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Un documento de 116 páginas que se viene trabajando desde hace dos meses entre tres ministros —Interior, Defensa y Justicia— condensó la apuesta del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por desarrollar un estatuto antiterrorista en Colombia. Y de acuerdo con lo que se consignó en estos folios, la intención pasa por darle facultades al jefe de Estado para regular asuntos específicos de seguridad y va hasta la tipificación de nuevos delitos.
Los ejes claves de la propuesta los anticipó El Espectador en varias entregas previas y quedaron confirmados en el articulado que en su integridad reveló Caracol Radio. La nuez es la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH) a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, para lo cual se establecen unos listados que, además, incluirían personas.
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En plata blanca eso permite bombardear a estructuras designadas como terroristas, algo que ahora mismo se limita en la normatividad a los que se conocen como grupos armados organizados. Para ello, se delineó una ruta con la que el Consejo Nacional de Seguridad será el que determine el ingreso a estos listados; todo trabajado mancomunadamente con una figura nueva que llegaría al organigrama del Ejecutivo.
Se trata de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, cuyo despacho dependerá directamente del Departamento Administrativo de la Presidencia. Para reglamentar su operatividad, se le dan facultades extraordinarias al primer mandatario para que en un plazo de máximo seis meses expida las normas que se requieren para dar este paso.
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Quien llegue a ese cargo será elegido directamente por quien oficie como jefe de Estado y estará por un periodo de cinco años. Además, se estableció la obligatoriedad de que le rinda cuentas al Congreso sobre sus actividades y se dejó la salvaguarda de que no habrá reelección en ese puesto. Eso sí, toda su funcionalidad estará dirigida por el presidente de la República.
Ese fortalecimiento de la dignidad presidencial para asuntos de seguridad y combate al terrorismo también se refleja en la necesidad de otorgar más facultades extraordinarias para desarrollar otro ítem clave. Se trata del relacionado con el establecimiento de “la acción de aprehensión preventiva abreviada”.
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Lo que se busca es que el Estado sea más expedito para que los bienes ligados a organizaciones calificadas como terroristas pasen a sus manos. Todo será manejado desde la Fiscalía, con apoyo del Gobierno, y para eso es que el presidente tendrá los mismos seis meses de facultades extraordinarias para reglamentar estos procesos sin tener que acudir al Capitolio.
Y el tercer punto por el que se le da esta gabela jurídica al mandatario está relacionado con el control de criptoactivos. En efecto, en el estatuto antiterrorista se planteó que las personas y firmas que trabajen en esta línea de negocio deben contar con unas licencias, cuya forma de entregarse delineará el Ejecutivo.
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“Las tres están sujetas al término de seis (6) meses, a la exigencia de precisión que la Constitución impone y al control automático de constitucionalidad que se ejerce sobre los decretos con fuerza de ley”, explica el Gobierno en el borrador de un proyecto de ley estatutaria que a más tardar en dos semanas entrará a discusión en el Capitolio.
De hecho, esto último explica por qué los tres ministros —Rodrigo Lara (Interior), Jorge Mora (Defensa) e Iván Cancino (Justicia)— que trabajaron en la elaboración del documento ya comenzaron a socializar ciertos asuntos con voceros del Legislativo. Además, luego del visto bueno que le otorgará el Consejo de Política Criminal, este proyecto de ley estatutaria irá a debate formal; su aprobación exige cuatro vueltas y mayoría calificada durante una sola legislatura.
¿Qué más contiene? En lo referente al debate político que necesariamente se abre con un proyecto de esta naturaleza está el manejo que se le quiere dar a la colaboración con autoridades internacionales. Una de ellas, por la que ya se levantaron críticas desde el Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro, es lo relacionado con designaciones como la que se hace con la llamada “lista Clinton” de Estados Unidos.
En parte del articulado se establece la conformación de la Autoridad de Sanciones Financieras Dirigidas, con la cual se hará seguimiento a los integrantes de las organizaciones terroristas y a las personas que individualmente entren en esa categoría.
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“Celebrar acuerdos de cooperación e intercambio con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos y con las autoridades homólogas de otros Estados”, dice el articulado. Y ahí entra Petro, pues el exmandatario está incluido en el listado que organiza esa oficina e incluso tiene cancelada su visa estadounidense.
En el documento se incluye que se podría acabar con personerías de organizaciones que tengan relaciones con las personas incluidas en esos listados. Petro está a punto de convertirse en el presidente del Pacto Histórico, por lo que, según la izquierda, lo que está establecido en el estatuto antiterrorista golpearía al partido opositor.
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“(Se) podrá suspender de inmediato la personería jurídica, los contratos estatales y las cuentas de asociaciones, fundaciones, cooperativas, empresas u otras personas jurídicas respecto de las cuales existan motivos fundados de que sirven de fachada, instrumento o canal de financiación a organización listada”, se agregó en el articulado que se está socializando.
Y entre todo lo que se establece, como la tipificación de nuevos delitos que ya explicó este diario, hay otro asunto que ha despertado polémica. Se trata de la posibilidad de imponer medidas “individuales de control judicial” por petición de un fiscal a un juez de garantías.
Esto impactaría “a la persona respecto de la cual existan motivos fundados, de que es miembro o colaboradora de una organización listada y representa un riesgo de participación en actividades terroristas. La medida podrá ser impuesta cuando no exista aún mérito para formular imputación, o cuando recupere la libertad tras cumplir pena o medida de aseguramiento por delitos cometidos en favor de organización listada”. Si bien es algo excepcional para combatir la criminalidad, actualmente este tipo de acciones tienen procedimientos más estrictos antes de ser aplicadas.
Todo el estatuto antiterrorista tiene otras medidas referentes a las asonadas, el principio de extraterritorialidad, el control jurídico por parte del Consejo de Estado de las decisiones que se tomen con base en esta norma, el endurecimiento de penas y —entre otros temas— los regímenes carcelarios más duros para cabecillas ligados a estas organizaciones.
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El presidente De la Espriella quiere que esto esté en funcionamiento antes de que finalice este 2026, por lo que las consultas ya están en curso. Al final, todo depende del Congreso y la capacidad de negociación que tenga el Ejecutivo.
Vea aquí el borrador completo del estatuto antiterrorista:
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