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Por cuarto año consecutivo, Colombia es el país donde más líderes y lideresas ambientales han asesinado en el mundo, según el más reciente informe de Global Witness, publicado este 15 de septiembre. De los 124 homicidios de defensores de la tierra que fueron reportados en el planeta, 39 ocurrieron en Colombia. “Identificamos que el país registra una tercera parte del reporte total global”, reseña la ONG inglesa, que desde 2012 se dedica a recolectar los casos de homicidios de defensores de la tierra y el medio ambiente en más de 20 países.
El segundo país donde más se reportaron casos fue en Brasil, donde se duplicaron frente a 2024, pasando de 12 reportes de asesinatos a 26. Filipinas y Honduras ocuparon el tercer y cuarto lugar. En cada uno hubo 12 homicidios. Les sigue México (10), Guatemala (8), Perú (4), Nicaragua (3) y Ecuador (3).
En su informe, titulado “El poder colectivo”, la ONG asegura que hubo un descenso de los casos reportados con respecto a 2024 y a 2023, cuando documentaron 142 asesinatos y 4 desapariciones; y 196 homicidios, respectivamente. Toby Hill, investigador de Global Witness, dice que se debe tener cuidado al leer este indicador para no interpretarlo “como una situación mejorada para los defensores a nivel global”.
La razón, explica, es porque es muy probable que estas cifras estén subestimando la realidad, pues todavía persiste un subregistro en algunos casos. “Puede deberse al conflicto y al genocidio, donde la inseguridad generalizada y asesinatos en masa hacen que sea difícil registrar algunos casos”, agrega.
También, se lee en el informe, hay países que están enmarcados en un contexto represivo y hay represalias contra quienes documentan los abusos contra los defensores de la tierra. Es el caso de algunos países asiáticos, africanos y latinoamericanos. De hecho, de acuerdo con el observatorio de libertades cívicas CIVICUS Monitor, de los 15 países en los que Global Witness reportó asesinatos, 10 fueron clasificados como represivos.
En estos territorios, a los ojos de la entidad, la investigación ha sido complicada, porque muchas veces las víctimas y los grupos de la sociedad civil terminan sufriendo represalias por denunciar y documentar los abusos. Entonces, agrega Hill, autor principal de este estudio, “parte de esta reducción se puede deber a una diversificación de las técnicas utilizadas para silenciar a los defensores”.
Otros de los métodos de represalia que ha identificado la ONG son la criminalización, las amenazas y las campañas de desprestigio, principalmente en redes sociales. Los asesinatos, a los ojos de la entidad, “son la forma más extrema, pero bajo ellos se esconde un “iceberg oculto” de agresiones no letales”.
Desde hace más de una década, América Latina concentra la mayor parte de los casos documentados. Este año no fue la excepción. De acuerdo con el informe, en 2025, se reportaron 105 asesinatos de defensores de la tierra, concentrando el 85 % del total global, de los cuales, el 36 % eran personas indígenas y el 40 % eran campesinos. Por estas cifras, se ha posicionado como la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras del ambiente y el territorio desde 2012, cuando la ONG comenzó a publicar su informe anual.
Colombia, una vez más, el país más letal para los líderes ambientales
Colombia, como si se tratara de un déjà vu, volvió a ser por cuarto año consecutivo el país más letal para los líderes y lideresas ambientales. En total, se reportaron 39 homicidios, de los cuales 17 estarían vinculados al crimen organizado y otros 5 a sicariatos. Entre los factores que explican estas cifras inquietantes, comenta Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores y portavoz para Colombia del informe de Global Witness, está la impunidad que se está registrando en el país en varios de los casos.
Torres cuenta que desde el programa Somos Defensores enviaron una solicitud de información a la Fiscalía General de la Nación para saber cuántos, de los más de 1.700 casos que han reportado entre 2002 y 2024, han recibido algún tipo de sanción. Encontraron que solo entre el 12 % y el 13 % de los hechos han alcanzado esclarecimiento. “El avance es muy mínimo y solamente estamos hablando de asesinatos. Si nos vamos a las amenazas, a la violencia sexual o a otro tipo de agresiones, la impunidad es aún mayor”, agrega.
Otra explicación, a los ojos de Torres, podría ser que no se ha implementado integralmente el Acuerdo de Paz, que fue firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno, encabezado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, y la extinta guerrilla de las FARC. En los datos recopilados por Somos Defensores han encontrado que, a partir de 2018-2019, en promedio se asesina cada dos días a un líder social o defensor de la tierra en Colombia.
Pero, ¿por qué se relacionaría el Acuerdo de Paz con las altas cifras de asesinatos reportados en Global Witness? Torres asegura que no se puede perder de vista que este documento tenía varios aspectos relevantes que estaban enfocados en la lucha contra la violencia selectiva, “entre ellos los asuntos de reforma agraria, ligados a reformas rurales”. Precisamente, los datos de la ONG inglesa apuntan a que 35 de los 39 asesinatos reportados en Colombia estuvieron relacionados con conflictos por la tierra.
Global Witness suma dos posibles causas a estas cifras. La primera de ellas es que en el país ha habido un conflicto armado por más de 50 años, donde grupos ilegales y armados, como los guerrilleros o paramilitares, han protagonizado un conflicto para la tenencia de tierra.
También, agrega Hill, de la ONG inglesa, se puede deber a que la documentación y verificación de los casos de violencia en Colombia es más fácil y factible que en otros países, como Venezuela, donde, dice, hay un contexto autoritario y de colapso estatal donde la documentación es más difícil. “Este acceso a la información podría ayudarnos a tener una idea más precisa del nivel real de la violencia y las represalias en Colombia”, comenta.
La situación del Cauca, en el suroccidente del país, tanto para Global Witness como para Torres, de Somos Defensores, sigue siendo inquietante, pues se volvió a establecer como una de las zonas más peligrosas para los defensores de la tierra en Colombia. En el departamento, se registraron 13 asesinatos en 2025, entre ellos los de cuatro guardias indígenas, y desde 2012 acumula 171 casos.
El Cauca, detalla el informe, tiene una ubicación estratégica cerca de la frontera con Ecuador y, con el paso de los años, se ha convertido en un corredor clave en el tráfico de cocaína, pues cuenta con un acceso fácil a las rutas de exportación hacia el Pacífico. De hecho, Global Witness recuerda que el cultivo de coca se multiplicó por cinco en la última década y, junto con la minería ilegal, es clave para los grupos armados que se disputan este territorio.
“Estos agentes, junto con otras actividades económicas ilícitas, como la minería ilegal, están provocando la degradación de los bosques y los cursos de agua del Cauca”, señala Global Witness en su informe y resalta que el tráfico global de cocaína suele estar vinculado con represalias letales y la violencia, por lo que también podría responder al incremento de casos en Colombia.
Al igual que Cauca, otras zonas ricas en biodiversidad del país sufren presiones similares, como es el caso de Nariño y Putumayo, donde, en cada uno, se documentaron tres asesinatos. Allí, la minería ilegal y el cultivo de coca son factores clave que impulsan la violencia y la degradación ambiental, porque, según la organización, “proporcionan financiación a los grupos armados, provocan el desplazamiento de comunidades y contaminan ríos y cursos de agua”.
En otros territorios, como Norte de Santander o Antioquia, agrega Torres, de Somos Defensores, cuentan con una serie de bienes ambientales que vienen siendo explotados o arrasados por los megaproyectos. Estas condiciones, a su juicio, generan tensiones a nivel territorial y conflictos socioambientales, que, en muchos casos, terminan con el asesinato, la desaparición o represalias en contra de los líderes o lideresas ambientales.
Todos estos factores, en opinión de Torres, han provocado que Colombia siga siendo un “país violento, uno que no cuida a las personas defensoras desde el Estado y la ciudadanía aún no se convierte en un elemento de protección para sus líderes y lideresas”. Para revertir esa situación, lo primero que debería hacer el país, agrega, es entender que el modelo es de protección y no de prevención, lo que “está provocando un cuello de botella muy grande para que realmente hoy en Colombia no se esté protegiendo a los defensores de la tierra”.
En la actualidad, explica Torres, el país cuenta con una serie de alertas tempranas, ya sea por parte de la Defensoría del Pueblo o por organizaciones civiles o la comunidad; sin embargo, no se están traduciendo en una reducción de los asesinatos. “Muchas veces, por ejemplo, las autoridades tampoco responden de manera inmediata y eficaz a las situaciones”, puntualiza y pide fortalecer la protección colectiva y la Consulta Previa en Colombia, que tendrá algunos cambios en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Global Witness, por su parte, recomienda que, como parte de sus esfuerzos por combatir esta violencia, el Gobierno colombiano debería firmar y aplicar la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos. Este marco, recuerda la organización, es impulsado por la sociedad civil y tiene como objetivo establecer un enfoque integral preventivo para la protección de quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. También pide poner en marcha el Acuerdo de Escazú.
Poder colectivo: la respuesta comunitaria a la falta de protección de líderes ambientales
Al titular el informe “Poder colectivo”, Global Witness busca hacer un reconocimiento a un fenómeno global que atraviesa en este momento toda América Latina: frente a la ineficacia de los mecanismos estatales, las comunidades indígenas están organizando sus propios sistemas de protección territorial. La organización cuenta que estas estrategias, basadas en prácticas ancestrales, son más sostenibles que los esquemas de protección individual y reactiva que en la actualidad predominan en varios países, como Colombia.
El caso más relevante para Global Witness es el del pueblo Kakataibo, en la Amazonía peruana, que en 2022 creó su propia Guardia Indígena luego de que se presentara el asesinato de varios de sus líderes. En la actualidad, está integrada por más de 150 personas repartidas en diez comunidades, que se encargan de hacer una especie de patrullas en el territorio con el objetivo de detectar cultivos ilegales de coca, tala y acaparamiento de tierras. Cuando identifican una amenaza, actúan directamente. Segundo Ispón, comandante de la guardia, dice en el informe que "estos territorios son comunitarios y aquí no pueden hacer eso".
Este modelo no es único de esta comunidad indígena. También se ha registrado entre los Shipibo, en Perú, e incluso en Cauca, Colombia, donde precisamente cuatro guardias indígenas fueron asesinados este año mientras cumplían esa labor de vigilancia. Aunque estas iniciativas reducen riesgos, Global Witness advierte que también exponen a sus integrantes, porque quienes patrullan territorios en disputa se convierten, a su vez, en blanco de los grupos armados.
Por eso, entre sus recomendaciones, la organización pide a los Estados y a la cooperación internacional financiar directamente estas guardias e iniciativas comunitarias, en lugar de imponer únicamente esquemas de seguridad individual o militarizada. "Los Estados deben reconocer y apoyar los sistemas de gobernanza dirigidos por pueblos indígenas (…) incluidas las guardias indígenas", se lee en el informe. Para Torres también es necesario que los estados, además de reconocer la labor de quienes protegen la tierra, el territorio, los pueblos y las comunidades, tomen medidas de protección: “Queremos que esta matanza contra líderes y lideresas en nuestra región se detenga”.
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Por Paula Casas Mogollon
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Pedro Juan(86870)•Hace 3 horasPaís de Cafres. Ahí tienen su abelardito pidiendo guerra y que los muertos los pongan los hijos de campesinos pobres. Preferimos negociaciones. Esa táctica de guerra total no funciona. Ni Uribe con todos los recursos del Plan Colombia pudo. El que más ha hecho algo ha sido Santos que desmovilizó a 14000, pero con el guerrerista de Duque "paz trizas" se devolvieron cinco mil y ahora con el microtráfico peor. Y confiar en EU e Israel no se puede "son puras pérdidas" sólo han ganado en Venezuela
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fredys(9j2g1)•Hace 13 horasEn menos de 40 dias de gobierno de abelardo , ya van 10 lideres sociales y 6 policías asesinados. Y las cosas parece que siguen. En alguna población de un municipio, que no recuerdo el nombre, los terroristas llegaron con maquinaria y derribaron el cai de esa vereda. La tendra el dictador dificil cumplir su palabra.