Pasaron 45 días exactos entre la expedición del decreto que aumentó en un 23 % el salario mínimo, bajo el precepto de hacerlo “vital”, y la orden del Consejo de Estado que lo suspendió exigiéndole al Gobierno que lo sustente a fondo y con apego a la normatividad vigente; e incluso que lo recalcule. Y solo se necesitaron unos 45 minutos de diferencia entre que se hiciera pública la medida del alto tribunal y que se comenzaran a viralizar en redes los mensajes convocando a nuevas movilizaciones para defender el incremento y de paso rodear a la Casa de Nariño. Todo, por supuesto, con un caldeado escenario electoral de por medio.
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Ese ambiente de controversia entre parte de los poderes Ejecutivo y Judicial marcó la mañana del viernes y sirvió de base para que la campaña en la que está inmerso el país de cara a las votaciones del 8 de marzo (Congreso y consultas) y del 31 de mayo (primera vuelta) tuviera un nuevo combustible: promover el descontento y darle fuerza a una nueva secuencia de marchas callejeras en clave proselitista. Sus impulsores, por supuesto, vienen desde el presidente Gustavo Petro hacia abajo.
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De hecho, como lo confirmó El Espectador con fuentes de la Casa de Nariño, a lo largo del pasado 13 de febrero se dieron diálogos en diversos frentes oficialistas para impulsar movilizaciones desde todas las orillas afines a una Presidencia que está en campaña por la reelección inmediata de sus políticas. Además, para promover la necesidad de una asamblea constituyente que se está impulsando hace un par de meses con el objetivo de lograr mayorías sobre todos los escenarios institucionales.
La razón de este último paso está en que, desde su independencia constitucional, hay sectores estatales, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Congreso, entre otros, que se han pronunciado en contravía de los preceptos del Gobierno, lo cual ha derivado en que la actual administración los señale de un supuesto intento cargado de política por frenar su proyecto. Desde esas instancias responden que tan solo toman decisiones basadas en la ley.
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Pero la confrontación con la institucionalidad desde Palacio es parte de una estrategia definida para movilizar a unas bases con las que la izquierda que rodea al Ejecutivo espera superar los 2,8 millones de votos que en 2022 le dieron 47 curules en el Congreso (20 en Senado y 27 en Cámara), por lo que esta decisión del Consejo de Estado fue usada en clave electoral.
En una de las reuniones del viernes, además, se definió que todas las plataformas de comunicación y propaganda del Gobierno, incluyendo a RTVC –que agrupa el sistema de medios públicos–, potenciara un mensaje concreto: “Ni un peso atrás, salario mínimo vital; Consejo de Estado, respete nuestros derechos laborales”.
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Lo que se está definiendo en este frente son fechas y momentos claves para que, vía manifestaciones en las calles, se presionen decisiones a favor del Gobierno y, entre ellas, la relacionada con el aumento del mínimo y la referente a la emergencia económica que esta semana se decretó para buscar COP 8 billones y destinarlos a la atención de la crisis invernal en el norte del país.
En esa vía, además, se solicitó levantar la medida cautelar contra la anterior emergencia económica que también fue suspendida, pero por la Corte Constitucional. El decreto de esta medida extraordinaria y el del salario mínimo vital se emitieron el 29 de diciembre, y ahora vuelven a coincidir en su uso político en una semana en que las decisiones judiciales tocaron intereses palaciegos.
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Pero si bien estos factores de incrementos e impactos motivaron reacciones en frentes electorales, y de paso en escenarios empresariales –el Gobierno buscó de nuevo la instalación de una mesa de concertación para intentar una respuesta concertada en el plazo de ocho días hábiles que dio el Consejo de Estado en su pronunciamiento sobre el mínimo–, el país asistió a un giro discursivo en varios bloques políticos.
En efecto, la oposición que representa el expresidente Álvaro Uribe, con el Centro Democrático, pidió sostener el incremento y apuntar hacia una serie de alivios tributarios. Otros aspirantes contrarios al jefe de Estado también coincidieron en que debe respetarse el aumento que en su momento cuestionaron. Por ejemplo, voces como las de Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y otros más que, al final, aseguran que el incremento se debe mantener porque reducir ese porcentaje podría ir en contravía de los intereses de la población que ahora buscan seducir para que los acompañen en las urnas.
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“El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político”, precisó el presidente Petro, dándole fuerza al impacto electoral de una medida como la del Consejo de Estado a menos de un mes para las elecciones de Congreso.
En todo caso, en el pronunciamiento de 63 páginas en torno al decreto 1469 de 2025 del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, de la Sección Segunda, hay varios puntos que le pidió al Gobierno que aclare. Una clave para los ministros del Trabajo (Antonio Sanguino) y del Interior (Armando Benedetti) –operadores de las movilizaciones oficialistas– está en el concepto de “salario vital”, derivado de estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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La razón, según el alto tribunal, es que en Colombia esa variable no está dentro de los parámetros que debe seguir el gobierno de turno para tasar el salario mínimo y que están establecidas en la ley 278 de 1996, que creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Pero más allá de la discusión jurídica y política que se levantó, la suspensión del decreto del mínimo no es la única que ha generado tensiones como la que sacudió el viernes pasado el tablero electoral y que, en medio de todo, ha erosionado la relación entre Casa de Nariño y Consejo de Estado.
Una de las primeras se conoció el 2 de marzo de 2023. Ese día, el alto tribunal suspendió un decreto que le daba competencias al presidente para regular los servicios públicos de agua, saneamiento básico, energía y gas en el país. En esa ocasión, el Consejo de Estado dejó sin efectos de manera temporal la orden del gobierno, mientras analizaba si al dictarla se había violado la ley.
Otro más trascendió el 11 de abril de 2025, cuando el alto tribunal decidió frenar la transmisión obligatoria de los consejos de ministros por canales privados, argumentando que limitan el acceso a una oferta informativa plural y veraz, imponen de manera obligatoria una única fuente informativa oficial y restringen el libre acceso a otras opciones de entretenimiento, especialmente en horarios de alta audiencia. Para Petro, por el contrario, la decisión fue un intento por “censurar al presidente de la República”.
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En ese bloque también están las órdenes de rectificación en contra del presidente Petro por pronunciamientos públicos indebidos, señalamientos injustificados y denuncias infundadas, especialmente cuando las hace a través de sus redes sociales. Una de las recientes se conoció el 19 de noviembre de 2025, cuando la Sección Tercera del Consejo de Estado les ordenó al presidente Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, retractarse en una alocución presidencial o intervención de televisión por haber señalado al personero de Ocaña (Norte de Santander), Jorge Armando Bohórquez, sin argumentos ni pruebas, de ser colaborador del ELN.
Dos meses antes, el 29 de septiembre, el alto tribunal ya le había ordenado al jefe de Estado retractarse públicamente de los señalamientos hechos en la alocución presidencial del 15 de junio en contra de Joseba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty (dueño de EPS Sanitas), a quien calificó de “criminal”. Para la cabeza de esa firma, su empresa ha sido objeto de una “inexplicable y persistente persecución” por parte del presidente Petro.
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Todo estas desiciones demuestran que el combustible electoral que se le está impregnando a determinadas decisiones judiciales en épocas de campaña –entre ella la del mínimo– son base suficiente para que el oficialismo y la oposición movilicen a sus bases de cara a las urnas. Pero, como cita el editorial de este diario que precisamente circula este fin de semana, “el país queda en suspenso” hasta que se dé un desenlace definitivo de un tema que toca el bolsillo de, según cálculos del Gobierno, alrededor de 10 millones de personas.
Vea en La Mesa Redonda lo que pasó con el salario mínimo:
Este es el pronunciamiento completo del Consejo de Estado:
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