en la Cámara de Representantes. Además, debe especificar la convocatoria de la asamblea, su número de integrantes, cómo se elegirían, los temas a discutir y la fecha de inicio junto con su periodo. Si tiene el guiño del Congreso, el presidente debe sancionarla y remitirla a revisión de la Corte Constitucional. Si el alto tribunal la aprueba, la convocatoria debería ser de dos a seis meses después de la decisión.

“¿Aprueba usted que se convoque, una Asamblea Constituyente, elegida por voto popular, integrada por 125 personas que representen de manera plural a los distintos sectores sociales del país, para reformar la Constitución Política de Colombia y que sesione por un periodo de tres meses y que tenga como principio el no retroceso en materia de tratados internacionales y derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales?”, es la pregunta que se haría a los colombianos.

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De acuerdo con la Constitución, más allá de la pregunta de si se aprueba o no la convocatoria, esta debe incluir un listado de los temas que se tratarán. Y esa respuesta tendrá que darla afirmativamente un número considerable de personas para que se pueda convocar.

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“Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro”, se lee en el artículo 376 de la Constitución.

Es decir, más de 13 millones de colombianos deberán dar el sí a la pregunta planteada por el comité para que se pueda convocar a una constituyente. Eso significa, en pocas palabras, dos millones más del número que votó por el presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta (11′292.758).

Este es el texto completo del proyecto:

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