Estos son los proyectos que marcarán la relación entre el Gobierno y el Congreso en 2026

En el Senado ya se alista el debate de control político por la emergencia económica.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los primeros seis meses del año estarán marcados por decisiones claves en materia política. Ocurrirán las elecciones legislativas y presidenciales, con consultas de por medio, y todo eso lo estará viendo de cerca un Capitolio en el que no pocos de sus integrantes están buscando una reelección.

Generalmente, en la última legislatura de cada Congreso las cosas suelen ir más lento, pues las campañas están a tope y allí es donde varios tienen la mira. Sin embargo, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro tienen varios proyectos en fila a los que todavía les falta el guiño del Legislativo y que marcarán la relación entre ambos poderes, que finaliza el 2025 con un choque por el decreto de la emergencia económica.

Entre ellos, el proyecto que busca salvar al Ministerio de Igualdad de Juan Carlos Florián tras el fallo de la Corte Constitucional que halló vicios de trámite. La cartera tiene hasta el próximo 20 de junio para obtener el guiño del Congreso y logró una pequeña victoria cuando las Comisiones Primeras conjuntas aprobaron que se iniciara el debate de la ponencia positiva, con lo que se salvó del archivo este año.

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Lo cierto es que se trata de un articulado poco popular, pues ha recibido críticas por su baja ejecución, las denuncias en su interior y también por los nombramientos. Sin embargo, desde el despacho ministerial son “optimistas” con el resultado de las votaciones en esas comisiones. Eso solo se podrá certificar el próximo año y también en cómo resultará tras su paso por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.

A eso se suma otro articulado clave, que pasó hace más de un año por esas mismas comisiones y fue el centro de un acuerdo entre el Gobierno y las bancadas: la ley ordinaria de la jurisdicción agraria. Desde ese momento, no ha logrado una votación en ninguna de las cámaras, incluso tras los consensos logrados en ese momento, y hay llamados desde varios sectores para que vuelva a la agenda.

En la Comisión Primera de la Cámara aterrizó, por su lado, una ley de sometimiento el pasado 20 de julio, eso sí, sin mucha popularidad. El articulado no logró siquiera un mensaje de urgencia por parte de la Casa de Nariño y recibió duras críticas por los beneficios que daría a los líderes de estructuras criminales.

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La ponencia positiva, revelada por El Espectador, se radicó a finales de octubre y nunca fue discutida en la comisión. Esta incluía la retención de hasta el 12 % de los bienes obtenidos mediante la actividad ilegal, siempre y cuando se haya hecho un reporte completo de las posesiones y que estas sean auditadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Además, establecía una rebaja de penas de hasta el 60 % a los integrantes de estos grupos armados que se sometan a estos procesos de paz.

Si bien el texto ya pasó a segundo plano, se trata de un debate clave por lo que ha significado la paz total, que quedó sin el proyecto que pretendía generar un marco normativo para avanzar en esa política. Desde varios sectores han calificado esa iniciativa como un “fracaso” y se ha convertido en una parte central de las discusiones de cara a las elecciones.

Más allá de los proyectos, que también incluyen la reforma a los servicios públicos y la ley minera, entre otras, los debates de control político entrarán a jugar un papel importante. Precisamente la emergencia económica puso de relieve otra de las movidas que se estarán adelantando desde el Congreso.

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La legislatura 2024-2025 tuvo una reducción en este tipo de citaciones, pero con la sesión que está prevista para ocurrir este lunes 29 de diciembre para que todos los ministros respondan por la decisión, se marca un posible cambio en el control que se ejercerá desde el Capitolio.

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