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Al despacho del presidente Gustavo Petro fue enviada una carta de parte de siete gobernadores con una petición concerniente a la “difícil situación económica y social” por la que pasan varias regiones del país. En la misiva, se solicita una "Declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave Calamidad Pública".
Los mandatarios regionales del Meta (Rafael Cortés), Arauca (Yeini Yiret Chivatá, como encargada), Casanare (César Ortiz Zorro), Vichada (Fulberto Guevara), Guaviare (Yeison Rojas), Guainía (Arnulfo Rivera Naranjo) y Vaupés (Luis Gutiérrez) pusieron su firma en la solicitud, que se refiere específicamente a los puntos críticos en el Km 18 en la Vía al Llano.
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Nuestro llamado, el llamado justo y valiente de toda una región, la Región de la Amazorinoquía empieza a ser escuchado. A la importante noticia de que el Gobierno Nacional ha dispuesto alrededor del 85% de los recursos necesarios para solucionar la emergencia del Kilómetro 18 de… pic.twitter.com/NSJyb67KUu
— Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) September 30, 2025
De acuerdo con ellos, la situación "no puede solucionarse por las rutas ordinarias, principalmente porque no están previstas o presupuestadas dentro del contrato de concesión". Incluso, señalaron que la misma ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha dicho que "no se cuenta con recursos económicos para acometer una solución de fondo".
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"Los efectos sociales y económicos que se han venido presentando cada vez son mayores y con efectos prolongados y acumulativos. Tan solo para la situación que se genera con el Km 18, a la fecha se contabilizan pérdidas económicas, incrementos en el costo de vida, aumento del desempleo. Esto se suma a los efectos que ya sufren los habitantes y visitantes de la región, como consecuencia de las inestabilidades que se vienen presentando en la vía”, se lee en la carta.
Según cifras presentadas por los gobernadores, hay “pérdidas superiores a $700.000 millones en las primeras tres semanas”, con riesgos de “pérdidas de $1,6 billones en el sector arrocero de Casanare y afectaciones millonarias para el sector de turismo y comercio”. En los efectos sanitarios, se habla de “sobrecostos de $1.500 millones diarios en transporte de pacientes, desabastecimiento de combustibles médicos y aumento de mortalidad evitable”.
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En esa línea, se pide al Gobierno nacional movilizar los recursos financieros y humanos necesarios, así como implementar medidas extraordinarias y soluciones integrales que atiendan tanto a la población como a la infraestructura. Específicamente, se delinea la posibilidad de “reasignar recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otras fuentes para financiar proyectos de recuperación y atención a la población afectada, así como proyectos de infraestructura”.
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