El Gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, al parecer, tiene entre sus planes derogar los decretos que le dieron luz verde a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) y que fueron expedidos por el Gobierno de Gustavo Petro.
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Así lo dio a conocer el diario El Colombiano en un artículo en el que señala que “el presidente electo viajará el próximo 8 de agosto a la Alta Guajira para eliminar esas figuras”, que fueron avaladas por el actual Gobierno en diciembre de 2025.
En ese entonces, organizaciones indígenas y ONG con un largo recorrido en la protección de la Amazonia como la Fundación Gaia, aplaudieron que, después de más de tres décadas de haberse expedido la Constitución de 1991, por fin le abrieran la puerta a la consolidación de las ETI, pues fue una promesa que nunca se cumplió, pese a haber quedado explícita en el artículo 286. Allí se definió que la estructura del Estado colombiano no solo estaría conformada por los distritos, municipios y departamentos, sino también por los territorios indígenas.
Al formalizarlas (hasta el momento hay 8, pero otras 17 están a la espera de ser formalizadas), el Gobierno actual permitió que esos territorios cuenten, de ahora en adelante, con autonomía política, administrativa y fiscal y sean gobernados por Consejos Indígenas. La hoja de turade cómo es ese proceso quedó establecida en el Decreto 488 de 2025.
Aunque no ha habido ningún pronunciamiento oficial de su posible eliminación (como aseguró El Colombiano), hace una semana, en entrevista con El Espectador, Fabio Arjona, su ministro de Ambiente designado, no se mostró muy de acuerdo con la creación de las ETI. Pese a que reconoció que era una figura que no le gustaba mucho y que sería difícil “revertir”, dijo que era una idea difícil de implementar.
El otro político salió a opinar de las ETI fue Enrique Gómez, senador electo de Salvación Nacional y hermano del Ministro de Hacienda designado por De la Espriella. En un video que publicó en sus redes sociales, criticó con dureza la creación de esas nuevas entidades indígenas.
Sin embargo, para la actual ministra de Ambiente (e) Irene Vélez, cree que frenar ese proceso sería un error y sería “desconocer la Constitución de 1991″.
“Las ETI debían ser reglamentadas desde que se creó la Constitución y este Gobierno por fin tomó esa decisión. Soy una convencida de que los pueblos indígenas deben ser tratados como gobierno en los territorios donde han gobernado. Desconocer esa realidad de facto es una actitud displicente. Es centralismo y racismo institucional. Hay que ponerse del lado de las comunidades indígenas. No podemos negar nuestra Constitución”, dijo a El Espectador la ministra.
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Para Vélez, la idea de derogar esos decretos solo busca que esa discusión pase al plano judicial, donde la “institucionalidad se demora mucho en revertir esas injusticias”.
🍃 ¿Qué son las ETI y qué cambiaría con ellas?
Como lo explicamos en este artículo, en mayo de 2025 el Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió tres decretos que han significado décadas de lucha de las comunidades indígenas: el 0481, que establece el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP); el 0482, que pone en funcionamiento el territorio indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira; y el 0488 (del 5 de mayo), uno de los más esperados, que dicta las normas fiscales para el funcionamiento de los territorios indígenas, así como su coordinación con las demás entidades territoriales.
A los ojos de Fabio Valencia Vanegas, representante legal del territorio indígena Pirá-Paraná del Vaupés, esto representó un avance histórico. “Las Entidades Territoriales Indígenas, o ETIS, están contempladas en la Constitución Política de 1991, pero casi 34 años después de la expedición de la carta política no se han expedido las normas para materializarlas”, recordaba en ese entonces a este diario.
Entonces, las ETIS, como comentaba entonces Alejandro Ballesteros, coordinador de Incidencia y Administración Pública de la Fundación Etnollano, se pueden entender como “territorios en Colombia donde los pueblos indígenas tienen el derecho de gobernarse a sí mismos, según sus propias formas de organización, cultura y conocimientos”.
Para diciembre de 2025, como lo registramos en este artículo, el gobierno Petro ya había firmado estos decretos que formalizan las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), dejando en total ocho territorios, ubicados en la Amazonia colombiana.
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Se trata de PANI, Bajo Río Caquetá, Río Tiquié, Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis, Arica, UITIBOC-Asoiantam y Ríos Cotuhé y Putumayo - CIMTAR, que se distribuyen entre los departamentos de Vaupés y Amazonas.
Si bien estos ocho territorios son los que más han avanzado en el proceso, son aproximadamente 25 los que buscan o están interesados en su formalización. Pero, como ha señalado a este diario Kenny Yukuna, lideresa de la ETI Mirití Paraná, el objetivo principal de los territorios que se están formalizando es “descentralizar temas como la salud y la educación del Sistema General de Regalías; es decir, que podamos acceder por nosotros mismos a los recursos para que se puedan implementar en el territorio”.
Otro aspecto importante de esta formalización, como recordaba Juan David Varela, líder del Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas, es que la cartografía oficial del país cambiaría y los jóvenes aprenderían que existen territorios y gobiernos indígenas autónomos que integran la estructura del Estado, en armonía con el reconocimiento constitucional de que somos un país plural y diverso.
Aunque este es un gran avance para las comunidades, como reconocen líderes indígenas y funcionarios de las organizaciones que han asesorado este proceso a lo largo de estas décadas, se debían superar algunos retos para que eso suceda.
Fabio Valencia, representante legal del Pirá-Paraná, decía a este diario que cree que uno de los principales desafíos era, precisamente, las demoras con las que funciona el Estado colombiano, el mismo que se tardó casi 34 años en reglamentar las ETIS.
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Ballesteros, de la Fundación Etnollano, sumaba otro: los recursos de financiamiento para las entidades territoriales indígenas, pues si bien el decreto indica de dónde saldrá este dinero, considera que puede ser poco si se tienen en cuenta las dinámicas geográficas de la selva.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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