A pocos días de la segunda vuelta presidencial, se puede empezar a hacer un balance de cómo queda el país después de la campaña. El diagnóstico es preocupante. Los dos candidatos finalistas llegaron con programas muy poco específicos que no ofrecen una visión creíble, clara ni esperanzadora sobre cómo se podría ver este país en, digamos, diez años en caso de ser elegidos.
Sus propuestas son muy diferentes entre sí, pero coinciden en hablar principalmente sobre problemas del pasado, apelar a ideologías y a intereses de grupos particulares, y dirigirse solo a sus propias bases. Se esforzaron más por mirar hacia atrás que hacia adelante y por mantener la cohesión de sus bases que por hablarle a todo el país.
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Quedaron sin respuesta preguntas fundamentales: el respeto a la Constitución, la división de poderes, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, las decisiones judiciales, el respeto al Ejército y a actores independientes en lo público.
También dejan sin respuesta las preguntas que pueden guiar el camino al desarrollo económico y social justo de este país. Hablaron poco de educación, salud o política social, y cuando lo hicieron, fue con consignas vagas, ambiguas y con promesas poco creíbles. Hablaron más de corrupción y violencia, pero lo hicieron desatendiendo la evidencia sobre los caminos efectivos para resolver estos problemas de manera efectiva y duradera.
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Uno habló de distribuir riqueza, sin decir cómo se va a generar ni cuáles serían los instrumentos y los mecanismos para distribuirla. El otro habló de crear riqueza con un plan que no es realista y sin decir cómo aseguraría que todo el país se beneficia de esa nueva prosperidad. Encima de todo, vamos a salir de esta campaña con un gobierno y una oposición que no parecen dispuestos a trabajar con su adversario.
Lo que realmente está en juego no es la prosperidad económica inmediata ni los intereses de quienes hoy somos adultos: son las oportunidades de vida y desarrollo pleno para las generaciones que vienen. En esta campaña primaron las preocupaciones de corto plazo sobre las de largo plazo y primó el lenguaje de la rabia y el odio sobre la construcción de una visión de país donde quepan todos los colombianos.
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Desde nuestra posición de profesores universitarios, hablando a título personal, tenemos que decir, sin ambigüedad, que ninguna de las dos campañas ofrece una propuesta que permita imaginar a Colombia transitando una senda de prosperidad económica y social en la que las futuras generaciones de colombianos puedan sentir que viven en un país en el que podrán desarrollarse plenamente, según sus aspiraciones e intereses.
En este panorama, es necesario volver a pensar en cuáles son las condiciones que pueden encaminar a Colombia a tener esa promesa para las futuras generaciones. El país no le pertenece a ningún bando: le pertenece a todos los ciudadanos —quienes votan, quienes aún no tienen la edad para hacerlo y quienes aún no han nacido—. Quien llegue a la Presidencia y quien juegue desde la oposición tienen la obligación de respetar reglas que alineen la configuración política y social del país con esa oferta de futuro común. Vemos cuatro condiciones para lograrlo.
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Primero, recuperar la ética de la participación política. Esto exige, ante todo, rechazar cualquier forma de violencia —física, verbal o simbólica— en el trato al adversario. Sin esa condición mínima, no hay debate posible. Pero el compromiso democrático no se agota ahí: implica reconocer que el poder y la verdad no son lo mismo, y que la democracia va mucho más allá de cumplir la voluntad de las mayorías. El nuevo presidente y quien quede de segundo (que tendrá un lugar en el Congreso) deben estar dispuestos a participar en discusiones francas y constructivas, aceptando que su posición no siempre prevalezca y reconociendo que el disenso y la diferencia producen mejores decisiones en lo público.
Esto parte de algo tan elemental como participar en las discusiones (rompiendo con la renuencia a participar en debates que vimos durante la campaña), pero también de algo más exigente en el ejercicio del poder: participar en las juntas directivas de las que hacen parte funcionarios del Ejecutivo, respetando a otros miembros de esas juntas, y participar en las discusiones en el Congreso, aceptando que las leyes que salen de allí no sean iguales a las que ellos las imaginaron. La política democrática no es monólogo ni imposición: es el arte de gobernar con otros.
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Segundo, respetar la institucionalidad que el país ha construido a lo largo de más de 200 años de historia republicana, incluido el trabajo de construcción institucional de los 30 años posteriores a la Constitución de 1991. Esto implica respetar la división de poderes, permitir el trabajo independiente de instituciones como la Registraduría, el Banco de la República y los demás órganos de control; garantizar el debido proceso en todas las decisiones judiciales y cumplir con reglas como la fiscal o los procedimientos en el trámite legislativo. Ningún objetivo económico o de seguridad justifica amenazar las instituciones que garantizan la estabilidad económica, la democracia y la pluralidad en la vida política y social.
Tercero, cuidar la función pública y la burocracia. Una fortaleza de Colombia es tener una función pública que no responde a los intereses del presidente de la República o de sus ministros. Que el Ejecutivo no pueda redirigir toda la política pública a su antojo, con la velocidad del ciclo electoral, no es una falla del sistema: es precisamente su virtud, porque es lo que permite que sean las necesidades de una población plural y no el poder de unos pocos lo que guíe las decisiones públicas. En el mediano y largo plazo, la burocracia y las reglas de la función pública dan garantías a todos los participantes del juego democrático y, en ese sentido, las reglas de la función pública los protegen también a ellos o a sus copartidarios cuando no estén en el poder.
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Finalmente, mirar adelante en el diseño de la política pública con propuestas concretas y factibles para las condiciones del país. Es necesario que el Ejecutivo se concentre en las políticas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía, en lugar de escoger aquellas que sirven a intereses de grupos particulares. Tenemos ejemplos en todos los gobiernos de este siglo en los que la política pública ha estado guiada por intereses particulares y que han ignorado las buenas prácticas y la evidencia sobre las mejores formas de resolver los problemas públicos. Las propuestas del próximo gobierno deben estar justificadas en evidencia sobre cómo funcionan los sistemas intervenidos y sobre cuáles son las mejores formas para garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos. Esas iniciativas deben tener sistemas de seguimiento y monitoreo transparentes y verificables por parte de la ciudadanía.
Quien gane la Presidencia en segunda vuelta debe gobernar para todos los colombianos, no solo para quienes lo apoyaron. Quien quede de segundo y se convierta en el líder de la oposición tiene que participar en el ejercicio legislativo con ánimo constructivo. Una parte importante de los ciudadanos con derecho al voto —quienes voten por el perdedor, quienes voten en blanco y quienes se abstengan— no estará contenta con el resultado, pero eso no los hace menos dueños del país. El ganador tiene la responsabilidad de gobernar para todos, también para quienes no lo eligieron. Quien pierda y gobierne desde la oposición tendrá la responsabilidad de no obstruir ni radicalizar, sino representar con altura a quienes lo respaldaron y dialogar con quienes no lo hicieron. Juntos tienen la responsabilidad de llevar a este país por un camino pluralista en el que se respete la diferencia, con prosperidad compartida.
Colombia lleva demasiado tiempo atrapada en un lenguaje de enemigos. Es hora de cambiarlo. Solo retomando las reglas sobre la discusión pública, el respeto a las instituciones, el cuidado de la función pública y la transparencia en las decisiones de política pública se puede hacer justicia tanto a las propias bases como a aquellos que no hacen parte de ellas, pero tienen el mismo derecho a sentirse bien en su propio país. Ese es el piso mínimo para que el país pueda avanzar y construir un futuro que nos incluya a todos los colombianos. Sin estas bases, el país compromete su propia viabilidad.
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Sandra García y Darío Maldonado son profesores de la Escuela de Gobierno*
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