Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La propuesta de militarizar Bogotá vuelve al ruedo. La percepción de inseguridad, los delitos que se viralizan en redes y la inconformidad de algunos políticos y ciudadanos han puesto el tema sobre la mesa. No obstante, para el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, es una propuesta inviable frente al actual panorama de seguridad de la ciudad y resalta que plantearlo es desconocer que las Fuerzas Militares ya trabajan de manera coordinada con la Policía en labores de apoyo e inteligencia. Eso sí, sin desconocer que hay dificultades, pone el foco en otras falencias que sí se deberían atender, como aumentar el pie de fuerza y reformar la justicia, antes de pensar en pretender aplicar una estrategia que solo se aplica en momentos de guerra.
¿Qué se ha analizado desde la Secretaría de Seguridad sobre la propuesta de militarizar Bogotá? ¿Es tan grave la situación en este momento como para tener que sacar soldados a patrullar algunas localidades?
La aproximación a esa propuesta está viciada, pues parte del supuesto de que el Ejército no está en las calles, cuando la realidad es que forma parte integral de la estrategia de seguridad de la ciudad desde el primer día del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán. El Ejército participa activamente dentro del marco constitucional y legal, bajo la coordinación operativa de la Policía Metropolitana, que es quien tiene a cargo la acción operativa de la seguridad urbana y ciudadana. Hoy en día, los soldados realizan patrullajes mixtos, control en bordes de ciudad, retenes en vías públicas, seguridad en áreas perimetrales militares, apoyo con el Gaula militar, recolección de inteligencia y acciones integrales. Por tanto, resulta contradictorio plantear la salida de las tropas como una novedad cuando el Ejército es miembro activo del Consejo de Seguridad de la ciudad.
¿Qué se pretende entonces con una propuesta como esa si ya existe un trabajo coordinado y una comunicación fluida con el Gobierno Nacional?
No puedo interpretar las intenciones de quienes la proponen, pero el concepto de militarización es una figura para estados excepcionales en los cuales la Policía Nacional ha sido superada y eliminada de la ecuación de seguridad. Se trata de una medida temporal de estabilización en escenarios de reconquista. Obviamente Bogotá, como todas las ciudades, enfrenta desafíos en materia de seguridad, por ejemplo, con los hurtos, pero al analizar las cifras en el contexto nacional, no representa una situación de desestabilización como para una medida excepcional. Localidades como Ciudad Bolívar o Kennedy presentan tasas de homicidio menores a las de ciudades como Barranquilla, Cartagena o Santa Marta. Lo que pasa es que a veces quieren confundir las cosas o meterlas dentro de la discusión política y plantearlas como un factor de cambio, cuando resulta que ya estamos trabajando en eso. Lo que realmente generaría un factor de cambio sería fortalecer la investigación judicial, para sacar rápido los procesos; dotar de más recursos al CTI y a la SIJIN, y modificar el marco jurídico contra el hurto, que hoy en día es débil y genera frustración ciudadana.
En un eventual caso de que tomen la decisión de sacar a patrullar al Ejército por las calles de la ciudad, ¿cómo sería ese choque operativo con la Policía, que tiene la principal misión de garantizar la seguridad urbana?
Eso no representa un escenario inédito, porque ya ocurre hoy en día de manera coordinada. Cuando la Policía requiere apoyos de la Brigada 13 para flexibilizar o aumentar su capacidad de control en áreas específicas, se distribuyen las zonas. Sucede en las elecciones, en jornadas de riesgo, en fechas críticas como Halloween, Navidad y Año Nuevo, e incluso en patrullajes diarios en corredores viales para acompañar a los ciudadanos.
Claro, pero eso ocurre bajo la coordinación de la Secretaría y de la Administración Distrital. En caso de una decisión externa, ¿qué implicaría?
La coordinación distrital es la única forma legal de operación según la Constitución. Lo contrario significaría declarar a Bogotá en estado de guerra, relevando del mando a la Policía Nacional para poner el territorio bajo control de las Fuerzas Militares. Bogotá no se encuentra en esa condición: registra una tasa de homicidios cercana a 10 u 11 por cada 100.000 habitantes, con tendencia a la baja. No creo que el Gobierno esté pensando en relevar del mando a una policía que viene entregando resultados y hace un trabajo juicioso, representados en una reducción del 8 % de los homicidios y del 23 % en una localidad históricamente tan problemática como Ciudad Bolívar.
Además, los militares no están entrenados para la seguridad urbana ni para la atención directa de conflictos de convivencia en las ciudades.
La Constitución asigna roles precisos a cada institución. En el ámbito de la seguridad urbana, la misionalidad principal corresponde a la Policía Nacional, mientras que las Fuerzas Militares cumplen un rol de apoyo.
Está el ejemplo de Santa Marta, donde intentaron esa medida por unos días. ¿Qué evaluaciones o comentarios han compartido entre secretarios de seguridad sobre ese caso?
Cada ciudad tiene sus particularidades y no dispongo de los elementos para analizar el caso específico de Santa Marta.
¿Cuál sería el mensaje concreto no solo para el Gobierno Nacional, sino para los concejales y congresistas que promueven la militarización en Bogotá?
Por fortuna, no tengo que mandarle mensajes. Mantenemos un diálogo fluido y una coordinación permanente, por lo que conocen qué hacemos en Bogotá. Ellos conocen directamente nuestras solicitudes y estrategias. A la ciudadanía le transmito que el Ejército nunca ha dejado de trabajar por la seguridad de la capital, apoyando a la ciudad dentro del marco legal y con absoluta lealtad hacia los bogotanos.
Existe la percepción de que la presencia de militares patrullando genera una mayor sensación de seguridad. ¿Por qué se apela a esta propuesta cuando hay cuestionamientos a la seguridad?
Los colombianos sienten aprecio muy grande por las Fuerzas Militares y la Policía. Ver soldados en la calle genera una percepción de mayor protección, porque demuestra que hay más personal dedicado a cuidar a la gente. De ahí que el déficit de pie de fuerza policial sea un problema tan crítico para Colombia. En Bogotá, 16.000 policías resultan insuficientes para hacer presencia territorial. Sin embargo, al no tener esa presencia tan visible, lo que ha hecho el general Cristancho es optimizar esos recursos para disminuir todos los delitos de alto impacto, a excepción del hurto. En general, la razón por la que a la gente le gusta ver soldados es porque muestra que hay más personal dedicado a cuidar. Pero ver soldados haciendo presencia no es militarizar, porque los soldados también habitan las ciudades y prestan un apoyo a la seguridad ciudadana. Eso es muy importante separarlo conceptualmente. Lo que no va a hacer un soldado es desarrollar operaciones militares de combate dentro de una ciudad, porque no están dadas las condiciones ni es el ámbito adecuado.
Frente al informe del índice integral de seguridad de las localidades de Probogotá, una conclusión señala que en algunas localidades los ciudadanos se sienten más seguros si ven más policía, aunque aumenten las cifras de delitos.
Un incremento en las cifras no significa necesariamente un aumento en los delitos cometidos, sino un incremento en las denuncias debido a la recuperación de la confianza en la Policía. En Bogotá, los procesos de investigación del CTI y la SIJIN se desarrollan con rapidez en comparación con el resto del país, aunque los tiempos del sistema penal siguen siendo deficientes. ¿Dónde está el gran desafío? El gran obstáculo social es que el Estado no cuenta con un marco jurídico penal con suficiente fuerza sancionatoria para castigar severamente el hurto común, especialmente si se usa violencia. El hurto es un delito contra el cual el Estado no tiene suficiente fuerza jurídica para castigar severamente a quienes lo cometen y ahí tenemos el gran desafío como sociedad.
En el caso puntual del hurto, ¿los militares tendrían capacidad operativa para actuar en las calles?
No. Si un soldado está en la calle y presencia un delito en flagrancia, solo puede reaccionar reteniendo al individuo mientras llega la Policía o el CTI, que son las únicas instituciones con atribuciones de policía judicial para formalizar la captura y la judicialización. Y si el soldado tiene un arma, hay que considerar que reaccionar con un fusil —que es un arma de guerra— en un ámbito urbano frente a un delito común puede generar daños colaterales catastróficos.
La confianza en la Policía se ha visto golpeada en los últimos años, con casos recientes como el de Donovan Balanta, en Ciudad Bolívar. ¿La propuesta de militarizar no responde a esa desconfianza?
No comparto que la confianza en la Policía se siga deteriorando. Al contrario, en los últimos tres años se ha venido recuperando. Respecto al caso Balanta, es un hecho condenable en investigación por la Fiscalía y la Inspección General, en el que no participaron miembros de la Policía de Bogotá. Acá vale resaltar que la labor policial en la ciudad es compleja, porque implica estar entre la gente aplicando la ley y esta fricción cotidiana hace que la construcción de confianza sea un reto permanente. Las Fuerzas Militares, en cambio, no están cotidianamente en la calle lidiando con la convivencia y la delincuencia común. Si se despliega a los soldados de forma permanente en las calles, rápidamente enfrentarían las mismas dinámicas de fricción que la Policía.
Al cierre de septiembre las cifras reflejan una reducción de homicidios en Bogotá. ¿Cuál es el panorama actual de la ciudad en esta materia?
Bogotá se encamina a cerrar su segundo año con reducción en homicidios. En el primer año de gobierno, el homicidio aumentó, porque al volver a articular a la Fiscalía, la Policía y el Ejército y reconstruir la confianza, las instituciones salieron a buscar a los criminales y se desacomodó la operatividad de estructuras criminales como el Tren de Aragua y Satanás, generando una reacción violenta. Ahí está la lista de más de 230 cabecillas capturados, además de incautaciones de armas, explosivos y allanamientos. Una vez logramos imponer el ritmo de la seguridad, desde noviembre de 2024 la tendencia se mantiene a la baja, registrando una disminución del 8 % en homicidios (-69 casos en comparación con el periodo anterior) y avanzando hacia la meta distrital de situar la tasa entre 8 y 10 homicidios por 100.000 habitantes sin realizar pactos con la delincuencia.
¿Cómo van las solicitudes del Distrito al Gobierno Nacional para reformar el sistema de justicia y combatir la impunidad?
El alcalde Carlos Fernando Galán lidera una interlocución directa con las altas cortes, la Fiscalía y la judicatura, bajo un principio claro: el problema no son los policías, los jueces o los fiscales, sino un marco jurídico que no les da las herramientas para derrotar al crimen. La Alcaldía conformó un equipo de exmagistrados y penalistas para formular propuestas de reforma ágiles y cambios estructurales en el sistema judicial, buscando dotar a jueces y fiscales de herramientas efectivas para procesar al crimen. En lugar de buscar culpas, el alcalde Galán ha planteado identificar qué debemos mejorar para que los criminales no sigan teniendo ventajas.
¿Qué responder a quienes califican este tipo de propuestas como políticas de corte "carcelero"?
Esas posturas reflejan una desconexión con la realidad de los ciudadanos y responden a trampas ideológicas que suelen cambiar cuando las personas sufren directamente el delito.
Frente al déficit de pie de fuerza policial, ¿existen acuerdos concretos para aumentar el número de uniformados?
La Dirección de la Policía Nacional anunció el envío de un refuerzo de policías de investigación judicial e inteligencia a la SIJIN, algo clave, porque fortalecerán las capacidades de la policía de vigilancia, mientras se avanza progresivamente en la formación de más policías de vigilancia y prevención comunitaria.
Ad portas de cumplir tres años de gestión, diversos sectores políticos han solicitado su renuncia, ¿qué responderles?
Mi labor no responde a intereses personales, sino al cumplimiento diario del plan de trabajo fijado por el alcalde Carlos Fernando Galán. Mi compromiso es continuar aportando todo mi esfuerzo al servicio de los ciudadanos hasta el día en que el señor alcalde y la ciudad lo determinen.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Alexánder Marín Correa
Conoce más
