
El Consejo de Seguridad respaldó la solicitud del gobierno de Abelardo de la Espriella para realizar un nuevo ajuste a la Misión de Verificación al Acuerdo de 2016 que marca un giro en su política de paz y seguridad. 15 votos en pleno respaldaron la petición de dar continuidad al despliegue de esa Misión, pero eliminando de sus funciones la vigilancia a la reforma rural integral que comprende el punto 1 de lo firmado con las Farc. Es el segundo cambio en menos de un año para la delegación que vigila la implementación y con un gobierno que quiere recalibrar lo pactado en La Habana.
Esa medida que se adoptó en Nueva York en la mañana del 30 de octubre ratifica la intención de dar un giro en las políticas de implementación referentes al Acuerdo que el próximo 24 de noviembre cumple una década de su firma. “No es un modelo para nuestro mundo”, dijo el embajador ante ese organismo, Mauricio Gaona, en representación de la administración De la Espriella y referente a ese proceso de paz. “El Acuerdo de Paz 2016 no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradero”, enfatizó.
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La resolución construida por el Reino Unido —tras una petición directa del canciller Omar Bula en la pasada presentación del informe trimestral— y respaldada por todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la Misión hasta 2027. No obstante, el organismo que lidera Miroslav Jenca solamente tendrá competencias alrededor de seguridad de desmovilización y reintegración. El punto relacionado a la reforma rural, que apenas se incorporó a la Misión en 2023, fue eliminado.
¿Qué implica esta medida? El gobierno De la Espriella estableció en la solicitud que elevó el pasado 12 de octubre ante la ONU que el apartado rural comprende “una naturaleza distinta”. El Ejecutivo asegura que la misma “constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”. Esa petición se coordinó con el Ministerio de Agricultura de Indalecio Dangond, que en esa materia ya emprendió numerosos ajustes a las políticas heredadas de la administración de Gustavo Petro.
Y es que fue el gobierno anterior el que pujó por adicionar ese mandato a la Misión de Verificación para la vigencia de 2023. Esa petición se hizo tan solo unas semanas después de llegar al poder hace más de cuatro años. En efecto, en 2022 se proyectó integrar un eje que, además, se convirtió en una bandera para las políticas de Estado de Petro y que igualmente quedó incompleto durante ese mandato. Su reflejo queda en una reforma rural a la que le faltó un capítulo procedimental para dar resolución a los conflictos de tierra.
Pero la consigna primaria con la que el Ejecutivo ha marcado su nueva ruta en materia de paz es: “Sin seguridad, la paz es solo una idea”. Esa directriz ha sido central por parte del presidente De la Espriella en menos de 100 días en el poder y se conecta con su postura de no establecer canales de diálogo o negociación con estructuras criminales.
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Un informe del Instituto Kroc indica que, para noviembre de 2025, solo el 9 % de las disposiciones del punto 1 del Acuerdo de La Habana habían completado su ejecución. El 20 % se encontraba en estado intermedio y el 67 % en estado mínimo. Asimismo, cifras de la Agencia Nacional de Tierras revelan que de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas al campesinado sin tierra, solo se ha llegado a 72.880 hectáreas; un 2,4 % del total.
Pero la crítica de la actual administración va más allá. Gaona dijo ante el Consejo de Seguridad que Colombia incrementó en casi el 42 % el número de actores en armas tras una década de la firma. Para el momento de la firma en Cuba habría 20.420 guerrilleros, y, según las cifras del embajador, en 2026 se registraron 29.004 de los cuales, además, 10.517 integrarían las denominadas disidencias de las Farc.
Pero no es la primera vez que la Misión de Verificación pierde terreno frente al seguimiento del Acuerdo de 2016. La resolución 2797 que amplió el mandato hasta octubre de 2025, y que también tuvo respaldo pleno, eliminó otros dos apartes clave: el seguimiento al capítulo étnico y a las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Ese tribunal de justicia transicional que surgió de ese acuerdo es hoy otro de los objetos de crítica por parte de la administración De la Espriella a tal punto que los sectores oficialistas impulsan en el Congreso una iniciativa para cesar con sus funciones en 2028. Inicialmente la JEP tiene un mandato constitucional proyectado hasta 2033. Asimismo, en tan solo tres meses de gobierno desde el nuevo Ejecutivo se tocó directamente al presupuesto de esa entidad y le recortó COP 170.000 millones para la vigencia de 2027 (dispondrán de COP 651.803 millones). Para el presidente este tribunal ha sido una vía de “impunidad” para quienes estuvieron en la guerra.
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Los ajustes en las políticas de paz también se acompañan en giros –naturales de cada cambio de administración– en las cabezas que marcarán la hoja de ruta sobre esas directrices. Y es que el jefe de Estado ha designado a varias figuras que, una década atrás, fueron fervientes opositores a la firma del Acuerdo y su proceso de implementación.
Por ejemplo, la exfiscal general Viviane Morales llegará a la oficina del Alto Comisionado para la Paz y, además, tendrá funciones de encargo en la Unidad de Implementación del Acuerdo. Será ella la interlocutora directa entre el gobierno De la Espriella y la Misión de Verificación de Jenca. Hasta la fecha esos acercamiento no se han dado de forma directa con la Casa de Nariño y han sido con integrantes del gabinete presidencial y se está a la expectativa de una cita con Morales.

Un respaldo con reparos
Pero el retiro del mandato sobre la reforma rural integral, que tuvo los 15 votos del Consejo de Seguridad, también tuvo argumentos en contra de esa petición elevada por Colombia. China, Rusia, Liberia y Dinamarca expresaron su preocupación por eliminar el mandato al apartado rural, remarcando que este es el punto de partida de lo acordado con las Farc.
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De hecho, la delegación del gobierno de Xi Jinping pidió a la Casa de Nariño que “invierta más recursos en zonas remotas a infradesarrolladas promoviendo una paz sostenible". Una postura similar adoptó Moscú al reprochar de plano la eliminación de este mandato a la Misión de Verificación. “Nosotros deploramos que se haya excluido del mandato de acompañamiento de la reforma agraria", dijo el delegado ruso.
No obstante, en la misma sala hubo voces plenas de respaldo en simplificar las acciones de la Misión, iniciando por Reino Unido. Su delegada señaló que “diez años después las lecciones están claras. Proteger lo que se ha conseguido con el acuerdo y hacer frente a los problemas de seguridad no es incompatible”.
Y el mayor espaldarazo que obtuvo Colombia fue el de Estados Unidos, país que ha celebrado los giros en políticas de Paz y Seguridad que en tan solo tres meses adoptó De la Espriella. “Hemos apoyado la solicitud y nos complace verla plasmada. Colombia ha dejado ver que está dispuesta a impulsar la reforma rural como su propia responsabilidad nacional y es precisamente esa titularidad nacional que este Consejo debería buscar de todos los gobierno”, aseguró la delegada por el gobierno de Donald Trump.
“Es un ejemplo”, dijo la delegación estadounidense que, además se mostró ansiosa de reforzar la cooperación con el que se denomina como su principal socio en la región. Tal es el alcance de las nuevas relaciones entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño que Washington ya autorizó un encuentro entre el vicepresidente JD Vance y el presidente Abelardo de la Espriella. Eso se suma a la cita del pasado 8 de septiembre en la que se dio la primera foto oficial entre el jefe de Estado colombiano y el Secretario de Estado, Marco Rubio, en Barranquilla.
Todo este contexto deja un escenario en el que se potenciarán los asuntos de seguridad sobre los de justicia transicional. Esto, además, se podría consolidar con la aprobación de la ley de sometimiento que cursa en el Congreso o el estatuto antiterrorista en el que se endurecen términos para el trato con agrupaciones criminales. Los próximos meses serán determinantes en una estrategia que en sus primeros pasos ya avanzan con celeridad.
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humberto jaramillo(12832)•03 de noviembre de 2026 – 09:32La decisión de no apoyar una reforma agraria va contra toda evidencia de las necesidades del país. Eliminar hasta el nombre del campesino es una grosería y una discriminación monumental
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humberto jaramillo(12832)•03 de noviembre de 2026 – 09:10Con el "viva Cristo Rey" de De la Espriella es hora de que empecemos a pensar en la influencia (¿de pronto responsabilidad o culpabilidad?) de la Iglesia cmo factor de violencia en la historia del país. Monseñor Herrera con la hegemonía conservadora de principios del siglo pasado, la llegada del liberalismo al poder en tiempos de monseñor Perdomo (perdimos), monseñor Builes en Sonsón y Laureamo Gómez y el frente nacional y el nacimiento de las guerrillas… La historia como maestra de la vida..
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Rafael(zz830)•31 de octubre de 2026 – 12:13El proceso de Paz es muy complejo, pero necesario para el bien de nuestro País. No puede ser para unos sí y para otros no. Debe incluirse a todos los elencos en conflicto independientemente del lado en que estén.
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Álamo(88990)•31 de octubre de 2026 – 09:20Y el campesino, ahora "emprendedor agrícola", sin nadie quien lo defienda…