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Desde el aire, Chocó es un tapiz verde cruzado por ríos. Desde un satélite, en cambio, empiezan a verse tierras removidas, pozas y balsas sobre el agua. Esas huellas, medidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno, sumaron en 2025 un total de 118.410 hectáreas. Estas zonas han sido explotadas para extraer oro de los ríos y la actividad minera sigue aumentando en comparación con el año anterior. La alerta principal es que el 75 % de esa superficie corresponde a explotaciones ilegales realizadas, en buena parte, por grupos armados para financiarse.
El informque, señala que en el 85,6 % de los municipios con explotación de oro de aluvión (Evo) se registró presencia de al menos un grupo ilegal, entre ellos el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el Eln. Estas organizaciones, según la Unodc, financian explotaciones, cobran extorsiones, controlan maquinaria e insumos y usan el oro para reforzar su control en las regiones. “De esta manera, el oro puede convertirse en una fuente de financiación y acumulación de valor para estructuras armadas y criminales, fortaleciendo su capacidad de control territorial y generando mayores desafíos para la seguridad, los derechos humanos, la trazabilidad del mineral y la gobernanza institucional”, sostiene el informe.
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La actividad también coincide con la presencia de los cultivos de coca. De los 118 municipios con Evoa, 79 registraron coca en 2024, con 142.865 hectáreas, es decir, el 55 % de toda Colombia. Un dato es clave: en los territorios donde se superponen ambas economías, el 84 % de la explotación de oro es ilícita y se concentra en lugares especíeficos. Chocó, con 41.493 hectáreas; Antioquia, con 24.282, y Bolívar, con 7.222, aunque son realidades distintas. Por ejemplo, en Chocó el 88 % de lo que encontró el informe es ilícito o no autorizado, mientras que en Antioquia el 45 % tiene permisos. Diez municipios, entre ellos Nóvita, Istmina y Quibdó, en Chocó, y Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia, acumulan el 54 % de las minerías ilegales del país.
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Pero, a la hora de traducir esas ganancias en cifras oficiales, todos esos municipios solo reportaron el 11 % de la producción de oro del país, lo que significa que existe un subregistro del oro que sería explotado por los grupos ilegales, con grandes limitaciones para establecer su trazabilidad. Esta realidad también se ve en las exportaciones, en las que el oro alcanzó en 2025 los USD 4.644 millones y las regalías sumaron COP 587.959 millones, mientras la producción registrada ante la Agencia Nacional de Minería cayó 17 % entre 2023 y 2025, por una baja del 33 % en la de los barequeros. Ante estas cifras, el documento plantea dudas sobre el ingreso de oro explotado de forma ilegal a los circuitos legales.
De acuerdo con el informe de Unodc, el contraste es significativo: “mientras en Antioquia existe una distribución relativamente equilibrada entre áreas con permisos y explotación ilícita o no autorizada, en Chocó y Bolívar esta última categoría concentra aproximadamente nueve de cada diez hectáreas detectadas, evidenciando así la necesidad de construir e implementar estrategias de intervención específicas para estos territorios”.
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La minería también avanza sobre zonas que deberían estar protegidas. Casi la mitad de la explotación detectada, 58.216 hectáreas, está en lugares donde la ley no permite extraer oro, y 43.049 de esas hectáreas están en la Reserva Forestal del Pacífico. En los Parques Nacionales Naturales, la actividad casi se duplicó en un año: pasó de 149 a 278 hectáreas, un aumento del 87 %, sobre todo en el Parque Río Puré, con 177 hectáreas, y en la Reserva Puinawai, con 101. El informe también encendió alertas en el agua: detectó 215 señales de minería en 11 ríos de la Amazonía y la Orinoquia. Entre 2024 y 2025 se perdieron 10.013 hectáreas de bosque y vegetación de árboles, de las cuales el 86 % se debió a la minería ilícita.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, sostuvo que “la evidencia es clara: la presión crece en los parques nacionales, en las tierras de las comunidades negras y en los resguardos indígenas, casi siempre de la mano de grupos armados. Aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia. Por eso actuaremos en tres frentes: formalizar a quien tiene vocación de legalidad, perseguir con el Ministerio de Defensa a las estructuras criminales y recuperar los territorios afectados”.
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El informe alerta que uno de los grandes retos es la trazabilidad del oro y sostiene que los registros de productores, comercializadores, volúmenes y transacciones no bastan por sí solos: "El fortalecimiento de la trazabilidad debe comenzar en el territorio como primer eslabón de la cadena, verificando la correspondencia entre el productor, el origen y la modalidad declarados, los volúmenes reportados y las características de la explotación observada".
El segundo punto crítico es la primera comercialización, cuando el oro ilegal recibe una documentación que lo vuelve legal para ser vendido. Reforzar la validación del origen, los compradores y las transacciones, según la Unodc, ayudaría a limitar los mecanismos por los que el oro de origen desconocido puede entrar a los circuitos formales y tener apariencia de legalidad. Mientras eso no ocurra, el satélite seguirá registrando cada año la huella de las máquinas, pero las autoridades aún no lograrían ver el camino que recorre el oro después de salir de la tierra y que terminaría llegando a los bolsillos de los grupos armados.
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