El presidente Gustavo Petro le remitió a la Fiscalía General de la Nación un derecho de petición en torno a las acciones que esa entidad realizó tras una decisión del Consejo de Estado que en 2018 confirmó que el partido Mira, cuatro años antes, perdió tres curules al Senado por la alteración que tuvo en ese momento un componente del proceso electoral.
Es el mismo fallo que el mandatario ha venido mencionando durante las elecciones que están en curso, haciendo referencia a lo que calificó como “necesidad” de auditar el código fuente del software con el que se realiza el escrutinio. De hecho, esta misma semana el Gobierno le volvió a pedir a la Registraduría que le permita a peritos del oficialismo ejecutar ese proceso.
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Lo que plantea el jefe de Estado en un documento de 13 páginas, fechado este 19 de marzo, es que la Fiscalía que dirige Luz Adriana Camargo le informe, bajo el concepto de “urgencia democrática”, cuáles son las determinaciones que se adoptaron sobre la compulsa de copias que el alto tribunal hizo hacia esta entidad para establecer responsabilidades penales por lo sucedido en los comicios legislativos de 2014.
En este derecho de petición, firmado por Petro y dirigido a Camargo, se plantean 11 preguntas sobre las determinaciones que tomó el ente investigador. Se consulta por el expediente que se abrió por la compulsa, cuál es su estado actual y que se justifiquen con documentación judicial las determinaciones adoptadas; además, se pide información de personas indagadas por este asunto y lo que sucedió con los casos, si los hubo.
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“¿Considera la Fiscalía General de la Nación que los resultados de la investigación ordenada en 2018, o la ausencia de ellos, tienen relevancia para garantizar la integridad del proceso electoral del 31 de mayo de 2026? ¿Ha coordinado la Fiscalía con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral o cualquier otro organismo del Estado alguna medida preventiva derivada de los hallazgos de la investigación sobre el software electoral de 2014?”, es uno de los interrogantes.
Lo que busca el jefe de Estado es que se determine si el software usado en las elecciones del 8 de marzo pasado para los escrutinios tiene algún grado de vulnerabilidad. De ahí que pida la auditoría, algo que en todo caso los organismos electorales han notificado que se ha hecho. Y lo justifica reiterando que el Consejo de Estado confirmó en el fallo de 2018 que en las legislativas de cuatro años atrás se penetró ilegalmente el proceso, por lo que el Mira perdió más de 236.000 votos, lo que derivó en que se quedara sin las tres curules que había ganado en urnas.
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El Pacto Histórico, además, dio una batalla en las elecciones de 2022 para recuperar varios sufragios. En efecto, el partido de Petro fue reportado con 16 curules en Senado luego de las votaciones de ese año, pero en un proceso de verificación y denuncia recuperó alrededor de 500.000 votos, por lo que se quedó para el periodo con 20 escaños en esa corporación.
Esos episodios son la base para que también se le solicite a la Fiscalía información en torno a si puede haber algún tipo de conexión, y si incluso se pudo extender algún tipo de irregularidad hacia los comicios del pasado 8 de marzo, cuando esta colectividad sumó 4,4 millones de votos y logró al menos 25 curules en la cámara alta.
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Pero en medio de la argumentación jurídica que se plantea, hay un apartado en el que se advierte que los archivos del software de escrutinio de 2014 fueron eliminados tres meses después de la cita a urnas por la firma privada que la manejaba, lo cual, cita el documento oficial con base en un reporte que dice es de la Fiscalía de 2017, no les permitió a peritos acceder al mismo esquema que se usó en la jornada electoral. En todo caso agrega que ese mismo sistema estuvo en 2018, 2022 y 2026.
Y aunque en el documento se advierte sobre esa eliminación, también se plantea un uso posterior en otros procesos del mismo sistema. “¿Existen investigaciones activas o archivadas sobre irregularidades en el software electoral en los procesos electorales de 2018, 2022 o 2026?”, pregunta el presidente Petro en otro apartado.
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Este derecho de petición se conoce horas antes de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, declare este viernes ante el Tribunal Superior de Cundinamarca en el marco de un proceso que surgió tras una acción judicial con la que se pide que el presidente Petro se abstenga de hablar de un posible fraude electoral en la campaña actual si no se tiene sustento; en su defensa, el mandatario ha dicho que sí existe evidencia y que este caso supuestamente busca censurarlo.
Es por eso que la Casa de Nariño busca darle visibilidad a las respuestas que se den al derecho de petición, que legalmente deberían conocerse en un lapso de 15 días hábiles. La razón es que con la información que le entregue la Fiscalía sobre las acciones de carácter penal que haya desarrollado tras el fallo de 2018, puede movilizar la narrativa pública de su sector político en respaldo de sus denuncias. Eso sí, en el mismo documento precisa que no tiene interés político particular en su solicitud.
“El conocimiento del estado de estas investigaciones no es de interés político de ninguna tendencia. Es de interés de todos los ciudadanos colombianos que votan, que tienen candidatos y que esperan que sus votos sean contados con exactitud”, se lee en la página 11 del documento oficial.
En todo caso, el mandatario lleva varias semanas dándole vuelo a su planteamiento sobre un presunto fraude electoral, lo cual ha sido refutado por el grueso de la institucionalidad que, en su conjunto, ha advertido que no existe material probatorio que permita darle viabilidad a las afirmaciones del jefe de Estado.
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El registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que para las legislativas del pasado 8 de marzo se dio acceso al código fuente del software de escrutinios a todas las organizaciones políticas, y el procurador General, Gregorio Eljach, confirmó la veeduría sobre ese proceso. El contralor Carlos Hernán Rodríguez también respaldó esta medida.
Mientras tanto, la campaña para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo avanza en varios frentes, en los cuales las 14 candidaturas oficialmente inscritas se mueven para viabilizar sus aspiraciones. Las aspiraciones de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia tienen el protagonismo actual, pero hay más opciones en el tablero buscando abrirse espacio electoral.
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Lo que responda la fiscal Camargo en el plazo legal que existe para un derecho de petición, con la carga de que el solicitante es el presidente Petro, y los argumentos que este 20 de marzo dé el ministro Benedetti ante el Tribunal de Cundinamarca, son hechos que generan expectativa por el contenido de la información y el impacto que pueda tener sobre el desarrollo de la campaña.
Vea aquí el derecho de petición del presidente Petro a la fiscal Camargo:
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