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“La vida de la niñez wayuu no da más espera”. La frase es de Carlos Camargo Assis, magistrado de la Corte Constitucional, y la expresó durante una sesión técnica sobre la sentencia que declaró en 2017 el estado de cosas inconstitucional sobre el departamento de La Guajira. Su pronunciamiento ocurrió en la tarde del 13 de septiembre, tras nueve horas de audiencia en la ciudad de Riohacha y desde su rol como presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia con la que el alto tribunal ordenó, hace casi una década y sin mayores resultados, velar por el acceso al agua, la alimentación y la salud de los niños wayuu que viven en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. El balance es agridulce: hay órdenes, pero no acciones.
La sesión técnica fue convocada por la Corte luego de que el pasado 23 de septiembre la sala de seguimiento a esta sentencia, que cumplirá 10 años en mayo de 2027, encontrara que, tras casi una década de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, sus órdenes siguen siendo letra muerta. El alto tribunal dio lineamientos urgentes para avanzar en temas como garantizar el acceso al agua con medidas temporales mientras se consolidan proyectos de solución estructural, identificar a los miles de menores de edad que no tienen registro civil o tarjeta de identidad, agilizar el acceso a los servicios de salud y consolidar un documento de plan estructural para el cumplimiento de fondo de la sentencia de la Corte.
Un panorama de incumplimientos que se ha hecho evidente en casos como el de la muerte de una bebé recién nacida el pasado 24 de septiembre en el municipio de Uribia. La madre, que vive en la comunidad Karraguaysumana, tuvo complicaciones a la hora de dar a luz. Pidieron ayuda a la IPS Súpula Wayuu y a la Secretaría de Salud de Uribia. Pero las entidades argumentaron que no podían desplazarse hasta el lugar por la distancia, porque ya estaba de noche y las condiciones de seguridad no se prestaban. La comunidad trasladó a la mujer por sus propios medios hasta un centro médico, pero la niña falleció en el camino. El magistrado Camargo dijo durante la diligencia lo que eso significa: “El Estado volvió a fracasar”.
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Los cuestionamientos de la Corte
Durante la audiencia en Riohacha, el magistrado Carlos Camargo Assis fue enfático en señalar que el incumplimiento de la sentencia de 2017 y los rezagos por parte de las instituciones que deben garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud de los niños wayuu es el origen de tragedias como la de la recién nacida que falleció en Uribe. “Si la sentencia se hubiera cumplido, esa niña no habría muerto en una trocha. La sentencia ordenó precisamente eso: que la atención en salud llegara a las comunidades dispersas, que existiera transporte y que la ruta de atención funcionara. Nueve años después, a una madre wayuu en trabajo de parto el Estado le respondió que no podía ir”, señaló el togado durante la sesión técnica.
Agregó que los retrasos en la construcción del plan estructural de acción tienen un efecto directo sobre la definición de los objetivos, proyectos, instrumentos y responsables de garantizarles a los wayuu el acceso a sus derechos. Solo hay un borrador que, como quedó definido al final de la sesión, tendrá que quedar listo en noviembre de este año para que sea avalado antes de que se cumplan 10 años de la sentencia. “Nueve años después, el Estado no tiene un plan. (…) Esa no es una diferencia metodológica, es un obstáculo para el cumplimiento. Mientras no exista un plan único, con responsables definidos, recursos identificados y metas medidas, cada entidad seguirá respondiendo por sus actividades y ninguna responderá por sus resultados”, dijo Camargo.
También adviritió que el olvido estatal en materia de protección a las comunidades de La Guajira requiere soluciones estructurales y no medidas de mitigación que se agoten en el tiempo. “La Corte no aceptará que el carrotanque siga siendo, nueve años después, la respuesta permanente del Estado a la sed del pueblo wayuu”, dijo el magistrado Camargo durante la diligencia, en la que también estuvieron la magistrada Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, y el magistrado Vladimir Fernández Andrade. Y concluyó, al cierre de la jornada, que es indispensable la participación de las comunidades: “El diálogo debe hacerse con las y los wayuu. No necesitamos más informes. No más dilaciones ni paños de agua tibia”.
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Las respuestas de las instituciones
A la sesión técnica la Corte citó a los representantes de instituciones y entidades del Gobierno Nacional y regional para que detallen el avance real en el cumplimiento de las tareas que el alto tribunal señaló hace nueve años para proteger a los niños wayuu. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, expresó en su intervención la necesidad de crear una “mesa interinstitucional de alto nivel” que permita consolidar la información sobre los proyectos relacionados con el cumplimiento de la sentencia y consolidar la información sobre inversiones, proyectos y programas que durante este tiempo se ha traspapelado entre distintos despachos. “Este es un llamado urgente a tener una verdadera articulación”, dijo el mandatario.
Genaro Redondo Choles, alcalde de Riohacha, habló en nombre de los cuatro municipios protegidos por la sentencia y señaló que uno de los problemas que enfrentan es que no hay parámetros definidos para asignar ayudas. “Reconocemos que no existe una base única, integrada y depurada”, señaló. Agregó que la herramienta usada para llevar las ayudas a las comunidades es el Registro Multidimensional Wayuu que el DANE elaboró, pero que tampoco está completo y que, como lo advirtió una comisión de la Corte en agosto pasado, hace que el Estado no tenga certeza siquiera de a cuántos menores debe atender. “Es una realidad que no ocultamos y que constituye uno de los principales bloqueos institucionales”, señaló el alcalde.
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También el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, asistió a la sesión técnica y habló sobre los rezagos de las instituciones en el cumplimiento de la sentencia. “Es una vergüenza para el Estado”, dijo el jefe del Ministerio Público. Detalló que desde 2017 ha abierto 125 causas o indagaciones por incumplimientos a las órdenes de la Corte sobre la protección de los derechos de los menores wayuu. De esa cifra, 41 indagaciones llevaron a la apertura de investigaciones disciplinarias y otras 25 tienen vinculados a funcionarios que habrían incumplido con sus deberes como servidores públicos. Y concluyó que se ordenó la creación de un grupo especial que le hará seguimiento a lo relacionado con la sentencia sobre La Guajira.
El registrador nacional, Hernán Penagos, también participó en la convocatoria de la Corte y expuso que, como lo ordenó el alto tribunal en su auto de septiembre pasado, la entidad a su cargo está avanzando en las jornadas de identificación y registro de personas. Lo están haciendo de forma puntual en La Pista, el asentamiento migratorio más grande de América Latina, ubicado en Maicao, donde viven unas 7.000 personas. Allí se adelantan las primeras jornadas que irán hasta el 5 de octubre y que permitirán que miles de personas empiecen a estar en el radar del Estado. “Para poder acceder a derechos fundamentales como la salud y la educación, lo primero que debe tener un niño es su identificación”, dijo el registrador Penagos.
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Las demandas de las comunidades
Además de las intervenciones de las instituciones del Estado, las comunidades de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia también tuvieron participación durante la sesión técnica. Parte de su representación estuvo a cargo de Ruth Chaparro, presidenta de la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la sentencia, quien cuestionó de forma contundente y como lo hizo la propia Corte, que el plan para proteger a los niños wayuu aún no esté claro ni siquiera en el papel. “Han pasado nueve años y nos acaban de decir que no hay un plan, solo un borrador”, expresó. La veedora explicó que estos rezagos en la definición de un plan de acción sobre La Guajira tienen consecuencias tangibles sobre la vida y los derechos de las personas.
Las cifras lo demuestran. Según expuso la veedora Chaparro, hasta 2017, cuando se emitió la sentencia, se habían registrado 4.772 muertes de menores de cinco años, asociadas a problemas de acceso al agua, a la alimentación y a la salud en La Guajira. Y entre 2017 y 2026 han muerto otras 550 personas por estas mismas causas. Solo en lo corrido de este año se han registrado 51 muertes asociadas de menores en Colombia, 13 de las cuales ocurrieron en ese departamento. “Hay niñas y niños que hoy crecen con hambre y sed. El daño a su desarrollo no aparece en las estadísticas”, expresó. A eso se suma la falta de claridad en la información relacionada con proyectos y recursos para atender el estado de cosas inconstitucional. “Produce mucha vergüenza, estamos lejos de una verdadera transparencia”, dijo la veedora Chaparro.
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Agregó que en estos nueve años se han hecho 51 reuniones con el pueblo Wayuu, 40 encuentros comunitarios de preconsulta, ocho asambleas de alto nivel y tres asambleas en Manaure para consultar con las comunidades el plan provisional de cumplimiento de las órdenes de la Corte. Ninguno de esos encuentros ha tenido resultados concretos ni ha hecho efectiva la participación de las comunidades. “La participación debe ser genuina. No es un adjetivo, es un sustantivo”, sostuvo. Y concluyó que ya han pasado cuatro gobiernos y las órdenes del alto tribunal se siguen pasando por alto: “La sociedad no puede ser indiferente frente a este holocausto de menores de edad. Seguimos con la esperanza de que la Corte Constitucional se haga respetar”.
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Por Gustavo Montes Arias
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UJUD(9371)•Hace 15 horasSe necesita dinero, mucho dinero, para suplir tanta necesidad. Pero las regalías del carbón nunca sirvieron, se las robaron…
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Eduardo(34409)•Hace 23 horasLa única entidad del Estado colombiano que funciona es la DIAN, si así no fuese el Estado colombiano no tendría un céntimo en sus arcas para satisfacer a tanto corrupto que además quedan en libertad por vencimiento de términos. La historia se niega a decir bondades sobre la comunidad indígena Wayuu y todas las etnias pasan malos momentos desde el 12 de octubre cuando vinieron los explotadores españoles.
