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Abelardo de la Espriella, en los 56 días que lleva como presidente de Colombia, ha cumplido uno de los puntos que prometió en campaña: mano dura contra los grupos armados ilegales y no darles tregua a sus intentos por dominar los territorios. Esta semana aseguró que en su primer mes de mandato el secuestro cayó en un 79 %, respecto a agosto de 2026, y en esa misma declaración le cerró la puerta a la posibilidad de un intercambio de secuestrados. “Que les quede claro: No habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, dijo el jefe de Estado en X. Agregó que la orden es desplegar a la fuerza pública en departamentos como Arauca y Norte de Santander.
Esas palabras las escuchó Yariel Macualo, una mujer que vive en Arauca (Arauca) y que lleva 16 meses y 24 días esperando el regreso de su esposo, Rodrigo López Estrada, uno de los secuestrados por quienes el Eln exige un canje por guerrilleros presos. Una posibilidad a la que se negó el presidente, mientras las familias esperan ser al menos ser escuchadas. En diálogo con El Espectador, Yariel Macualo describió que se levanta todas las mañanas, se mira al espejo y dice: “Debo respirar y seguir adelante”. Esas palabras son un amuleto que lleva en su bolsillo desde el 8 de mayo de 2025, cuando su esposo, Rodrigo López Estrada, y su compañero, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, fueron secuestrados por el Eln.
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El drama de las familias de los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inició con un viaje de trabajo al municipio de Fortul. Rodrigo López se despidió de su esposa y le prometió que regresaría sobre las 2:00 de la tarde. Yariel Macualo recordó que salió de tanto afán en la madrugada que olvidó llevarse las pastillas que debe tomar cada día para un problema cardiaco que padece. En la sede de la Fiscalía en Arauca se encontró con Jesús Pacheco y salieron en un vehículo oficial. A las 11:52 de la mañana, Yariel Macualo recibió la última llamada de su esposo antes de regresar de Fortul. Lo que vino después de esa llamada fueron la zozobra que las familias de los dos funcionarios han vivido durante casi 17 meses.
Lo que se ha reconstruido sobre el caso, en parte por información entregada por la guerrilla, es que a mitad de camino los agentes del CTI fueron interceptados por hombres del Frente de Guerra Oriental del Eln, los mismos que en la noche del 9 de mayo, un día después del secuestro, emitieron un pronunciamiento en el que se atribuyeron el plagio porque, supuestamente, los dos funcionarios públicos habían realizado labores de espionaje. Esa misma facción es la que el pasado 17 de agosto secuestró a tres agentes de la Policía y a una civil: Fredy Russi González, Erika Monroy Hurtado, Édison Yesid Medina Traslaviña y Angi Jácome. Los cuatro siguen privados de su libertad.
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Las familias de Rodrigo López y Jesús Pacheco aseguran que solo han recibido portazos en los sitios en los que han pedido ayuda. Primero intentaron la mediación del gobierno del expresidente Petro, de quien, asegura, no obtuvieron ninguna ayuda. “El señor Gustavo Petro nunca se pronunció, nunca mencionó el nombre de mi esposo y de su compañero”, expresó Yariel Macualo. Agregó que solo en una oportunidad, el 12 de mayo de 2026, pudieron hablar con el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en un viaje a Arauca. Esa reunión tampoco tuvo ningún efecto real para la liberación de los dos funcionarios del CTI. “Le pregunté si lo iban a dejar morir en la selva y no hubo respuestas”, expresó.
La reunión de las familias de los dos funcionarios del CTI ocurrió, además, en un contexto más complejo. Apenas una semana antes de ese encuentro, el 6 de mayo, el Eln anunció que había adelatado un “juicio revolucionario” en contra de Rodrigo López y Jesús Pacheco, así como de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín) Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, que también estaban en cautiverio y fueron liberados un mes después. La decisión del Eln de “sentenciarlos”, sin ninguna competencia judicial, a 55 y 60 meses de “prisión revolucionaria” porque, supuestamente, estaban adelantando labores de espionaje, fue un golpe en el estómago para las familias.
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Yariel Macualo recuerda que recibió esa noticia mientras hacía diligencias fuera de su casa. El impacto la obligó a sentarse en un andén mientras veía el video y lloraba por lo que sentía que se desgarraba dentro de ella. Aunque hubo pronunciamientos de organismos humanitarios a nivel nacional e internacional rechazando esa grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por parte del gobierno de turno no hubo ninguna mención al caso. “Hicimos plantones, velatones y envié derechos de petición solicitándole al señor Gustavo Petro que nos atendiera, que por favor se pusiera la mano en el corazón y mirara hacia Arauca, que se pusiera en nuestros zapatos, pero fue imposible”, dijo Yariel Macualo.
Aunque el 7 de agosto llegó a la Casa de Nariño el presidente Abelardo de la Espriella, con su política de “mano dura” contra los grupos al margen de la ley, las familias aseguran que el olvido de sus secuestrados ha sido la constante. La esposa de Rodrigo López le aseguró a este diario que han intentado hablar con el nuevo gobierno, pero no han tenido respuesta. “Le envié una carta a la Presidencia solicitándole al señor Abelardo de la Espriella que, por favor, priorice la liberación de mi esposo y de su compañero, Jesús Pacheco. Pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta”, expresó Yariel Macualo. Los propios agentes del CTI le extendieron su petición al nuevo mandatario a través de una prueba de supervivencia.
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Se trató de un video que se conoció el pasado 18 de septiembre en el que los secuestrados le pidieron al presidente De la Espriella la intervención para su liberación, que ha estado condicionada a un intercambio por guerrilleros presos. “Quiero pedir al señor presidente de la República que busque la manera de encontrar la paz”, dijo Rodrigo López en ese video que dura poco más de 19 minutos. Jesús Pacheco, por su parte, le pidió al jefe de Estado que no deje de lado la orden que dio el pasado 11 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que dictó medidas cautelares para proteger la vida de Rodrigo López Estrada y Jesús Pacheco Oviedo.
El organismo internacional le pidió al Estado colombiano velar por su protección y su liberación, puesto que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos se encuentran en riesgo de daño irreparable”. Concretamente, la Comisión solicitó adoptar las acciones necesarias para salvaguardar las vidas de los funcionarios del CTI y promover medidas para su acompañamiento médico, redoblar los esfuerzos para dar con su paradero y liberarlos, mantener comunicación e información constante con las familias e investigar los hechos que rodean su secuestro. Sobre estas medidas, Yariel Macualo puntualizó que ninguna de ellas ha sido ejecutada por el Estado colombiano.
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Por ahora, el presidente De la Espriella insiste en su política: “No habrá escondite ni territorio vedado para la fuerza pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley”. Por su parte, el mensaje de las familias de Rodrigo López y Jesús Pacheco al jefe de Estado es claro: no piden el despliegue de las tropas ni la “mano dura” que promete el presidente, sino que las escuchen. “Estamos totalmente solos. Necesitamos que nos escuchen y que entiendan lo que significa para una familia llevar tantos meses esperando a un ser querido”. La pareja de Rodrigo López concluyó así su mensaje: “Presidente, haga todo lo humanamente posible para que ellos puedan regresar a casa. Solo queremos contar días para tenerlos de vuelta. Escúchenos con la mano en el corazón. Se lo pedimos”.
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Por Gustavo Montes Arias
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