Cinco grandes escándalos han tocado al gobierno Petro en tres años, ¿cuáles son?

El presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la revelación del presunto nexo entre su gobierno y las disidencias.

Foto: Juan Diego Cano

Una nueva polémica tocó al gobierno del presidente Gustavo Petro por los presuntos vínculos entre altos funcionarios y las disidencias de Calarcá Córdoba. No se trata del primer escándalo que enfrenta la Casa de Nariño, pues en los últimos años ha tenido que ver a varias figuras cercanas al mandatario investigadas por la justicia.

El jefe de Estado ha sido claro en que su administración no se permitirá ningún tipo de corrupción ni acciones ilegales. En todo caso, sus tres años en el poder han sido empañados por indagaciones sobre la posible entrada de dineros ilegales a su campaña, así como la pelea con Estados Unidos que llevó a la decisión de la Casa Blanca de Donald Trump de incluirlo en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Aquí le contamos cuáles han sido las polémicas que han tocado a este Ejecutivo.

¿Qué se sabe sobre el presunto nexo entre el Gobierno y las disidencias de Calarcá?

A partir de una serie de hallazgos obtenidos en dispositivos electrónicos incautados por las autoridades —entre ellos computadores, memorias externas y teléfonos móviles—, una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol expuso un entramado de comunicaciones que vincula a altos funcionarios del Estado con mandos de las disidencias de las Farc.

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En ese material digital aparecen mencionados el general del Ejército Juan Miguel Huertas, actualmente jefe del Comando de Personal, y Wilmar Mejía, funcionario de nivel directivo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los nombres de ambos se repiten en chats, correos electrónicos, fotografías, cartas y reportes internos que evidenciarían una supuesta relación con la estructura armada liderada por alias Calarcá.

Parte de esa correspondencia, almacenada en los equipos incautados, incluye referencias a una eventual financiación de la campaña “Petro Presidente”, y según el informe, la Fiscalía General de la Nación tendría conocimiento de estas evidencias desde hace más de un año sin que se hayan iniciado investigaciones formales.

Un informe del 8 de febrero de 2024 revela que el general Huertas sostuvo reuniones con enviados de alias Calarcá, en las que propuso crear una empresa de seguridad fachada, similar a las usadas por paramilitares en los noventa. Ofrecía permisos, armas y blindados, y planteaba montar la compañía “mitad y mitad”, asegurando que así “quedaban con hombres legales” si fallaban las negociaciones con el Gobierno. También prometía movilidad sin controles y apoyo desde contactos en la Presidencia.

Las comunicaciones también involucran a Mejía, quien, durante el gobierno Petro, habría influido en ascensos, traslados y retiros dentro de la inteligencia estatal. Según los mensajes, incluso participó en la planeación de un viaje con Huertas a Venezuela para indagar sobre la muerte de un guerrillero.

El mandatario no se ha pronunciado sobre los hechos, mientras que la vicepresidenta Francia Márquez negó cualquier tipo de comunicación con grupos ilegales. De la misma forma, el director del DNI, Jorge Lemus, indicó que se iniciaron las investigaciones correspondientes, aunque reconoció que no tenía conocimiento de los hechos y que no habría “trazabilidad”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también anunció el inicio de indagaciones.

El ingreso de Petro, Alcocer, su hijo y Benedetti a la lista Clinton

La inclusión del presidente Petro, su esposa, Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti en la Lista Clinton —una designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— marcó un punto crítico en la relación bilateral entre Bogotá y Washington.

La medida, anunciada por el gobierno estadounidense, se fundamenta en acusaciones de presuntos vínculos indirectos con el narcotráfico, permisividad frente a organizaciones criminales y beneficios otorgados a grupos considerados narcoterroristas.

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Según el Tesoro estadounidense, bajo el gobierno de Petro la producción de cocaína habría alcanzado niveles récord, situación que, sumada a su política de “paz total”, habría generado condiciones favorables para la operación de grupos dedicados al tráfico de drogas. EE. UU. sostiene que estas decisiones habrían terminado fortaleciendo a organizaciones criminales y permitiendo su expansión, lo que constituye un riesgo para la seguridad internacional. En la resolución también se mencionan relaciones políticas con el régimen de Nicolás Maduro y presuntos contactos con redes criminales en Venezuela, particularmente el denominado “Cartel de los Soles”.

La designación que no solo afectó al presidente Petro, sino también a miembros de su familia y al ministro Armando Benedetti, señalados como beneficiarios y colaboradores del mandatario. Según EE. UU., su influencia dentro del gobierno podría haber facilitado o tolerado actividades que favorecen indirectamente al narcotráfico.

Las implicaciones de esta medida son profundas. En términos prácticos, cualquier activo que los designados posean en territorio estadounidense o en instituciones financieras bajo jurisdicción de EE. UU. queda inmediatamente congelado. Además, ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos, lo que en la práctica los excluye del sistema financiero internacional conectado con bancos norteamericanos. Esto puede afectar movimientos económicos, contratos, relaciones diplomáticas y la percepción internacional del gobierno colombiano.

Políticamente, la designación representa un golpe significativo. El mandatario ha enfatizado en que se trata de una decisión política, contraria a su carrera y sus denuncias sobre el narcotráfico.

El escándalo de la UNGRD que tocó las oficinas de la Casa de Nariño

Uno de los grandes entramados de corrupción que han tocado al Palacio presidencial estalló el año pasado, con figuras cercanas al presidente Petro presuntamente implicadas en el desvío de dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para el pago de cupos indicativos. En el centro del escándalo hay dos figuras que ocuparon cargos importantes en esa entidad: Olmedo López y Sneyder Pinilla, hoy sancionados por la Procuraduría y con un principio de oportunidad.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos exfuncionarios plantearon destinar COP 100.000 millones para alquilar carrotanques para la entidad. Los sobrecostos de esa contratación serían usados, posteriormente, para dar sobornos a congresistas y ponerle el acelerador a los proyectos del Gobierno. Las caras más visibles fueron el senador Iván Name (Alianza Verde) y el representante Andrés Calle (Partido Liberal), quienes fungían en ese momento como presidentes de sus respectivas cámaras. Ambos están actualmente recluidos en centros penitenciarios.

A ellos se suman otros nombres claves. El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla salió de la cartera en medio de esos ruidos, así como Carlos Ramón González, quien ejercía como la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia y había sido previamente director del Dapre. Este último es, además, prófugo de la justicia y fue el centro de otra polémica tras las revelaciones de Noticias RCN por el asilo que le otorgó el Gobierno de Nicaragua gestionado por funcionarios de la Cancillería de Petro.

También aparecen mencionados el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz y César Manrique Soacha, el exdirector de la Función Pública. El Congreso también aparece implicado: específicamente, algunos congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El mandatario ha reconocido una “responsabilidad política” por el nombramiento de López en el cargo en la UNGRD. Ha dicho que “toda persona que robe dinero público y haya dicho que defendía los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son los principios de la izquierda, los ha traicionado”. Las investigaciones siguen en curso para determinar el nivel de la implicación de los funcionarios públicos.

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Los ruidos sobre los dineros ilegales que golpearon a la campaña Petro

La campaña presidencial de Gustavo Petro enfrenta una de las investigaciones más relevantes del panorama político reciente en Colombia. El caso se originó tras detectar presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró posibles aportes no reportados, omisiones en gastos obligatorios y una eventual violación de los topes establecidos por la ley electoral.

De acuerdo a la ponencia radicada en agosto de este año en el órgano electoral por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), se concluyó que existieron violaciones a los topes de financiación de campaña de Petro, los cuales habrían sobrepasado los COP 3.000 millones.

Las violaciones a los topes de campaña se relacionan con dinero que no habría sido declarado en medio de las dos vueltas presidenciales de Petro. Algunos de estos recursos corresponden a ciertas donaciones recibidas de varios sindicatos como Fecode (COP 500 millones) y la Unión Sindical Obrera, USO (COP 600 millones) y a préstamos de partidos políticos el Polo Democrático por COP 500 millones y fondos de la campaña del Pacto Histórico para el Senado por más de COP 200 millones. Así como inconsistencias en gastos de transporte aéreo y pagos a testigos electorales.

A ello se suman cuestionamientos sobre la entrada de recursos de fuentes prohibidas, incluidos aportes de sindicatos que no habrían sido reportados adecuadamente. Organizaciones como Transparencia por Colombia han advertido que, si se comprueban estos hechos, podrían configurarse delitos con sanciones penales.

El caso tomó mayor fuerza cuando se conocieron las investigaciones contra Nicolás Petro, hijo del presidente, por presunto lavado de activos. Aunque no existe prueba directa que vincule al mandatario con esos recursos, los testimonios que sugieren que parte del dinero recibido habría sido destinado a actividades de la campaña.

La “caída” de la política de paz total

Con la ley de sometimiento estancada en la Comisión Primera de Cámara, y huérfana ante la interinidad del Ministerio de Justicia, la paz total sigue generando dudas. Las revelaciones de Noticias Caracol sobre el posible “pacto de no agresión” con las disidencias sería un punto clave en una política con una baja popularidad.

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Desde el mismo Ejecutivo de Gustavo Petro han reconocido que ha sido un “fracaso” —así lo reconoció el ministro Benedetti en un debate de control político en el Congreso la semana pasada— y el último golpe que recibió fue la noticia de la muerte de siete menores en el Guaviare por bombardeos. Esa movida de la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa marcó un giro en la estrategia contra los grupos armados.

Esos mismos hechos tiene hoy al ministro Sánchez con una citación a moción de censura mientras cuenta con el pleno respaldo del mandatario. Según han dicho, continuarán con los ataques directos sobre campamentos de estructuras criminales, aunque el jefe de Estado ha pedido perdón a las madres de las víctimas.

Desde otras instancias, como la Procuraduría y la Justicia Penal Militar y Policial, han anunciado investigaciones para determinar los posibles responsables de estos hechos. La Defensoría también ha rechazado los operativos con bombardeos y ha instado al Gobierno a cesar este tipo de ofensivas.

En el entretanto, el proyecto de ley de sometimiento —señalado por dar beneficios a jefes criminales— sigue en vilo. El articulado no solo generó ruidos externamente, también internamente y con él se conoció de la discusión entre el exministro de Justicia Eduardo Montealegre y Benedetti.

Estos escándalos seguirán marcando el debate político en los próximos meses, no solo por la implicación electoral, también por las investigaciones en curso.

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