Una serie de reacciones ha provocado la reaparición del prófugo de la justicia Carlos Ramón González, investigado por el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en una fiesta en Nicaragua. El evento, que habría sido promovido por la misma Cancillería, hoy está bajo el ojo público y el presidente Gustavo Petro ya se pronunció al respecto.
“Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”, ordenó el mandatario desde su cuenta de X.
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En la misma publicación, el mandatario enfatizó en que no hay un embajador en firme en esa misión diplomática y que el régimen de Daniel Ortega tampoco le dio el beneplácito a la periodista Vilma Jay, quien iba para ese cargo. La titularidad de la embajada está vacía desde la salida del hoy senador León Fredy Muñoz (Alianza Verde), quien dejó el puesto para asumir el reemplazo de Humberto de la Calle en el Senado.
Actualmente, funge como embajador (e), específicamente bajo el cargo de encargado de negocios, Óscar Iván Muñoz, quien ya está bajo la lupa de la Procuraduría por los trámites que habría adelantado, presuntamente, la Cancillería para que se le otorgara asilo al exdirector del Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en ese país.
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En la mañana de este miércoles, la Cancillería ya había anunciado que instruyó a la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir “la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios a.i. y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua” tras la publicación del video de W Radio.
En un comunicado previo, la cartera señaló que “no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento”. Incluso, indicó que la embajada “se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.
Desde la Procuraduría, Gregorio Eljach informó este martes que se abriría una investigación para indagar por qué ni la Cancillería ni la embajada contactaron a la Interpol para capturar a González. El argumento en el que se ampara es que las misiones diplomáticas son una “extensión” del territorio nacional, por lo que no aplicaría la figura del asilo.
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“Las embajadas son prolongación del territorio nacional y hay soberanía, se pudo haber cometido una conducta disciplinable por parte de servidores públicos en ejercicio, es decir, Cancillería y embajada”, dijo. Y agregó: “Buscamos quiénes estaban allí, quién invitó, quién dio la orden, quién organizó la festividad. Están en territorio colombiano, allí tenemos soberanía, allí se extiende el ejercicio de la función disciplinaria y son los servidores los que tienen que responder”.
González tiene una orden de captura en su contra desde el 3 de julio de este año, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia en octubre pasado. Según la Fiscalía, el exalfil del gobierno Petro sería responsable de delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, derivados de su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
De acuerdo con el ente investigador, se cuentan con el material para probar que él habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, entre septiembre y octubre de 2023, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés David Calle.
“Se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle”, asegura la Fiscalía.
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