El último viernes de 2025 comenzó con un choque evidente, y de alta carga electoral, entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso. Mientras por un lado, vía Zoom, se confirmaba que se citaría a un debate de control político por la emergencia económica decretada este lunes, por el otro radicaban un comité para promover la Asamblea Constituyente con la que el Ejecutivo busca profundizar sus reformas en la Carta Política, saltándose, de paso, el trámite legislativo que le ha resultado infructuoso.
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Es un tire y afloje que ha marcado la última semana del año y que abre un panorama poco optimista en materia de diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para 2026.
“El tema nuestro no es bloquear reformas, es proteger la democracia”, aseguró al inicio de la sesión el presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal). Y agregó: “Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, solo dar la oportunidad al país que conozca lo que piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”.
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Fue con esa respuesta directa al “Gobierno del cambio” con la que se inició la citación decembrina del Senado, que duró menos de dos horas y contó con la presencia de 101 senadores. Desde la oposición se había anunciado que en ella se haría, de entrada, el control político al Ejecutivo por la decisión en materia financiera, pero bajo la precaución de no hacerlo mientras la Casa de Nariño no hubiera presentado los informes requeridos, únicamente se aprobó la proposición para citar no solo al ministro de Hacienda, Germán Ávila, sino a todo el gabinete, este 29 de diciembre al banquillo para que respondan por el decreto.
Y fueron los dos protagonistas del choque que se tomó las redes sociales horas antes quienes adelantaron movidas claves este viernes.
Paralelo al desarrollo de esa plenaria, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunciaba su cita en la Registraduría para materializar la primera parte del anunciado plan del Ejecutivo para impulsar una Asamblea Constituyente. Esta venía cocinándose en los últimos meses tras los constantes señalamientos del presidente Gustavo Petro al Congreso por ponerle el freno a sus proyectos y, en los últimos días, estos incluyeron tanto la ley de financiamiento de COP 16 billones para financiar el presupuesto de 2026 y la reforma a la salud que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.
“El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X, haciendo eco al llamado que ya ha hecho en el pasado de “renovar” el Legislativo en las próxima elecciones.
Más allá de materializar una orden que el presidente ha dado continuamente en sus discursos públicos —incluyendo que la convocatoria debía ser de iniciativa ciudadana—, también significó un mensaje directo al Congreso con el que ha estado peleado desde la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Después de esa votación, la búsqueda de acuerdos con el Capitolio se frenó en gran parte y por ello es que desde oficinas de La Giralda (la sede del Ministerio del Interior de Armando Benedetti) señalan que no hubo una orden directa del mandatario para “salvar” la reforma a la salud.
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“Y a todas las reformas que han fracasado en su trámite en el Congreso de la República”, respondió Sanguino cuando El Espectador le preguntó si la inscripción del comité era una respuesta directa al hundimiento de las reformas. Y añadió: “La necesidad de acudir al poder constituyente no tiene sino un responsable, que es un Congreso mezquino y tacaño con las reformas que el pueblo y que la ciudadanía esperan de ellos”.
Fueron nueve los ciudadanos —entre ellos el exministro de Igualdad, Carlos Rosero y el secretario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Over Dorado— los que quedaron inscritos como los líderes del comité que recogerá las firmas que avalen el llamado a una constituyente y los que, minutos después, acompañarían a Sanguino a la sede del Ministerio del Trabajo para una foto que sellaría la fecha.
El ministro, atendiendo la orden que envió el presidente de que sería una iniciativa que viniera de la misma ciudadanía, aseguró que estaba allí como un “delegado” del Gobierno. Según dijo, por mantener “una relación permanente, cotidiana, con el movimiento social, las centrales de trabajadores y las organizaciones sociales”.
Lo que sigue ahora es un proceso que avanzará paralelo al calendario electoral. En un plazo de ocho días, la organización electoral revisará que el comité cumpla con todos los requisitos necesarios. Solo después de eso entregará los formularios para la recolección de firmas.
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A partir de ese momento comenzarán a correr los seis meses para asegurar poco más de dos millones (2′050.000) de apoyos: el comité habla de llegar a tres millones y el presidente Petro ha puesto la meta en 10 millones. Eso ocurrirá a lo largo de las elecciones legislativas y presidenciales, donde podrá dilucidarse desde el 8 de marzo qué tanto apoyo estaría dispuesto a darle el nuevo Congreso a esa iniciativa. La fecha escogida para radicarla fue el 20 de julio, el día de la instalación de esa nueva “promoción” de legisladores.
El relato constituyente ha venido generando rechazo en el mismo Capitolio desde la primera vez que el jefe de Estado lo planteó, en una discurso en Cali en marzo de 2024. Aunque quedó en el tintero por unos meses, pues buscó concertar un “acuerdo nacional” para sacar sus reformas, volvió al ruedo este año.
Le queda poco tiempo en materia de sesiones ordinarias a este Congreso para seguir legislando. En medio de los choques que se han tomado la relación, han quedado en el olvido proyectos como la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que logró inicialmente acuerdos entre todas las bancadas, y está pendiente ver si el Ministerio de la Igualdad logra ser “resucitado” del todo, pues le quedan todavía los cuatro debates. No es un panorama favorable para reducir las tensiones y todavía faltará ver cómo entrará a jugar la decisión del 8 de marzo en los cálculos de la constituyente.
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