Este 22 de agosto, desde la Casa de Nariño, se anunció la esperada Declaración de Bogotá. El documento, que reúne acuerdos internacionales para la protección de la Amazonia, fue refrendado durante la V Cumbre de Presidentes de los Países Amazónicos, en la que participaron los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Luis Arce Catacora. En representación de Ecuador asistió su vicepresidenta, María José Pinto.
“Sabemos cuál es la enorme responsabilidad que tenemos como países amazónicos, así que seguiremos trabajando juntos para evitar que la Amazonia llegue al punto de no retorno”, dijo Lula da Silva. “Hay varios temas que nuestros hermanos indígenas nos han hecho conocer esta mañana. Por lo tanto, tenemos tareas pendientes, esta es una reunión importante que también deja un legado para seguir trabajando”, agregó Arce.
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El anuncio marcó el cierre de la Cumbre Amazónica, una semana en la que, a lo largo de varios eventos, hubo diálogos entre las autoridades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y funcionarios públicos de los países que componen la región. Este jueves, la canciller (e) de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, presidió una reunión en la que estuvieron sus homólogos de Bolivia, Brasil, Perú, Surinam, Venezuela, Ecuador y Guyana. Durante ese espacio, los ministros de Relaciones Exteriores dieron su visto bueno a la Declaración de Bogotá.
Uno de los primeros puntos de decisión se refiere a la urgencia de reforzar las acciones nacionales climáticas “informadas, ambiciosas y coherentes” para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura del planeta a muy por debajo de 2.0 ° C, preferiblemente a 1.5 °C. Las medidas, agrega la declaración, también deben considerar iniciativas regionales y basarse en el mejor conocimiento científico disponible para la Amazonia, integrando los sistemas de conocimiento tradicionales y saberes ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades locales.
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Otro aspecto que acordaron los Estados es el de reforzar acciones coordinadas para garantizar el derecho humano al agua potable y el “saneamiento, equilibrio y armonía con los ecosistemas vinculados al agua y su sano balance con las necesidades alimentarias y energéticas en la Amazonia”. Los países también buscan reconocer el potencial de los sistemas de producción agrícola sostenible, como los Sistemas Agroforestales y silvopastoriles, para que los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y locales puedan mejorar sus formas de sustento, a la vez que contribuyan a la resiliencia climática en la Amazonía.
Aunque en la declaración quedó establecido avanzar hacia una transición energética “justa, ordenada y equitativa, teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales”, no se especifican las estrategias para lograr dicho objetivo. Solo se menciona que esta transición se debe realizar sobre la base de la implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París.
Como hemos contado en El Espectador, un gran número de pueblos indígenas, organizaciones e incluso congresistas han exigido que la Amazonia no sea territorio de explotación de combustibles fósiles, como el petróleo. Desde el inicio de la Cumbre Amazónica se anticipó que, sobre este asunto, no habría una posición concreta, debido a los desacuerdos y diferentes intereses de los países de la región. Por un lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido enfático en su visión de una Amazonia libre de actividades extractivas, mientras que Brasil ha mostrado cada vez más interés en los combustibles fósiles, subastando numerosos lotes para su exploración. Hace unos meses, en entrevista con emisoras brasileñas, Lula da Silva se mostró a favor de adelantar esta actividad en la Cuenca de Foz do Amazonas, asegurando que se podría hacer de modo responsable con el medio ambiente.
Sin embargo, la Declaración de Bogotá sí responde algunas de las exigencias de las comunidades. Los países reafirmaron la urgencia de proteger, de manera diferencial, a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) que, en el caso de Colombia, habitan en inmediaciones del río Puré, en el departamento de Amazonas, una zona fuertemente amenazada por la minería ilegal de oro. En otros países amazónicos también se ha confirmado la presencia de estos pueblos, sobre todo en Brasil y Perú, donde hay decenas de ellos. El documento, en ese sentido, insta a respetar los principios de no contacto y evitar “toda actividad que ponga en riesgo su integridad”, pues reconoce la importancia de estos pueblos “como parte irremplazable de la diversidad cultural y biológica amazónica”.
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En el documento también hay un punto que autoridades indígenas han celebrado: el de “acoger con beneplácito, la aprobación de la base y estructura del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (MAPI)”. Se trata de una instancia de cogobierno contemplada en la anterior Cumbre Amazónica, en 2023, en la Declaración de Belém. Este jueves, los cancilleres aprobaron la resolución que da luz verde a este mecanismo, con el fin de promover la participación oficial de los pueblos indígenas en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
Para Oswaldo Muca, Coordinador General de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), esto es “un paso histórico, un espacio de cogobierno entre el Estado y los pueblos indígenas para cuidar la vida de la Amazonia”. Desde la Casa de Nariño dijo que las comunidades creen “en el diálogo y la coordinación gobierno a gobierno para construir consensos.”
Durante la jornada del jueves, los ministros de Relaciones Exteriores, además, aprobaron una resolución para crear un mecanismo financiero de la OTCA, con el fin de continuar con los esfuerzos para fortalecer la cooperación amazónica. Sobre este aspecto, dice la declaración, se debe avanzar.
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Otro de los problemas de la Amazonia sobre los que se esperaban declaraciones es el crimen organizado. Los países reafirmaron su apoyo a la Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transfronterizos y Transnacionales en la Región Amazónica. El objetivo es “impulsar la implementación de los compromisos asumidos en el capítulo de cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas transfronterizas en la Región Amazónica, incluidos los delitos ambientales, amenazas a defensores y violaciones a derechos humanos”.
Las delegaciones, además, acordaron fortalecer, en el marco de dicha comisión de seguridad, la cooperación técnica entre los países para intercambiar información, experiencias y buenas prácticas en cuanto a la trazabilidad del oro, “reconociendo los vínculos de la minería ilegal con la pérdida de biodiversidad y otras amenazas ambientales que afectan a la región amazónica”. Sin embargo, el documento no profundiza en otro tipo de acciones coordinadas concretas.
También llama la atención que el documento alienta a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) a seguir aunando esfuerzos con la Comunidad Andina (CAN), así como otros mecanismos subregionales, para desarrollar iniciativas y proyectos que permitan abordar, de manera organizada, “aspectos relacionados con el mercurio”, pero, de nuevo, no se hacen mayores precisiones.
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Cabe recordar que el mercurio suele ser utilizado para la minería de oro, lo cual ha dejado graves consecuencias en la Amazonia. De hecho, hace unos meses, la Corte Constitucional de Colombia decidió amparar a los cuatro pueblos indígenas (Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Pirá Paraná y Río Tiquié) del macroterritorio de Jaguares del Yuruparí, en el Amazonas, ante este fenómeno. El alto tribunal determinó que tanto la identidad como la pervivencia de estas comunidades están en riesgo debido a la contaminación de sus fuentes de agua por explotación de oro con mercurio.
Por otro lado, los Estados apoyarán el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) en Belém, durante la COP30. A través de este mecanismo, dicen, se podrá movilizar financiamiento a largo plazo y basado en resultados que permita la conservación de los bosques tropicales amazónicos, así como de otros países en desarrollo. De ese modo, aspiran alentar a países inversionistas a que anuncien contribuciones significativas. De acuerdo con Lula da Silva, el TFFF podrá remunerar a 73 países en desarrollo que tienen bosques tropicales, para así combatir la deforestación.
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El presidente de Brasil aseguró que los países amazónicos llegarán juntos a la COP30 con soluciones concretas para abordar el cambio climático. "Vamos a hacer que la selva valga más la pena en pie que talada”, subrayó.
Además, reiteró la invitación a sus homólogos de la región para que asistan, el próximo 9 de septiembre, a la inauguración en Manaos del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI), que dice que será clave para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal.
La VI Cumbre de Presidentes de Países Amazónicos, según quedó establecido en la Declaración de Bogotá, se llevará a cabo en Ecuador, en 2027. Encuentre aquí los demás puntos del documento.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Por Catalina Sanabria Devia
