Detrás de los reflectores: el país no dejó de moverse en medio de las tensiones con EE. UU.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro, la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro, el país no se detuvo. Aunque fuera de los reflectores, detrás de la gran pantalla en la que se transmitieron estas noticias hay otros asuntos que se fueron opacando con el pasar de días intensos.

El 2026 comenzó convulso y aturdido de información para Colombia. En materia de seguridad, la violencia no cesa; se calienta la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente; permanece el debate por el aumento del salario mínimo; la emergencia económica sigue vigente y el Congreso se prepara para atravesar un año electoral.

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Mientras en Venezuela ocurría la intervención militar de Estados Unidos que acabó con la captura de Nicolás Maduro, en la madrugada del sábado 3 de enero, en Colombia ocurría la primera masacre del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En Santander de Quilichao, Cauca, fueron asesinadas Irma Yulie Erazo Reina, Angélica María Cantoní Estacio y Reina Nancy Stella, las dos últimas durante el velorio de Erazo.

Solo tres días después, mientras los presidentes de Estados Unidos y Colombia intercambiaban tensos mensajes por sus redes sociales, ocurrieron dos masacres más. El 6 de enero fueron asesinados tres hombres en San José de Cúcuta, Norte de Santander y cuatro personas más entre Amalfi y Remedios, en Antioquia, tras haber estado retenidas, al parecer por integrantes del Clan del Golfo, como en su momento lo contó Colombia +20 de El Espectador.

Estos hechos violentos son apenas una parte de la cantidad de violencia que sufrió Colombia durante el año que acaba de terminar. Las muertes, los secuestros y los desplazamientos han fragmentado cada vez más la compleja situación que atraviesa el país y aumentando la sensación de inseguridad y de falta de garantías por parte del Estado. Así lo confirmó Indepaz, que reportó en su informe de 2025 que este año fueron asesinados 187 líderes sociales –lo que representa un aumento del 8 % frente a los 173 en 2024– y 39 excombatientes.

Específicamente en el Catatumbo –que ha sido una de las zonas más golpeadas el último año–, entre el 29 de diciembre y el dos de enero, se registraron al menos 500 personas desplazadas y la Defensoría del Pueblo alertó sobre la llegada a Cúcuta de al menos 130 familias, integradas por cerca de 300 personas. Así mismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que en el departamento de Norte de Santander fueron secuestrados por el ELN cinco policías que, en horas de la tarde del 9 de enero fueron liberados luego de tres días en cautiverio.

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La situación es tan grave que en su editorial El Espectador mencionó que se habría alertado que “para los colombianos en Catatumbo, Cauca y ciertas zonas de Antioquia no serían unas fiestas tranquilas. Lamentamos ahora tener que contar que tampoco fue un inicio de año en paz. Entre masacres, desplazamientos y reclamos desesperados al Gobierno Nacional, se sigue moviendo la crisis de inseguridad y la falta de respuestas por parte de los proyectos de la paz total”.

Al respecto de la compleja situación de seguridad y los acuerdos a los que se planeaba llegar con Donald Trump, quien mantiene a Gustavo Petro dentro de la lista de la OFAC por “permitir que el narcotráfico se expandiera a través de su política de paz total”, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le dijo a El Espectador que una de las conclusiones de la primera comunicación entre Petro y Trump, es la de “reforzar las acciones contra el ELN, especialmente en la frontera con Venezuela. Al ELN hay que darle duro”.

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Dentro de la misma conversación con el ministro, también se habló sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta movida se viene gestando desde el 26 de diciembre, cuando se hizo la radicación del comité que impulsará la recolección de firmas ante la Registraduría Nacional. El ente registrador tiene 15 días hábiles, después de haber aprobado el comité, para entregar los formularios oficiales y que se pueda dar inicio a la recolección de firmas.

A pesar de las manifestaciones por parte del presidente de que no se hará una Asamblea Constituyente en época electoral, las fechas no parecen cuadrar, además esta ha sido una iniciativa respaldada por el presidente Gustavo Petro y todo su gobierno, lo que pone sobre la mesa nuevas dudas sobre cómo será el proceso. Al respecto, Benedetti afirmó que “hay que estar pendiente en estos meses de los sectores sociales que presentaron el proyecto de ley ante la Registraduría, pues con el formulario que les den es que se deben recoger las firmas”.

Sin embargo, desde la oposición esta iniciativa genera cada vez más ruido. El representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid, le manifestó a El Espectador que el jefe de Estado, Gustavo Petro nunca tuvo como “propuesta de la campaña una constituyente, por el contrario, dijo que su apuesta sería respetar la constitución”. Además, el representante afirmó que “el país no necesita una constituyente” y que este asunto “será motivo de discusión y agitación durante la campaña política [...] yo creo que el pacto social, que es la constitución y la regla fundamental, no debería ser sujeto de agitación política de si la cambio o no de acuerdo al momento político que se viva”.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) manifestó que “el presidente Petro quiere ser candidato en el 2030, es un hombre joven y la recolección de firmas supuestamente de una constituyente de iniciativa ciudadana, porque en realidad es del gobierno, es campaña. Claramente es la agenda para que el presidente pueda volver a competir y revivir la reelección”. Al respecto, la senadora se manifestó contundentemente en contra, explicando que, aunque desde su perspectiva el país necesita varias reformas, no necesita una constituyente.

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En medio del acuerdo que ya se gestó para que Petro y su homólogo se reúnan, el mandatario colombiano sigue haciendo sonar las voces. Cuatro días antes de que llegara una de las semanas más complejas a nivel internacional con la captura del dictador de Venezuela, el gobierno de Gustavo Petro decretó que el salario mínimo tendría un aumento del 23 %, lo que se traduce en un incremento que deja el salario base en COP 2 millones con subsidio de transporte.

De acuerdo con Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá y publicado por la sección de Negocios de El Espectador, este aumento es el incremento real más alto de la historia. “Prevemos que el aumento del salario mínimo ejercerá presiones al alza sobre la inflación en 2026, especialmente a través del componente de servicios. Por lo que la inflación comenzaría a mostrar una tendencia ascendente en este año”, dijo por su parte Mariana Quinche, economista de BBVA Research.

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Las opiniones están divididas: mientras esta movida ha sido defendida por el presidente Petro y varios de los miembros de su gabinete, entre los que se encuentra, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Desde la Asociación Nacional de Empresario de Colombia se manifestó que “se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas”.

A nivel político, el país define su rumbo electoral y la izquierda tiene interés en llevar nuevamente las banderas del Pacto Histórico a la contienda presidencial y acciones como el incremento del salario mínimo podrían ser algunos de los logros que más suenen en el discurso.

Al respecto y en contraposición con las “ventajas” que podría tener este aumento para el discurso político, el economista Salomón Kalmanovitz, dijo que este es un asunto manejado de manera irresponsable a nivel fiscal y que podría llegar a afectar a su sucesor, “que bien puede ser de su mismo partido”.

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“Ya se ha visto cómo el gobierno contrajo una deuda por 23 billones de pesos en días pasados pagando intereses costosos de 13,5 % anual en una operación opaca, por decir lo menos con una sola firma norteamericana, cuando debe convocar subastas públicas que garantizan intereses más bajos”, afirmó Kalmanovitz en una columna publicada por El Espectador.

Aunque en medio de la crisis internacional todos estos debates perdieron relevancia ante la opinión, los sectores políticos siguen discutiendo sobre las implicaciones de este incremento con las elecciones cada vez más cerca. Por la misma línea se encuentra el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Petro antes del anuncio del incremento del salario mínimo.

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Esta declaratoria de emergencia ha sido refutada por muchos sectores y defendida por el oficialismo. Desde la primera esfera se reprocha que no existen fundamentos suficientes para este decreto, por lo que resulta inconstitucional, mientras que el Gobierno defiende que era una medida necesaria y de carácter urgente.

La noticia más reciente sobre el tema fue la negación de una tutela interpuesta el pasado 22 de diciembre por la hoy candidata presidencial, Paloma Valencia, y Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático (entre otros congresistas), en contra del decreto de emergencia económica. Un juez de Bogotá descartó la medida argumentando que esta no puede usarse como un “mecanismo sustitutivo” de la revisión de órdenes administrativas. Además, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) enviaron una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestando su rechazo en relación con el decreto.

En complemento con estas medidas, el senador Carlos Motoa (Cambio Radical) también ha liderado una iniciativa, que fue aprobada por el Senado, para llamar a control político a varios ministerios con el fin de entender cuáles son los fundamentos para establecer este decreto. Según el senador, los ministerios tenían hasta el 31 de diciembre para responder las inquietudes del Legislativo, lo que hasta el momento no ha sucedido, explicando que de los 19 ministerios a los que se habían enviado los cuestionarios nada más dos (Mindefensa y Mintic) respondieron.

“Va siendo hora de escalar el irrespeto hacia el Senado a los órganos de control y considerar medidas más drásticas como la moción de censura, pues tanto Petro como Benedetti olvidan que ofrecer explicaciones a los legisladores no es un favor, es una obligación. Por lo cual, insté a la Mesa Directiva del Senado a reagendar el debate de control, pero falta que el Presidente de la corporación, Lidio García, encuentre el espacio para hacerlo”, advirtió Motoa.

Desde la otra orilla, la senadora Aida Avella se ha manifestado en varias ocasiones al respecto de la declaratoria de emergencia económica y antes de ello a la caída de la reforma tributaria con la que se buscaba recaudar en un primer momento lo que ahora se recaudará a través de esta emergencia, para el Presupuesto General de 2026.

La senadora compartió a través de sus redes sociales, las palabras del presidente Petro donde sostuvo que “las condiciones de la emergencia [...] son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”.

Entre tanto, desde el 16 de marzo el Congreso recibirá oficialmente el movido año electoral, que ya comenzó a contar los días para las primeras elecciones en las que se definirá la conformación del Congreso para el periodo 2026-2030 y se depurará la larga lista de candidatos y candidatas presidenciales que irán a las urnas el 31 de mayo.

Desde el oficialismo, esperan poder entablar un diálogo más fluido con el Legislativo. “Sí habrá más diálogo, pero bajo la responsabilidad de ellos (el Congreso) y no con el Gobierno tramitando o liderando puntos”, sostuvo Armando Benedetti.

No obstante, habrá algunos proyectos en los que se seguirá insistiendo: la ley de competencias, la reforma a la salud, las leyes energéticas: reducción a las tarifas de energía y prohibición del fracking y el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, en medio de la época electoral, las energías del Legislativo suelen disiparse, pues muchos de los miembros del Senado y la Cámara buscan la reelección para este nuevo periodo y por esta razón evitan participar en confrontaciones o en debates demasiado polémicos.

El país comenzó el 2026 en medio de mucha turbulencia y los días parecen no dar tregua. En medio de situaciones complejas y de alta dificultad, se irá definiendo cuál será el futuro político del país –que tuvo el primero de quizá varios plazoletazos convocados por el Gobierno Petro el pasado 7 de enero– y ya recibe el nuevo año con problemas de seguridad, debates pendientes y una economía que se tensa cada vez más.

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