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Rosalía León Marín es una mujer indígena tatuyo, el tercer pueblo indígena más grande de los que habitan las más de 530.000 hectáreas que tiene el territorio indígena del Río Pirá Paraná, en el oriente del Vichada, justo en la frontera con Brasil. Hija de la ‘Anaconda Celeste’, como se conoce a su pueblo, León explica la importancia que tiene el ají para su comunidad.
“Antiguamente, nuestros ancestros inhalaban ají a las cuatro de la mañana para ser fuertes y sanos”, dice la mujer. Aunque este uso ya no se practica entre los indígenas tatuyos, los diferentes frutos de esta planta siguen teniendo un papel central dentro de los 21 pueblos indígenas que habitan el Pirá Paraná.
“Con el ají se hacen las curaciones a los niños, a las mujeres gestantes y a las mujeres en su etapa de desarrollo (cuando menstruan por primera vez). Todo es con el ají: es para curar, para la vida y para la salud”, anota León.
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Este conocimiento sobre los múltiples usos del ají hace parte del sistema de conocimiento que heredaron de sus ancestros. Las mujeres, como León, aprendieron de la importancia de este fruto trabajando en la chagra, un terreno de cultivo que imita la diversidad de la selva amazónica, conversando con sus madres y abuelas. “Todo gira alrededor de la conversación, del diálogo, de las prácticas, de las actividades rituales, del cuidado y de las recomendaciones que hacen los mayores”, agrega León.
En sus manos, ahora, León tiene el libro ‘La cultura del ají’, realizado por las mujeres de las comunidades Santa Isabel y San Miguel, del territorio indígena Pirá Paraná. “El trabajo del ají es pionero y va más allá de lo comercial: fortalece nuestro sistema de conocimientos y hace posible la transmisión de saberes a las generaciones más jóvenes, consolida nuestro banco del sistema de gobierno del territorio y visibiliza nuestro rol en el sostenimiento del buen vivir”, aseguran en la introducción las Mujeres Madres de Semilla.
A lo largo de 26 páginas, las mujeres recorren la historia del ají, desde que Yawira, dueña espiritual de las semillas de la yuca, sembró las semillas de biti bia y behero bia (dos variedades), pasando por sus usos en la ritualidad, el alimento y la curación. Un ejemplo de esto es el proceso para lograr un buen moqueado, proceso tradicional para deshidratar los alimentos y que adquieran un sabor ahumado a leña, del cual, aseguran, “depende la calidad del ají, en sabor y color”.
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El paso de lo oral al documento físico, a través de “investigaciones propias o endógenas”, como las define León, surgió para que todo el conocimiento que circula entre los integrantes de su comunidad no se perdiera. También, como precisa Miryam Hernández, líder de gestión de la información territorial de la Fundación Gaia Amazonas, es un proceso que se ha fortalecido en la última década tras recorrer el camino para constituirse como Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una de las entidades territoriales que contempló la Constitución Política de 1991 y que tardó más de 34 años en materializarse.
El diálogo entre el Estado occidental y el Estado indígena
Para Juan David Varela, coordinador del Laboratorio Sociojurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación Gaia Amazonas, es importante empezar recordando que, según la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano “es de carácter pluralista y uno de los fundamentos es precisamente la diversidad cultural. Esta implica, según la Corte Constitucional, que las distintas formas de organización social, económica, política y jurídica gozan de la misma validez, legitimidad y dignidad”. En otras palabras, resume: “no existe para la Constitución una única expresión de vida o una uniformidad cultural”.
En el caso de los pueblos indígenas, continúa Varela, hay un derecho de especial relevancia que es el de la autodeterminación y establece que son ellos, “a través de sus sistemas de conocimiento, quienes determinan sus propias formas de organización social y que no le corresponde a la institucionalidad no indígena del Estado definir quiénes son, cuántos son o qué idiomas hablan, sino que eso hace parte del derecho a autodeterminarse”.
Tanto Varela y Hernández, de Gaia Amazonas, como León, indígena tatuyo, tienen presente otro artículo de la Constitución: el 286. Este estableció que en el país hay cuatro entidades territoriales: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Sin embargo, estos últimos se empezaron a materializar solo hasta finales de diciembre de 2025, 34 años después de expedida la Constitución.
El primer gran paso en el proceso para materializar las ETI, recuerda Gonzalo Macuna, secretario general de la instancia de coordinación del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, un gran sistema territorial y cultural integrado por más de 30 pueblos indígenas que abarcan ocho millones de hectáreas de la Amazonia colombiana, llegó en abril de 2018.
Tras años de trabajo, recuerda Macuna, del pueblo indígena macuna, el más numeroso del macroterritorio, el gobierno de Juan Manuel Santos expidió el Decreto 632 de 2018, mediante el cual se dictaron las normas fiscales y otras necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas en áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés.
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Este decreto, entre otras cosas, establecía la ruta que debían seguir los consejos indígenas que querían consolidarse como una Entidad Territorial Indígena. Para este fin, debían entregar varios documentos, como la propuesta de delimitación del territorio, la ubicación de las comunidades y un estimativo de la población de cada una de ellas. Además, tenían que definir su Plan Integral de Vida, la “constitución” de los pueblos indígenas, como la define Macuna.
Estos requisitos, apunta Hernández, “generaron un reto importante, pues estos pueblos indígenas tienen la tradición oral como uno de sus ejes principales”. Este proceso de formalización, continúa la integrante de Gaia Amazonas, Fundación que ha acompañado y asesorado a una decena de territorios en este camino, los pueblos indígenas tuvieron que hacer una “adecuación institucional” y entender que el Estado occidental todo lo sustenta en papeles.
León, del territorio indígena del Río Pirá Paraná, que hace parte del Macroterritorio de Jaguares de Yuruparí, define lo que ha pasado desde la expedición del Decreto 632 como una “oportunidad de organizar y materializar” sus conocimientos para tener un diálogo directo con el gobierno nacional.
Tras la apuesta por la formalización de las ETI, Hernández señala que los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana empezaron a recoger toda la información que han transmitido de generación en generación. “Poderlo representar de manera escrita, e incluso a través de gráficos, les iba a permitir dialogar con el otro, con el Estado, articular y coordinar y hacer que entendiera lo que significaba para ellos el territorio”, complementa.
Uno de los ejemplos claros de cómo llevaron a cabo este requisito, explica Hernández, fue el ejercicio de conteo poblacional que solicitaba el decreto. Sin embargo, la interpretación cultural de estos pueblos indígenas, continúa, les impedía adelantar todo un proceso solo para determinar cuántos hombres y mujeres había y a qué etnia pertenecían. “Entonces decidieron llevar a cabo un ejercicio que denominaron dimensión poblacional, que les permitió saber cómo estaban en diferentes dimensiones, como la cultural, la social y la económica”.
Gracias a este proceso, el Macroterritorio ahora sabe que, para 2021, lo habitaban 6.133 personas de 1.278 familias, siendo los macuna, los barasano y los tanimuca los pueblos indígenas más numerosos. Pero no solo eso. También saben cuáles son las lenguas tradicionales más habladas en cada comunidad, cuántas malocas hay y en dónde están ubicadas, e incluso cuántas chagras por familia hay.
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También, complementa Macuna, tienen información sobre tipo de tierras, tubérculos, especies de peces y calidad del agua, además de los documentos de las investigaciones endógenas como, por ejemplo, el libro sobre el ají que construyeron las mujeres del Pirá Paraná.
Toda esa información, explica el secretario general de la instancia de coordinación del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, “nos ha servido para planificar y para tomar decisiones. También para coordinar programas, no solamente con el gobierno nacional, sino con cualquier entidad con quien queramos ejecutar alguna actividad”.
También ha sido clave en el camino para formalizarse como Entidades Territoriales Indígenas. En mayo de 2025, el gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 488, en el que dispuso que, para iniciar a ejercer las funciones y competencias como ETI, el Ministerio del Interior debía expedir un acto administrativo para validar el acuerdo intercultural alcanzado entre el gobierno y los territorios indígenas. Este acuerdo, entre otras cosas, debía incluir la delimitación territorial, el censo y el registro del consejo indígena.
Todos los documentos, resume Hernández, que surgieron de las investigaciones endógenas de las comunidades, así como la información que recogieron durante el ejercicio de dimensión poblacional, terminaron conformando los acuerdos interculturales que en diciembre de 2025 llevaron a que se materializaran las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas.
“Es importante mencionar que estas entidades territoriales indígenas son parte del Estado. Entonces, en ese relacionamiento con otras entidades que son parte del Estado, han tenido diálogos interculturales con instituciones como el Dane, el Igac y los ministerios de Ambiente e Interior”, menciona Hernández sobre lo que ha venido ocurriendo desde diciembre del año pasado.
De estos diálogos, explica la experta de Gaia Amazonas, no solo han tenido que encontrar las formas de trabajar de manera articulada, sino generar también lo que se conoce como “complementariedad”. “No es que los gobiernos indígenas vayan a reemplazar al Dane o al Igac, sino que no hay otra persona dentro de ese territorio amazónico con la capacidad de hablar de los pueblos que lo habitan y sobre su territorio que esos mismos pueblos indígenas”.
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El reto, para los próximos meses, advierte Hernández, será, justamente, la coordinación entre las entidades indígenas y las no indígenas, para que las primeras “no terminen convirtiéndose en los que solo entregan información, sino que entendamos que son autoridades de sus territorios y que, por ende, pueden coordinar, decidir y sentarse a hablar con otras autoridades sobre las acciones que van a implementar en sus territorios”.
Macuna, el secretario general de la instancia de coordinación del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, anticipa una discusión que está por darse y en la que este diálogo intercultural será clave: el dinero que el Estado les transferirá como parte del Sistema General de Participaciones (SGP) a las recién constituidas Entidades Territoriales Indígenas.
* Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y la Fundación Gaia Amazonas.
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