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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella le aseguró este jueves a la oposición que su administración le garantizará todos los derechos a su militancia. Pero, en medio de la polarización que no cede entre derecha e izquierda, dejó en claro que las vías de hecho no serán permitidas.
Esta aclaración se da en medio de la expectativa que se abrió por las marchas a las que precisamente convocaron los contradictores del Ejecutivo, las cuales están previstas para el próximo 14 de octubre.
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Sindicatos como Fecode y la CUT, y el Pacto Histórico que lidera el expresidente Gustavo Petro, aseguraron que esa jornada de protestas debe ser masiva y marcar el inicio formal de la campaña de la izquierda en torno a las elecciones regionales de 2027. Incluso, según el exmandatario y principal impulsor de salir a las calles, habría que llegar a una huelga general.
Estos anuncios de retornar el debate electoral hacia las manifestaciones callejeras, emulando la fórmula que en gran medida se usó en 2021 tras el denominado estallido social, se dan al mismo tiempo que la Casa de Nariño proyectó una regulación de las protestas y la actuación de la Fuerza Pública; además, tejió los lineamientos de un estatuto antiterrorista que en algunos de sus apartados toca con este tipo de convocatorias.
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Eso motivó que Petro, el senador Iván Cepeda y otros promotores de las marchas advirtieran que –desde su óptica– supuestamente se quiere cercenar el derecho constitucional a la manifestación. Eso, de paso y de acuerdo con su narrativa, supuestamente implicaría un golpe a su movilización política.
Por eso es que el presidente De la Espriella y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, salieron a reiterar que las iniciativas del Ejecutivo solo buscan proteger a quienes no hacen parte de las manifestaciones y que las medidas más fuertes están enfocadas en el combate a organizaciones criminales que generan violencia; y que incluso infiltran manifestaciones pacíficas.
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“La oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y, por supuesto, aspirar a reemplazarme al concluir mi mandato siempre que actúe en el marco de la Constitución y la ley”, reiteró el jefe de Estado.
“Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer”, complementó el ministro Lara, quien –a renglón seguido– enfatizó que “las únicas que deben temerlo son las organizaciones terroristas”.
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En todo caso, ya que se reedita el pulso entre derecha e izquierda con un alto componente de calle, piden apoyo desde sus orillas. Y es que las dos fuerzas que tensionan al país político tienen puntos de base sobre por qué, desde sus ópticas, deben ser respaldadas.
La derecha obtuvo con De la Espriella 12,9 millones de votos en los comicios en los que ganó la jefatura del Estado y cuenta con una gobernabilidad que entre varios partidos, como el Centro Democrático, Liberal, Conservador y —además de otros— Salvación Nacional, suman más de 180 curules en el Capitolio.
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La izquierda cuenta con los 12,6 millones de votos que lograron al perder la segunda vuelta del 21 de junio con Iván Cepeda y la bancada de Congreso que suma 69 curules entre Senado (26) y Cámara (43).
La expectativa por la jornada crece, en especial por la forma en que se atenderán estas marchas y si Petro, quien dijo que acudirá, ayudará a mantenerlas pacíficas. Además, De la Espriella tiene una prueba sobre cómo asumir este tipo de manifestaciones que, sin violencia, son protegidas por la Constitución.
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