La Fiscalía tiene una orden para comenzar los trámites para extraditar a Carlos Ramón González, cuya hoja de vida tiene un largo recorrido en el gobierno de Gustavo Petro. Quien fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente es investigado y ya fue imputado por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) —que salpicó a exministros y otros exalfiles del jefe de Estado—, donde fue calificado por ser, presuntamente, uno de los “cerebros” de toda la operación.
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Llegar hasta aquí ya implicó un rompimiento explícito, de puertas para afuera, entre él y el jefe de Estado, quien aseguró que la prensa busca hacerlos “ver como que [están] protegiendo un amigote que se robó la plata” en el consejo de ministros de este viernes. Y, después de una orden dada a través de su cuenta de X, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pidió a la Fiscalía iniciar el trámite de la extradición de González.
Mientras estuvo en el Ejecutivo, su papel fue clave y un nombramiento de la desmovilizada guerrilla del M-19, de la que también fue parte Petro. Era conocido por ser un articulador político como director del Dapre y trabajar muy cercanamente con el presidente. Por esa misma razón luego sería señalado por Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, como de quien habría venido, presuntamente, la orden de entregar dádivas a congresistas para garantizar que las reformas del Gobierno llegaran a buen término.
A partir de ahí, estuvo en el ojo público en la investigación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros. Pero, tras salir de la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por los cuestionamientos, desapareció del ojo público.
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Desde entonces, su paradero ya era materia de dudas. A sus audiencias judiciales por el entramado de corrupción en la UNGRD no aparecía de manera presencial y poco —o nada— se sabía del lugar en el que estaba. La respuesta llegó a través de una revelación de Noticias RCN, con documentos que certificaban que estaba en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, cuando ya la investigación estaba andando, y no había salido de ese país desde entonces.
Pero la situación va más allá, pues el medio cuenta que la Embajada de Colombia en Nicaragua habría intercedido por el investigado exfuncionario para que le fuera renovada su residencia en ese país. En una carta enviada al Gobierno nicaragüense, esa misión diplomática solicita “el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio” de González.
Este mismo viernes, Petro aseguró que se enteró de los hechos a través de la prensa. Todos los que habrían estado posiblemente en estos trámites, entre ellos la Cancillería, negaron haber realizado gestiones en favor de González.
Y allí entra otro personaje clave: el senador León Fredy Muñoz (Alianza Verde), quien fungió como embajador de Colombia en Nicaragua hasta el 3 de febrero de 2025 y es cercano al proyecto del “Gobierno del cambio”. Las miradas se posaron sobre él después de que se supiera que González llegó a ese país cuando todavía era el jefe de la misión diplomática.
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En un comunicado, el congresista aseguró que “facilitó” el ingreso del exfuncionario imputado a Nicaragua en un momento “en que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía”. Defendió su actuar diciendo que “se enmarcó estrictamente en las funciones diplomáticas, dentro del marco legal, y en el marco de gestiones que [ha] hecho con otros connacionales”.
“No existió solicitud formal ni verbal de alojamiento permanente, ni gestión alguna encaminada a facilitar su radicación o residencia en Nicaragua durante mi periodo como embajador de Colombia en Nicaragua”, aseguró.
Los personajes del Verde salpicados por la corrupción en la UNGRD
La conexión entre Muñoz y González no es menor. Ambos vienen del mismo partido y el último fue parte de la cúpula de la colectividad que tiene al menos dos personas más untadas por el saqueo a la entidad. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, y el senador Iván Name son las otras figuras que están en la mira de la justicia.
El golpe fue evidente para el partido, ahora dividido entre los que apoyan el “Gobierno del cambio” y quienes le hacen oposición. Los exalcaldes de Bogotá —y que hacen parte de los políticos “estrella” de la colectividad— Claudia López y Antanas Mockus renunciaron en mayo de 2024, alegando que era “insostenible” su mantenimiento en el partido y la ahora precandidata habló de que este habría terminado “cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que [ha] defendido y practicado”.
La pelea, incluso, se tomó los reflectores este viernes por el choque entre López y Petro, quien le recordó a la exalcaldesa que había hecho “todas sus campañas electorales” con González. “En esa condicion entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno, vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo”, apuntó el presidente.
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“Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad, y que también, en el que era su partido, hay gente muy valiosa, pero la señora Ortiz, el señor Carlos Ramón, entraron en su condición de militantes de, en ese momento, su partido. El señor Iván Name que es un rabioso opositor mío como usted, también pertenece al que era su partido”, apuntó el presidente.
¿Quiénes son los otros funcionarios salpicados?
Del gobierno Petro han salido varios alfiles por cuenta de su supuesta implicación en la red de corrupción. Si se empieza por los más altos cargos, están los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), a los que se suman Gloria Ramírez (Trabajo) y Diego Guevara (Hacienda).
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, es otro nombre que ha salido en medio de las revelaciones. Y, en otros cargos, está el exdirector de la Función Pública César Manrique cuyo paradero, al igual que González, es desconocido.
Se trata de uno de los casos más grandes de corrupción en el país y el primer gobierno de izquierda pura en el país ya recibió los coletazos de ese entramado en la UNGRD. Mientras el jefe de Estado ha pedido que avancen las investigaciones —aceptando la “responsabilidad política” por el caso— falta todavía que se conozca toda la verdad sobre los tentáculos de la red.
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