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La hoja de vida de Juliana Guerrero volvió a ser publicada en la página de aspirantes de la Presidencia, con un añadido con el que no contaba la última vez que esto sucedió: la certificación de que finalizó una carrera profesional. Después de las dudas alrededor de un nombramiento que se saltaría la norma para dejarla en firme en el cargo de viceministra de Juventudes, el nombre ya quedaría en firme sin alteraciones a la normativa vigente.
Precisamente el hecho de que no contara con un diploma fue lo que generó mayor ruido, pues se trata de un requisito necesario para que cualquier persona asuma un viceministerio. Eso sí, su nombramiento ha sido respaldado en varias ocasiones por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que “la juventud siempre debe tener una oportunidad de poder”.
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“Acusar de manejar un ministerio que en realidad manejan otros, no es cierto. El ministerio de la igualdad debe ser salvado, la lucha por la igualdad jamás debe morir. Y debe ser manejado por quienes han sufrido la discriminación, con sabiduría”, aseguró en su cuenta de X.
En la página de aspirantes aparece como graduada en Contaduría Pública en la Fundación de Educación Superior San José. Eso se suma a sus títulos de un técnico en Contabilización de las Operaciones Comerciales y un tecnológico en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
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Con esto, se confirma otro movimiento clave en el Ministerio de Igualdad para dejarlo en manos de personas muy cercanas al mandatario. La llegada de Juan Carlos Florián a la cabeza, en reemplazo de Carlos Rosero, quien duró cinco meses, ya había sido el primero.
Eso sí, este diario conoció que para delegar a Guerrero en ese puesto se generaron choques internos, precisamente porque la alteración de la norma requeriría, más allá de una orden presidencial, un proyecto de ley que cambiara los requisitos para convertirse en viceministro. En esa pelea, incluso, se analizó la posibilidad de usar el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005 para justificar el “caso excepcional” de la próxima viceministra.
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La exfuncionaria de Palacio asumiría el cargo que ha estado vacante desde que Pablo Zabala salió hace más de una semana. Y tendrá que encarar la firma de un nuevo contrato de Jóvenes en Paz, uno de los programas bandera de este gobierno.
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