Se abre polémica en torno al cumplimiento de la ley de encuestas en año electoral

Inscripción de candidatos ante la Registraduría.

Foto: Registraduria

¿Se está cumpliendo con la ley de encuestas? Ese es el interrogante que han expresado sectores políticos, observadores e incluso los propios candidatos que hoy buscan acaparar una porción del poder, ya sea desde el Legislativo o el Ejecutivo.

Y es que la ley 2494 del 2025 definió nuevos parámetros que, entre otros, exigieron a las casas encuestadoras incrementar el tamaño de las muestras, reducir su margen de error hasta un máximo de un 3 %, abarcar las seis regiones del país y robustecer sus fichas técnicas, hecho que desde su sanción en julio del año pasado generó ampolla tanto para los realizadores como para los financiadores e incluso en los propios sectores políticos.

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Además, impuso lo que se denominó como una “veda”, obligando a que estas herramientas —como se las define dentro de la misma normativa— suspendieran su realización entre julio y el 31 de octubre del 2025. Desde ese 1 de noviembre en el que culminó esa “mordaza” a las encuestas, en total han sido publicadas cinco de ellas en las que se muestra la intención de voto para las próximas presidenciales, pero que generaron cierto ruido tanto por sus métodos como por sus resultados.

Cifras y Conceptos (5 de noviembre), Centro Nacional de Consultoría (18 de noviembre), Invamer (1 de diciembre), AtlasIntel (10 de enero) y GAD3 (18 de enero) han sido las casas que dieron muestra del mapa electoral para la Presidencia, con algunos nombres que se repiten como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la punta de esa carrera, seguidos, entre otros, por Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón.

¿Pero cuáles son las dudas que han surgido? Una de ellas radica en la variedad de mecanismos y su aplicación. Por ejemplo, según dijo Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia, de la Misión de Observación Electoral (MOE), existen algunas incógnitas alrededor “de la construcción de la muestra y la búsqueda de la representatividad y las personas que respondieron”; esto en relación a los métodos aplicados para la realización de las encuestas.

El debate se generó, especialmente, alrededor de las dos primeras publicaciones del 2026 de las que, según agregó el vocero de la MOE, “se podría generar un sesgo”. Y es que, como bien se señala en estas encuestas, las metodologías aplicadas partieron de procesos en línea o, en su defecto, de forma telefónica, algo que desde varios sectores consultados por este diario se pudo entender como una posible vulneración a la norma al no garantizar, desde la estadística, la equidad en la participación de los posibles encuestados.

Sin embargo, voces autorizadas de las distintas casas encuestadoras afirmaron que los procesos se ciñeron a la normativa. Por ejemplo, para el caso GAD3 una persona de alto rango de la firma dijo que “la selección de teléfonos es un software propio que garantiza que, aunque el elector no sepa su número postal, ese dato sí sale del celular”. Y es que para esta encuesta la representatividad de las regiones fue uno de los “peros” esgrimidos, aunque desde la firma señalaron que sí hubo ponderación en todos los apartados demográficos.

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Ahora bien, sobre los candidatos, señalaron desde GAD3 que “como ahora mismo hay muchísimos candidatos, cuando llegue el momento de la elección, las opciones se reducen a media docena. (...) si el método no funcionara, no estaríamos clavando resultados”.

Pero este último punto también genera algunas dudas desde la MOE, pues dejar escenarios abiertos podría limitar la segmentación en valoraciones a futuro, lo que implicaría una reducción en la muestra para preguntas como votaciones en segunda vuelta que miden la intención de dos candidatos en concreto.

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Por su parte, desde AtlasIntel le dijeron a El Espectador que, para despejar dudas en su metodología, los mecanismos adoptados limitan el acceso para la aplicación de la encuesta, basados en mecanismos similares a los que se adoptan en Europa o Estados Unidos.

En ese sentido, explicaron que no se pueden integrar resultados externos, aunque sí es posible completar el cuestionario. Es decir, “hubo una interacción inicial que generó un token válido para participar en la encuesta. Si este token ya ha sido utilizado, el sistema entiende que el token no puede ser usado y registrar muchos más datos bajo el mismo token”.

¿Qué ha dicho la autoridad electoral?

La ley 2494 de 2025 estableció una serie de medidas para aplicar por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellas, la conformación de una comisión técnica para el análisis de las encuestas conformada por “cinco (5) miembros con título profesional reconocido en Colombia, que haya realizado estudios de pregrado, especialización, maestría y/o doctorado en estadística y que cuenten con experiencia profesional demostrable de al menos 2 años relacionada con encuestas por muestreo probabilístico”.

Ese equipo técnico ya se constituyó desde el año pasado, como consta en la resolución 10683 de ese mismo año y que fue publicada el 5 de noviembre. Ese mismo día, precisamente, se divulgó la primera de esas encuestas “postveda”.

Para la conformación de esa Comisión fueron evaluados 15 perfiles de profesionales de tres universidades: Universidad Nacional (sedes Bogotá y Antioquia), Universidad del Norte (Barranquilla) y la Universidad Tecnológica de Pereira. Finalmente, los escogidos fueron todos de la Nacional (3 de la sede en Bogotá y 2 de Antioquia), quienes a la fecha no han emitido algún pronunciamiento en relación a las consultas.

Es más, este punto es otra de las alertas emitidas desde la MOE, así como también en el retraso de los procesos de publicación de las encuestas y sus fichas técnicas en las plataformas del CNE. De hecho, a fecha de publicación, las dos encuestas del 2026 no se encuentran cargadas por este órgano electoral.

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Esa misma alerta también la presentó Angélica Lozano (Alianza Verde), una de las autoras de la ley, y quien señaló que desde ese organismo no se han emitido conceptos alrededor de esas primeras cinco encuestas, y que si bien bajo su concepto ve un cumplimiento de la ley, la aplicación de la norma no se ha visto por parte de su principal regulador.

De otro lado, Clara López (Pacto Histórico) le dijo a El Espectador que también ve el cumplimiento de la normativa, y que, para el caso presidencial —en el que ella se encuentra involucrada a pesar de no ser mencionada por las encuestadoras—, entiende que pueden quedar abiertas interpretaciones sobre las candidaturas, pues las inscripciones tendrán lugar a partir del próximo 30 de enero. “En las encuestas de opinión se debe incluir a todos los candidatos, no a todos los precandidatos y precandidatas; la base son las candidaturas inscritas, no solo la especulación”, precisó.

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Este diario también quiso consultar a la senadora y aspirante por la Presidencia, Paloma Valencia, quien en la ley quedó registrada como autora, pero obtuvo respuesta negativa por parte de su equipo de campaña: “Ella no habla de eso”.

Y sobre los interrogantes situados alrededor de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, le dijo a El Espectador que desde “hace un mes ya está funcionando, conforme a la ley, una comisión de encuestas, personas capacitadas, no políticas, miembros de unas universidades, que tienen autonomía. Ellos mismos se dan sus reglas y ellos son los que llevan a la sala sus actuaciones. Se están cumpliendo las reglas; esperamos que ellos nos den los reportes. Ya nosotros no actuamos sobre eso; es un cuerpo independiente creado por la ley y la Constitución para actuar sobre las encuestas. Estamos esperando las denuncias; ellos tendrán que tomar las decisiones, verificar si lo que dicen al Consejo es verdad, nos lo llevarán a la sala y nosotros tomaremos las acciones”.

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Ahora bien, este diario también intentó contactar a los cinco integrantes de la Comisión técnica, pero su respuesta, de forma unánime, es que el proceso debía ser surtido por los canales oficiales y bajo la autorización del CNE. Al momento de publicación tampoco hubo respuesta.

En todo caso, mientras se dan estas discusiones, el país atestiguará al menos otros tres estudios de opinión antes del 8 de marzo, cuando se votan las consultas y elige a un nuevo Congreso.

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