Así reaccionó el mundo político a presunto nexo entre disidencias y el gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro hablando junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez (2-i), y el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides (3-d), durante una alocución.

Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Un nuevo escándalo volvió a sacudir al gobierno del presidente Gustavo Petro por los presuntos vínculos que unirían a altos funcionarios del Estado con las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba. El grupo está actualmente en un proceso de negociación de paz con el Ejecutivo.

Entre las personas que estarían presuntamente involucradas están el general Juan Miguel Huertas, quien es actualmente jefe de Comando de Personal, y un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmer de Jesús Mejía. De acuerdo con documentos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se habría hablado de “pactos de no agresión” con las disidencias e incluso de un apoyo del jefe criminal “Iván Mordisco” a la campaña Petro.

La vicepresidenta Francia Márquez ya respondió y rechazó “categóricamente estas versiones malintencionadas”. Insistió en que “no existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales” y que la campaña a la Presidencia “ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales”.

“Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia”, añadió.

El Ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que ha “tomado atenta nota” y reiteró que el Ejecutivo mantiene “un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la Constitución y por ende la ley”. Agregó que ordenó adelantar “una investigación rigurosa” y han dispuesto “todo lo que requiera la Fiscalía”. Eso sí, fue claro en que, aunque un diálogo con las disidencias en el marco de la paz total, “si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —[incluyendo a alias Calarcá]— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones".

“Como Ministerio de Defensa no dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones. Quiero ser enfático: ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”, afirmó.

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El director de la DNI, Jorge Lemus, también habló sobre lo ocurrido en La W. Según dijo, tiene una relación “normal” con Mejía —quien maneja misiones en la institución e informa de todo lo que hace a la cabeza— y habló con él tras las revelaciones.

“La información no me llegó, eso sí me altera. En la inspección de la entidad va a tomar cartas en el asunto y va a hacer una investigación no exhaustiva, [sino] efectiva”, apuntó. En todo caso, fue enfático en que, si algo ocurrió, “no hay trazabilidad”.

Sobre la contrainteligencia, dijo que hay una “investigación correspondiente junto a la inspectora que investiga la cuestión”. Y subrayó en que el director de contrainteligencia “es un hombre de mucha confianza [suya] y del presidente”.

Desde el Congreso, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) aseguró que tanto el presidente como la vicepresidenta, Francia Márquez, deben dar “claridad sobre lo sucedido en campaña”, pues en el informe se habló de un pacto que también llegó a tocar la organización que llevó a la primera fórmula de izquierda a la Casa de Nariño. En esa línea, indicó que llevan “tres años advirtiendo que una DNI en manos de exmilitantes del M-19 únicamente beneficiaría a la ilegalidad”.

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La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) indicó que el mandatario “debe muchas explicaciones”, pues detrás de su política de paz “hay crecimiento de narcos y criminales protegidos desde su gobierno”. De la misma forma, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) calificó de “inadmisible” la situación. Además, señaló a los integrantes del Gobierno de ser “blanditos con las cabezas de las organizaciones criminales y violadores del DIH contra los menores reclutados”.

Los precandidatos presidenciales también se pronunciaron al respecto. Miguel Uribe Londoño dijo que “el tiempo de la falsa ‘paz total’ se acabó” y “todos y cada uno de los involucrados en este corrupto y criminal acto deben responder de inmediato, empezando por los más altos funcionarios”. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la financiación en la campaña Petro e hizo un llamado para que el jefe de Estado diera explicaciones, así como la fiscal Luz Adriana Camargo.

Del mismo modo habló Mauricio Cárdenas, quien mencionó que la actual administración “tiene alianzas criminales con narcotraficantes y terroristas”.

“¡Petro le entregó el país a los criminales! Lamentablemente, ya nada sorprende. Empezando por la corrupción en las Fuerzas Militares y en el gobierno, y nadie responde, gravísimo: no se pronuncia Petro, no se pronuncian los generales y, mucho menos, el ministro de Defensa. Estamos frente a un régimen de impunidad”, dijo, por su lado, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

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El informe generó un revuelo en el mundo político, que criticó la posibilidad de una infiltración de las disidencias al Ejecutivo. Por el momento, se está a la espera de una reacción del mandatario.

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