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Mientras la Casa de Nariño termina de hilvanar la estrategia legislativa con la que afrontará los cuatro años de mandato que se vienen, la cual aún no se hace pública porque faltan varios articulados de los proyectos de ley y reformas constitucionales que se quieren tramitar, en los pasillos del Congreso está circulando un documento de origen oficial que recoge parte de esas iniciativas. El objetivo es darle piso jurídico y político a la “patria milagro”.
Esa base documental se tituló “ABC de la agenda legislativa y regulatoria”, la cual fue elaborada por el Ministerio del Interior y cuyo contenido conoció en su integridad El Espectador. Allí –en siete páginas– quedó consignada una ruta que apunta a potenciar la presencia del Estado en el territorio. Y, de paso, que las relaciones parlamentarias se revistan de más transparencia.
“La agenda legislativa del Ministerio del Interior busca que el Estado se acerque a donde vive la gente y que, al mismo tiempo, se deje mirar por ella. De ahí se desprenden dos líneas narrativas que ordenan la agenda legislativa, a las que se suma una tercera para las medidas expedidas con ocasión del sismo del 10 de agosto de 2026”, se precisó en uno de los apartados del documento que elaboró la cartera que lidera Rodrigo Lara Restrepo.
Lo que se delineó, y ya se les presentó a algunos legisladores en espacios de socialización que se han abierto –en especial con la Cámara–, es la necesidad de impulsar desde esta cartera cuatro proyectos que pasen por el Capitolio y dos decretos que se pueden amparar bajo las directrices de la emergencia económica que se decretó para atender el terremoto del pasado 10 de agosto.
Esas iniciativas, de acuerdo con el documento en poder de este diario y que ya está en varios despachos del Legislativo, terminan tocando cinco artículos de la Constitución de 1991 y dándole piso a “tres registros públicos nuevos”. Además, según consta en las mismas páginas oficiales, parte de estos asuntos se socializaron en el consejo de ministros del pasado 19 de agosto, el cual lideró el presidente De la Espriella en el Palacio de San Carlos de Bogotá.
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Y aunque esto solo es una parte de la agenda legislativa que la Casa de Nariño aún está por presentarle al Congreso, paso que iba a dar la semana pasada y se terminó cancelando a última hora, sí plantea una hoja de ruta sobre cuáles serán las prioridades del Ejecutivo. En todo caso, la negociación con los partidos es clave, porque de ella depende el avance de estas iniciativas y que sus contenidos sean aprobados con la línea que quiere el jefe de Estado.
Por eso, es importante que aquellas que generan dudas sean “afinadas” con el mismo Capitolio. En ese grupo está la que va en línea con las figuras de “gerencias regionales” que instauró De la Espriella para la reconstrucción del terremoto. Dos decretos serán, de acuerdo con ese documento, los que pongan en marcha la Dirección General de Delegados, una entidad que estará adscrita al Ministerio del Interior y que plantea un “coordinador” designado por el Gobierno para sentarse en la mesa con las autoridades regionales.
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El cambio no es menor, pues significa un paso adicional para la aprobación de cualquier tipo de proyecto de origen regional. ¿Qué dice el Ejecutivo? Que se necesitaría, obligatoriamente, un “concepto previo y obligatorio que expide el delegado regional” antes de que una entidad nacional tome una decisión definitiva en proyectos de gran envergadura. Para eso, instaura plazos para verificar la información, emitir observaciones y conceptos; y deja en manos del presidente y de los consejos de ministros la solución de cualquier tipo de desacuerdo con el delegado.
Si bien aclara varias competencias de los nuevos “delegados”, es claro en que esa nueva figura operará únicamente “en condiciones de coordinación institucional”. Es decir, no sustituirán “a las autoridades competentes en decisiones técnicas, contractuales, presupuestales, regulatorias, sancionatorias u operativas”. En todo caso, las dudas persisten en el Congreso sobre los “poderes” y el rango que tendrán estas figuras, sobre todo por constituir un tipo de “tercerización” a la relación entre el jefe de Estado y los mandatarios regionales. Además, ya se le preguntó al ministro Lara si algo así debería ser tramitado vía Congreso en lugar de hacerlo con decretos como hasta ahora está planteado.
Pero más allá de eso, hay otros proyectos que sí llegarán directamente al Capitolio y tocarán intereses de De la Espriella y su “patria milagro”. En el segundo punto del documento al que accedió El Espectador está un “paquete de transparencia y probidad legislativa” que, en pocas palabras, busca que los congresistas sean claros en el cabildeo, las gestiones que hacen ante los ministerios y los posibles “conflictos de intereses” que tengan por la financiación de sus campañas.
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Y se habla, directamente, de combatir “la desconfianza” en el poder legislativo. Es una forma de esquivar negociaciones burocráticas que, en el pasado, han derivado en expedientes por corrupción; el caso más reciente es el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), que sirvió de botín de cambio para tramitar reformas.
“Cualquier persona, desde su celular y sin pagar un peso, podrá saber quién financió la campaña de su congresista, qué proyectos postuló para su municipio y en qué van, con quién se reunió antes de votar una ley que la afecta y qué organizaciones entregaron documentos durante el trámite. Y si alguien oculta o falsea esa información, la consecuencia es la pérdida de investidura”, se lee en el texto en poder de este diario.
A este paquete, además, se le incluye una reforma constitucional, una ley orgánica y una ley de cabildeo para que los propios congresistas revelen información que, hasta este momento, “está dispersa y es difícil de rastrear”. Y quien viole cualquiera de estas bases se enfrentaría a una posible pérdida de investidura, cuyas causales también se ampliarán con estas iniciativas.
El cambio que se propone a los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución busca que sea obligatorio que cualquier tipo de beneficio particular, actual y directo sea declarado públicamente antes de intervenir o votar un proyecto que haga curso en el Congreso. Pero más allá de eso, define que la postulación de iniciativas de inversión territorial –uno de los temas álgidos por las implicaciones que tuvo la red de corrupción en la UNGRD– esté libre de intervención de los congresistas (o de sus financiadores) en la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos.
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Para todo eso, se crearían “registros” que supervisará el mismo Ejecutivo. Uno de ellos sería el que guarde la declaración de intereses, la financiación electoral declarada, la representación sectorial o territorial, la postulación de proyectos y el seguimiento de las postulaciones a proyectos territoriales; y el otro sería para la inscripción de los “cabilderos”, a los que se les pediría registrar punto por punto a los beneficiarios finales y los contratos de representación.
Las apuestas de Lara –bajo las instrucciones de De la Espriella– también apuntan a darle mayor protagonismo a los territorios. En efecto, se planteó ajustar la Ley 1454 de 2011, con la que se ordena que exista una normativa orgánica de ordenamiento territorial que establezca la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
¿El propósito? El Gobierno crearía una figura para que las regiones demuestren si tienen o no la autonomía suficiente para que se ajusten las dinámicas de gobernabilidad local y nacional. “Hoy el ordenamiento sólo ofrece dos caminos frente a una competencia: transferirla de manera definitiva y para todos, o no transferirla. No hay un camino intermedio para ensayar”, se lee en el documento oficial.
La figura nacería de varios cambios fundamentales. El primero es llevar a cabo programas piloto en los que se amplíen las capacidades de los gobiernos locales, teniendo en cuenta que esto debe ser algo que se haga en un tiempo determinado y con requisitos que sean regulados por la norma. ¿La ruta? Seis pasos para la aprobación de su participación: “El Concejo o la Asamblea aprueba la solicitud de participar; la Comisión de Ordenamiento Territorial verifica los requisitos; el Gobierno expide el decreto con las entidades autorizadas; el Congreso aprueba la ley habilitante; la entidad ejecuta y remite sus normas al Ministerio del Interior; y el Congreso cierra el ciclo”.
La duración inicial contempla hasta ocho años, con la posibilidad de que puedan prorrogarse por un máximo de cuatro años adicionales. Según la cartera de Lara, esta iniciativa “no podría afectar derechos fundamentales ni suspender normas constitucionales”, algo que en todo caso deja la duda sobre qué pasará con la reforma al Sistema General de Participación que ya pasó por el Capitolio, reformó la Constitución y con la cual se distribuirían recursos para las regiones; esto requiere de una ley de competencias que por ahora no sería presentada por el actual Gobierno.
En lo referente al poder regional también figura una iniciativa para darle realce a Barranquilla, el epicentro del poder político del jefe de Estado. La cartera plantea una enmienda a la Carta del 91 para modificar su artículo 322A y así, vía adición, habilitar que órganos de orden nacional operen desde la capital del Atlántico. Es la configuración de una “capital alterna” a Bogotá. Esto implica que desde allí se podrán llevar a cabo “consejos de ministros, audiencias, sesiones y decisiones del orden nacional”.
Y aunque en este momento la Presidencia ya cuenta con una sede alterna en esa ciudad y se llevó a cabo un consejo de ministros oficial, en la ruta legislativa que se trazó hay más precisiones para acogerse a “los términos que fije la ley, sin traslado de sede y sin que ello afecte la validez ni la eficacia de sus actuaciones. La condición de Bogotá como capital de la República no se modifica”.
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Para esto, el proyecto contempla que desde el Legislativo se expida, en dos años, la ley que permita que esta figura se desarrolle y que en ella sea expreso qué funciones pueden ejercerse en “la capital alterna” y cuáles son las condiciones “administrativas, presupuestales, de infraestructura y seguridad. A eso se sumarían los mecanismos de compensación de las cargas que asuma el Distrito”. Según el Ministerio del Interior, esta es solo es “una habilitación facultativa”, por lo que “solo define dónde puede ejercerse lo que ya se ejerce”.
Lara, en el documento que se socializó en el Congreso, amplió su apuesta. En su agenda también resaltan dos puntos con los que vía Congreso el Gobierno de De la Espriella plantea más soluciones para la emergencia del terremoto. Eso explica los detalles en torno a “permitir que las obras indispensables para restablecer la energía, el agua potable y el saneamiento básico en los municipios afectados por el sismo se inicien de inmediato”. En síntesis, se iría de forma paralela al proceso de consulta previa salvo casos que sean expresamente necesarios.
“Las obras pueden iniciarse sin consulta previa solo cuando se acredite, caso por caso, que realizar la consulta agravaría o prolongaría los efectos de la emergencia y que no existe una alternativa ordinaria menos restrictiva que sea idónea y oportuna para proteger la vida, la salud y los servicios esenciales”, dice la propuesta de normativa.
Es decir, habría un estudio de casos, pero se buscarían mecanismos para que, buscando restablecer servicios de energía, agua o saneamiento básico, se pueda esquivar ese proceso. Eso va en línea con la intención de eliminar el procedimiento de consulta previa que en campaña expresó el jefe de Estado y que, de hecho, ya marcha bajo iniciativa de congresistas uribistas.
Además, todo el bloque de esta propuesta se alinea con las medidas que adoptará el ministerio de Vivienda. “Opera sobre el mismo conjunto de obras de rehabilitación y reconstrucción, para que la vivienda y los servicios domiciliarios lleguen juntos y no en tiempos distintos”, dice esa propuesta que se presentó en un desayuno a varios congresistas de la Cámara. Esta solo puede operar dentro del marco de la emergencia por el terremoto y en los municipios que cobijó el decreto la emergencia económica y social.
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Pero el otro punto relacionado a esa emergencia se vincula a procesos de intervención en cementerios. Esa propuesta a presentar pretende “intervenir los cementerios colapsados por el sismo protegiendo dos cosas al mismo tiempo: la salubridad pública y la identidad de cada persona sepultada”. La explicación del Mininterior prohíbe, entre otras cosas, “la cremación, la inhumación en fosas comunes, la trituración o cualquier intervención irreversible sobre cadáveres no identificados, cuerpos no entregados, restos de personas dadas por desaparecidas o sitios bajo medidas cautelares”.
Con ese mecanismo se busca que no exista alteración en medio de las obras de reestructuración. Y asegura que, en caso de necesitar una intervención “prevalece de forma vinculante el criterio de Medicina Legal, la Fiscalía, la UBPD o la JEP” para la preservación de los restos de personas no identificadas o dadas por desaparecidas.
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“Cuando la necesidad de demoler o estabilizar choque con la preservación de la evidencia, prevalece de forma vinculante el criterio de Medicina Legal, la Fiscalía, la UBPD o la JEP. Para que eso no paralice la obra: la restricción opera solo sobre el sector delimitado de interés forense, la autoridad tiene 72 horas para actuar y, ante riesgo inminente para la vida, se autorizan las maniobras indispensables con fijación fotográfica previa y entrega inmediata a la cadena de custodia”, fija como propósito esta iniciativa.
Todo esto hasta ahora son propuestas consignadas en un documento oficial, pero de las negociaciones con el Congreso y de las otras prioridades que establezca De la Espriella se sabrá hasta qué punto avanzará el grueso de la agenda legislativa. Lara y el resto del gabinete ya analizan los escenarios.
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