Ni siquiera una “tregua navideña” parece haber hecho efecto en la relación entre el Congreso y la Casa de Nariño, que vivió en los últimos días la declaración de una emergencia económica y la citación de sesiones extras para el control político correspondiente. Si bien se trató de un año movido que vio el hundimiento de la reforma a la salud y el éxito de la laboral, en medio de los choques también hubo acuerdos que permitieron sacar proyectos claves para el país.
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Así fue que, en los últimos días de este período legislativo, el Congreso sacó adelante la reforma a la Ley 30 de 1992, un proyecto de autoría legislativa que tuvo el impulso del Ejecutivo. Con 107 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes avaló el articulado en su último debate, con lo que pasó a sanción presidencial. Los apoyos al proyecto que cambiará la financiación a la educación superior de carácter público llegaron tanto desde bancadas de oposición como el Centro Democrático, como el oficialismo.
“Un agradecimiento al Congreso que supo comprender y estiró la mano cuando dijimos que este proyecto de ley es un acuerdo fundamental sobre el derecho a la educación”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas con la aprobación del articulado.
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Palabras de agradecimiento como las de Rojas parecen casi que haberse perdido en medio de las peleas entre ambas ramas del poder y la relación, como lo dicen en el mismo Palacio presidencial, está desgastada. En 2024, se había logrado la aprobación en comisiones conjuntas de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria y la sanción de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), con acuerdos entre las bancadas más distantes.
Este año, los consensos se han dificultado. La votación en el Senado para la elección del exdefensor Carlos Camargo en la Corte Constitucional rompió casi que definitivamente ese diálogo y, más allá de eso, generó ruidos de un remezón ministerial con las cuotas partidistas.
Pero en medio de todo eso, se vislumbraron momentos, por cortos que fueran, de concertación. Por ejemplo, antes de que se desatara la pelea por la reforma tributaria que terminó hundida en las comisiones económicas y derivó en la emergencia económica del Gobierno, el mismo presupuesto para 2026 logró que el Ejecutivo y el Legislativo se pusieran de acuerdo, al menos momentáneamente. Lo cierto es que se trató de un tire y afloje en el que, en palabras de la ponente, la representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), “nadie quedó contento al 100 %”, pero se zanjó la posibilidad de que el monto saliera por decreto.
“No estamos de acuerdo con el monto, pero es peor para el país pasar el presupuesto por decreto. Pero la oposición política no está de acuerdo con la reforma tributaria y votará de manera negativa”, dijo en ese entonces el senador Ciro Ramírez (Centro Democrático).
Se logró, en todo caso, un respaldo a la ponencia alternativa que lo redujo en COP 10 billones, con lo que pasó a ser de COP 546,9 billones. Eso sí, desde varias bancadas advirtieron que seguía siendo una cifra muy encima de los recursos en las arcas del Estado. Esas alertas se materializaron con el hundimiento de la ley de financiamiento.
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Movidas similares terminaron concretándose para la reforma laboral, atravesada, eso sí, por una presión intensa desde las calles y al menos dos llamados a una consulta popular que se cayeron en votaciones en el Senado, con una respuesta de tono elevado desde la Casa de Nariño. El proceso inició con el archivo del proyecto en la Comisión Séptima de la cámara alta y una apelación a la decisión que terminó en su traslado a la Comisión Cuarta, en donde fue aprobada a finales de mayo.
La discusión fue contrarreloj tanto allí como en la plenaria, donde fue aprobada el 18 de junio, con 57 votos por el sí y 31 por el no. El mismo 20 de junio en el que se acaba la legislatura todos los años, la conciliación fue aprobada con amplias mayorías: 126 votos a favor y dos en contra en la Cámara de Representantes, y 59 votos por el sí y 16 por el no en el Senado.
Tampoco tendrían que pasar de agache las iniciativas que lograron un apoyo multipartidista en este año. Entre ellas, la ley que reguló la publicación de encuestas sobre la intención de voto en las elecciones de 2026, cuyas autoras son las senadoras Angélica Lozano (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto Histórico).
El articulado, sancionado el 23 de julio como Ley 2494 de 2025, determinó que las encuestas de intención de voto solo podrían ser publicadas cuando faltaran tres meses para la inscripción de los candidatos. Incluso, estableció que “una vez haya finalizado el término para la inscripción a elecciones uninominales, las encuestas tendrán que incluir a todos los candidatos inscritos para la respectiva contienda electoral”. El proyecto contó con el impulso del Gobierno, que vio con buenos ojos la regulación en el tema electoral.
“La ley fue construida desde el multipartidismo y cada paso en su trámite pluralista”, enfatizó Lozano.
Para finales de este año se logró, además, el guiño para el proyecto que busca prevenir el reclutamiento de mercenarios colombianos. La iniciativa fue radicada por el Ministerio de Defensa y la Cancillería, y tuvo en su votación final en la Cámara de Representantes 92 votos a favor.
Una “tregua” pendiente fue la que se trató de entablar entre todas las ramas del poder tras el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático). El magnicidio que sacudió al país frenó las discusiones en el Legislativo y llevó desde varios sectores a pedir un llamado a la calma.
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Una iniciativa del cardenal Luis José Rueda reunió en la Casa Episcopal al presidente Gustavo Petro, los entonces presidentes del Senado (Efraín Cepeda, Partido Conservador) y la Cámara (Jaime Raúl Salamanca, Alianza Verde), y los de las altas cortes (los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Octavio Tejeiro y Luis Alberto Álvarez). En la mesa también estuvieron presentes la defensora del Pueblo, Iris Marín; el registrador nacional, Hernán Penagos; el contralor, Carlos Hernán Rodríguez; el procurador, Gregorio Eljach; y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.
Allí se firmó una declaración conjunta sobre la necesidad de dialogar y desescalar el lenguaje. “Nos comprometemos juntos e invitamos a todo el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad; a desarmar y armonizar la palabra; y a rechazar todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sociales”, se lee en ese documento.
Hubo saludos cordiales y optimismo sobre la posibilidad de recomponer el diálogo entre los poderes, pero eso no duró. En medio estuvieron los choques por el debate de la reforma laboral, la consulta popular que en ese momento había sido decretada y el tono electoral que ya rondaba el debate político.
Quedan pocos meses para las elecciones y, para muchos, el tono está escalando. La tensión entre las ramas del poder sigue vigente y faltará ver cómo impactarán las votaciones del 8 de marzo y el 31 de mayo en la relación institucional. Lo cierto es que cada orilla ideológica está haciendo sus apuestas para que, en un nuevo gobierno, el diálogo sea más fluido.
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