“Menos Estado para la burocracia y más Estado para la gente”. Esta es la frase que desde la Casa de Nariño engloba la estrategia con la que el presidente Abelardo de la Espriella está dirigiendo a sus principales alfiles para ejecutar un plan de acción que simplifique el grueso de trámites administrativos y de paso reducir el tamaño de la Rama Ejecutiva. ¿El problema? No todo lo se piensa poner en práctica se resuelve de manera inmediata –o vía decreto–, por lo que los diálogos con el Congreso serán determinantes.
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La línea de la reducción del Estado se le encomendó directamente al vicepresidente José Manuel Restrepo, quien –estrenando funciones adicionales por el decreto 1373 de 2026– tiene como la tarea de lograr un país “más eficiente, ágil y productivo”. Esto se reforzó en una reunión en la que el funcionario le explicó al mandatario, en la tarde del miércoles en Barranquilla, cómo avanza en los objetivos que le encomendaron. Una ficha clave en este proceso es el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien cuantifica la puesta en marcha de esta tarea.
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El proceso tuvo una antesala. 24 horas antes de la cita en la capital del Atlántico, el vicepresidente y 10 ministerios le dieron forma a lo que se denominó “misión crecer”, la cual tiene entre sus ejes principales la “simplificación de normas y trámites”. Bajo las órdenes de De la Espriella, Restrepo tiene que conseguir una “Colombia sin trabas”. “No más que tengamos siete mil nuevas normas, decretos, resoluciones por año”, dijo Restrepo.
Las dos primeras acciones concretas ya se dieron desde el Ejecutivo y en el tintero hay otras que no tardarán en realizarse. Se trata de modificaciones en la consulta previa y la construcción de un nuevo Código de Tránsito, temas que se separan de los decretos firmados por el presidente en el marco de la emergencia económica desatada por el terremoto del 10 de agosto y que le dieron potestad para simplificar procesos de manera temporal con la intención de ayudar a los damnificados.
¿Qué quieren con la consulta?
Mientras que se atendía la tragedia, se comenzó a mirar qué vía se puede usar para hacer más eficiente un mecanismo que en tan solo 15 años ha generado más de 14.000 procesos. Esto es lo que, en palabras de Miller Soto, vocero de la Presidencia, se traduce en hacer la consulta previa “más clara, más eficiente y más garantista”. El encargado de aterrizarla es el Ministerio del Interior, despacho que tiene a su equipo jurídico analizando los apartados que se deben modificar del decreto 1585 de 2020 para que “la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma”.
En resumen, según Soto, esto quiere decir que “mientras la autoridad ambiental estudia los efectos de un proyecto, la autoridad de consulta previa puede determinar si existe una afectación directa sobre una comunidad y adelantar su propio procedimiento”. ¿El objetivo? Que la consulta previa deje de ser “un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir una licencia ambiental” para poder llevar a cabo proyectos de infraestructura en algunas regiones.
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“Lo que pasa es que, no puede ser que la indefinición de reglas en el procedimiento de la consulta previa y la laxitud de esas reglas […] genere que entre más se demore la contestación del recurso de reposición, pues le permite muchas veces al funcionario ir a cobrar corrupción, porque está la subjetividad a falta de reglas claras”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ante la Comisión Primera de la Cámara.
La consulta previa es una herramienta que tienen las comunidades a nivel nacional –tanto poblaciones afro, indígenas y otras minorías– para que tengan agencia en las decisiones que impliquen proyectos e inversiones en sus territorios. Esto, incluso, se deriva de compromisos que sobrepasan las fronteras del país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Esta y otras administraciones han puesto el foco en proyectos como el Sirius de Ecopetrol y Petrobras en el Caribe, la vía Circunvalar de la Prosperidad entre Barranquilla y Cartagena y –entre otros– la Línea Colectora en la Guajira. La razón es que, con matices, en algunos de estos proyectos se han tenido que realizar más de 200 procesos de consulta y negociación, según Fedesarrollo.
A este contexto se suma que la consulta previa es un proceso al que le hace falta cierta reglamentación, lo cual se evidencia en que durante los últimos cuatro años solo el 16 % lograron llegar a la fase de “protocolización”. Según el senador Juan Espinal (Centro Democrático), quien ya presentó un proyecto ante el Congreso para reestructurar estos procesos, “lo único que existe, desde el punto de vista administrativo, son instrucciones presidenciales y directivas presidenciales”, más hace falta una reglamentación robusta.
Lo que buscan con el tránsito
Pero la reducción de trámites es mucho más ambiciosa. El Ministerio de Transporte ya está trabajando en la elaboración de un documento base para hacerle una cirugía de fondo al Código Nacional de Tránsito, el cual rige desde 2002. En la misma línea de facilitar varios trámites, se buscan los mecanismos para que la ciudadanía pueda ver reducida hasta en un 50 % el valor actual de las multas.
“Revisaremos de inmediato todas las fotomultas del país y endureceremos los requisitos para autorizar nuevas cámaras. Los sistemas de detección electrónica no deben convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos. Donde encontremos abusos, irregularidades o falta de sustento técnico, actuaremos con contundencia”, aseguró la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien está liderando ese proceso.
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También se plantea reducir los cobros asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) –donde entre otras cosas se recaudan los pagos de expedición de licencias, el SOAT y la revisión tecnicomecánica– y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones. Esta última medida no necesariamente tiene que pasar por el Legislativo, por lo que se puede llevar a cabo directamente desde el Ejecutivo.
El senador Gersson ‘Señor Biter’ Vargas (Partido Liberal), quien además estuvo vinculado a la Policía de Tránsito, aseguró que “si el presidente quiere reducir hasta un 50 % las multas de tránsito de manera estructural, eso requiere modificar la ley porque las sanciones están fijadas en el Código. Lo mismo ocurre con componentes que estén expresamente establecidos por ley. En cambio, hay tarifas y trámites que dependen de regulación administrativa y allí el Gobierno tiene mayor margen para actuar directamente”.
Los temas en el tintero
A todo esto se suman otras promesas relacionadas con la reducción de trámites. De la Espriella lleva un total de 41 días en el poder y, tras la contingencia inicial del terremoto, se comienzan a reactivar proyectos que se pospusieron y que también tocan con las regiones. Eso explica el consejo de seguridad que lideró este jueves en Riohacha, donde ratificó que quiere estar cerca de los territorios para que el Estado sea más ágil en la ejecución de sus recursos.
Entre las promesas de su campaña, y en línea con “destrabar los trámites” y reducir el Estado, está el plan de la “gran desregularización”, con la que se planteó en su momento revisar “ineficiencias” en el Invima, el Instituto Colombiano Agropecuario, varias superintendencias, cámaras de comercio, el sistema de notariado y registro, etcétera. El objetivo va más allá de identificar asuntos como la duplicidad de funciones y se centra en reducir el gasto de funcionamiento público.
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En cuanto a la exploración de hidrocarburos, el mismo día de su posesión, el jefe de Estado dijo que impulsará “una política firme de exploración y producción. Se autorizará bajo los más altos estándares técnicos y ambientales el desarrollo del fracking responsable y sostenible”. Algo que, sin embargo, le implica reactivar varios contratos que en este momento se encuentran suspendidos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El proceso recae, en su mayoría, en el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.
Todo esto se enmarca desde lo que venía prometiendo en campaña, cuando ya se esbozaba la reestructuración que De la Espriella quería llevar a cabo: 40 % es el porcentaje de la reducción que quiere el Gobierno y que, en manos de Gómez, se piensa hacer realidad en un Estado en el que, según Función Pública, están vinculados 1’442.061 “servidores públicos”.
El ministro de Hacienda aseguró que la eliminación y fusión de ministerios es un planteamiento que no se descarta, en total se piensa pasar de 18 a 13, según las proyecciones. Y señaló la importancia de impulsar una reforma a la estructura estatal, aunque precisó que cualquier modificación de este tipo deberá contar con la aprobación del Congreso. En total, De la Espriella cuenta con 11 partidos declarados de Gobierno –entre ellos el Centro Democrático, Cambio Radical, el Conservador, el Liberal y el de la U–, lo que le suma al menos el apoyo de 180 de los 281 legisladores con curul.
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Aunque la relación entre el Ejecutivo y el Congreso no ha sido manejada de manera tradicional, los apoyos son innegables y se reflejan en el proyecto de ley radicado hace menos de 72 horas por el Centro Democrático. El objetivo es aprobar una ley que le brinde a De la Espriella la posibilidad de reducir y fusionar ministerios.
“Hay que empezar por reducir el gasto del funcionamiento del Estado. Estas facultades serían por 6 meses y no podrían usarse para aumentar el gasto. Hoy queremos unir fuerzas con el presidente De la Espriella”, dijeron los senadores Julia Correa y Juan Caicedo del Centro Democrático.
Ahora el presidente, junto a Restrepo y varios de sus ministros, deberá sortear el ambicioso proyecto para lograr ese “Estado austero” que tanto promovió en campaña y –en línea con ese objetivo– asumir las implicaciones y los beneficios de “destrabar” los trámites a nivel país. Las finanzas, las fuerzas en el Congreso y los intereses del Ejecutivo están puestos sobre la mesa.
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