Así busca el Gobierno poner reglas a la relación con el Congreso: pide más transparencia

Como lo anticipó este diario, son seis temas específicos en los que se concentrará la Casa de la Giralda —la sede del Mininterior— en los próximos meses. El que se refiere directamente a la relación entre los dos poderes busca que los congresistas sean claros en el cabildeo, las gestiones que hacen ante los ministerios y los posibles “conflictos de intereses” que tengan por la financiación de sus campañas. Pero no se trata de una sola iniciativa, sino de tres: una reforma constitucional, una ley orgánica y una ley de cabildeo para que los propios congresistas revelen información que, bajo la óptica de la actual administración, “está dispersa y es difícil de rastrear”.

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El mismo documento pone de plano que se trata de una necesidad para combatir “la desconfianza” en el Legislativo. Todo plantea una forma diferente de realizar negociaciones burocráticas que generan desconfianza por los expedientes de corrupción que han derivado de ellas. Uno de esos casos más recientes es el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que sirvió de botín de cambio para tramitar reformas del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

"En los próximos días radicaremos un acto legislativo que cambia el orden de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La gestión parlamentaria es legítima; se reconocerá y se tramitará a la vista de todos. Lo que se acaba es lo oculto", aseguró el ministro Lara este lunes.

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Precisamente, el acto legislativo que propone ese paquete de medidas toca la discusión en torno a proyectos de inversión territorial. Este reformaría los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución y volvería obligatorio que cualquier tipo de beneficio particular, actual y directo sea declarado públicamente antes de intervenir o votar un proyecto de ley. Además, incluiría que la postulación formal de estos proyectos no constituya conflicto de intereses si y solo si el congresista no interviene en "la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos derivados"; si ni él ni sus financiadores de campaña tienen intereses en esa iniciativa; y si el proceso se hace público. Y amplía las causales de pérdida de investidura para que incluyan cualquier tipo de violación a estos principios.

Ese registro público sería creado por la ley orgánica incluida en ese paquete. Con ella se implementaría un sistema "electrónico, gratuito, de consulta libre y en datos abiertos" que será administrado por el Departamento Nacional de Planeación y tiene cinco componentes: declaración de intereses, financiación electoral declarada, representación sectorial o territorial, postulación de proyectos y seguimiento de esas postulaciones. Sumado a eso, se propone que cada congresista declare sus actividades económicas y profesionales de los cuatro años anteriores, participaciones societarias y cargos directivos; ingresos superiores a los 50 salarios mínimos; la totalidad de los aportes, donaciones y créditos de campaña, sin umbral, con sus beneficiarios finales; y regalos, viajes y patrocinios que superen los dos salarios mínimos.

Otro de los puntos álgidos de esa propuesta viene con la iniciativa de ley de cabildeo, que no está regulado y plantea una inscripción de los cabilderos para identificar punto por punto a los beneficiarios finales y los contratos de representación. Por ello, también se solicitaría la presentación de informes semestrales, agendas públicas y la "huella legislativa" de estos encuentros en ponencias, organizaciones oídas y documentos de terceros.

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“Cualquier persona, desde su celular y sin pagar un peso, podrá saber quién financió la campaña de su congresista, qué proyectos postuló para su municipio y en qué van, con quién se reunió antes de votar una ley que la afecta y qué organizaciones entregaron documentos durante el trámite. Y si alguien oculta o falsea esa información, la consecuencia es la pérdida de investidura”, se lee en el informe en manos de El Espectador.

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