Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Desde octubre, el Gobierno había enunciado su idea de publicar un decreto que obligara a que los fondos privados de pensiones tuvieran que invertir una parte mayor del ahorro pensional de sus afiliados en Colombia.
En otras palabras, el plan del Gobierno es que las llamadas AFP tengan un tope menor para el porcentaje de inversiones que podían manejar por fuera del país y trajeran, de esta forma, más capital al mercado colombiano.
El proyecto de este decreto fue publicado por el Gobierno en la noche de este martes.
La medida establece un tope general de inversiones de 30 % para el capital que los fondos privados pueden manejar en el exterior. Hoy, el promedio del capital que las AFP tienen en mercados extranjeros ronda 50 % del total de recursos que manejan estas empresas.
El tope actual de inversión en el exterior está regulado por un decreto de 2011 y es cercano a 60 %, según explicó Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y columnista de este diario.
El decreto establecería un régimen de transición. Los fondos tendrían un plazo de hasta cinco años para cumplir con el límite global de inversiones en el exterior. En los primeros tres años deberían llegar a 35 %.
Desde su anuncio, la medida ha estado envuelta en una dura polémica, pues tanto los fondos, como analistas independientes, han advertido que este camino tiene la potencial consecuencia de rendir menos frutos para el ahorro pensional de unos 19 millones de trabajadores que cotizan en las AFP.
¿Cuáles son las razones del Gobierno para seguir adelante con esta idea?
De fondo, el argumento de la administración del presidente Gustavo Petro es que traer esos recursos al país es una forma de estimular la inversión en diversos sectores, así como de dinamizar el mercado local de capitales.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Algunas fuentes cercanas al sector han dado estimados de unos COP 100 billones en unos cinco años. En otras palabras, unos COP 20 billones por año.
Para hacerse una idea, la última reforma tributaria aprobada por el Congreso (la única que pudo aprobar Petro) buscaba, justamente, un monto de recaudo de alrededor de COP 20 billones.
“La propuesta se fundamenta en la necesidad de alinear el ahorro institucional de largo plazo con los requerimientos estructurales de inversión de la economía colombiana, particularmente en sectores con altos multiplicadores económicos como infraestructura, vivienda, energía y proyectos productivos, así como en el objetivo de profundizar el mercado de capitales local, ampliando su tamaño, liquidez y capacidad de financiar proyectos de largo plazo”, aclara la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.
El documento de la URF aclara que, según análisis de la Superintendencia Financiera, la implementación del tope global de inversión en el exterior “es viable sin desinversiones abruptas”. Esto se lograría mediante “la priorización de la inversión nacional con los flujos provenientes de nuevas cotizaciones y la gestión natural de los vencimientos de instrumentos en el exterior”.
Bajo la visión del Gobierno, otros países de la región, como Brasil, han implementado topes aún más restrictivos y los resultados han incluido beneficios en la cotización de instrumentos financieros locales.
Según la URF, “el régimen de inversión brasileño, combinado con niveles históricamente elevados de tasas de interés domésticas, ha incentivado un fuerte sesgo hacia la renta fija local. Instrumentos como los bonos soberanos indexados a la inflación (NTN-B) ofrecen retornos reales elevados y plazos extensos, lo que reduce el incentivo económico a diversificar internacionalmente”.
La administración Petro también ve una oportunidad de expandir el mercado de capitales, que juzga como “relativamente pequeño frente a pares regionales y economías desarrolladas, en indicadores como capitalización bursátil, volumen negociado y profundidad de instrumentos”.
De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, si la totalidad de los recursos que se inviertan en el país por obra del decreto se invirtieran en sectores productivos intensivos en construcción “se generarían impactos positivos sobre el PIB potencial y la actividad económica”. La cartera estima que se podría generar un crecimiento adicional en el PIB nacional de 0,34 puntos porcentuales los próximos tres años.
Por último, la URF asegura que “el ajuste propuesto no afecta materialmente la diversificación de los portafolios, en tanto esta se concibe de manera integral y no exclusivamente geográfica, y se ve fortalecida por el desarrollo de nuevos instrumentos y vehículos de inversión local”.
Las objeciones al proyecto de decreto sobre el ahorro pensional
La medida ha despertado críticas desde distintos sectores. Incluso, Mónica Higuera, exdirectora de la URF, renunció a la entidad por los reparos técnicos que tenía a esta medida en la que ha insistido el presidente Petro.
En octubre, cuando se anunció la publicación del proyecto de decreto, los fondos de pensiones aseguraron que esta medida afectaría el bienestar del ahorro de más de 19 millones de trabajadores. “El ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés”, dijo en su momento la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos).
El gremio defiende que diversificar las inversiones es una “práctica esencial” para proteger el ahorro de los trabajadores, así lo recomiendan organismos como la OCDE y el Banco Mundial.
Para Hofstetter, “si forzáramos el regreso rápido de todo o una parte relevante de ese ahorro a Colombia, los fondos tendrían que liquidar sus inversiones en el exterior y traer esos recursos causando en el proceso una apreciación del peso e inflando los precios de los activos financieros locales”, escribió en una columna en este diario.
Y añadió: “Cambiar esos umbrales tiene implicaciones distributivas severas: entre los perdedores habrá millones de colombianos, la mayoría con bajos ingresos, que recibirán menores rendimientos por sus ahorros para pensionarse. Los ganadores incluyen a porciones ricas de la población como los deudores en moneda extranjera o los dueños de los negocios más grandes del país que cotizan en bolsa o son tenedores de bonos y que ganarán con la inflación de sus activos. También legisla en causa propia el gobierno porque forzaría a que, con cargo a los ahorros de los futuros pensionados, le compren más de su devaluada deuda”.
De acuerdo con cálculos de ANIF, si el ahorro pensional actual se hubiera invertido exclusivamente en activos locales sería alrededor de 30 % menor del que existe actualmente. Para 2024, la cifra de ahorro habría disminuido en unos COP 145 billones, según las simulaciones de este centro de análisis económico.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más