Proyecto de bonos de carbono dividió a indígenas en Guainía. Corte C. alista sentencia

Como ya venía sucediendo con otros resguardos de la Amazonía colombiana, Lara quería que su territorio se involucrara en un proyecto de REDD+, como también se les conoce, en el que las comunidades se comprometen a conservar los bosques en los que viven. Por cada tonelada de CO2 que se evita al mantener los bosques en pie, se genera un bono de carbono.

Al abarcar grandes extensiones de tierra, los resguardos indígenas “albergan” cientos de miles de bonos de carbono que son adquiridos por empresas nacionales o internacionales que los utilizan para compensar las emisiones de CO2 que generan y que pueden llegar a costar cientos o miles de millones de pesos.

Con esa promesa en mente, Lara se acercó a Alexis Mejía, indígena sikuani que se desempeñaba como cabildo gobernador, autoridad del resguardo, para contarle de la posibilidad con Human Forest. El líder de la comunidad puinave todavía recuerda la sorpresa que le generó escuchar a Mejía decir que desde 2018 el resguardo ya había firmado un contrato de bonos de carbono con la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques). La mayoría de los habitantes del Carrizal no conocían el proyecto, asegura Lara.

Al cabo de tres años, en marzo de 2025, ya como cabildo gobernador elegido por el resguardo, Lara, junto a Samuel Lara, capitán de la comunidad puinave, radicaron ante Masbosques un derecho de petición para conocer sobre las ventas que se habían generado dentro del proyecto, a quién se le estaba girando lo correspondiente por esas ventas y en qué se estaban ejecutando los recursos. “Si ustedes vienen al resguardo —dice ahora Lara—, no van a ver nada. ¿En dónde está la plata? ¿En qué se gastaron los recursos?”.

Masbosques se negó a entregar la información, pero los líderes indígenas, con apoyo de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, insistieron. Una vez más, la empresa se negó a entregar la información. Los indígenas llevaron su caso ante un juzgado que obligó a la empresa a entregar la información solicitada. Si bien la empresa cumplió con lo ordenado, impugnó el fallo, que terminó siendo confirmado, meses más tarde, por el Tribunal Superior de San José del Guaviare.

Ahora, el resguardo indígena espera una sentencia de la Corte Constitucional, que seleccionó su caso a finales de abril de este año. El pronunciamiento del alto tribunal es esperado no solo por los pueblos indígenas, sino también por académicos y organizaciones de la sociedad civil, pues en su tercer pronunciamiento sobre los bonos de carbono, “la Corte podría explorar un asunto sobre el que todavía no ha ahondado con respecto a los bonos de carbono”, explica Julián Trujillo, director de la Clínica Jurídica de la Javeriana que ha acompañado el proceso.

El caso también resulta llamativo, pues Masbosques ya estuvo vinculada en el proceso que dio paso a la primera sentencia de la Corte Constitucional sobre bonos de carbono en 2024 (la T-248). En ese momento, la Corte señaló que la empresa produjo una fractura cultural en un territorio indígena por comportamientos antijurídicos. Además, los bonos del caso del Carrizal también habrían sido vendidos sin que Masbosques tuviera la autorización que necesita del Ministerio de Ambiente, quien también está vinculada al proceso en el alto tribunal.

La disputa de los puinave contra Masbosques

En el derecho de petición que presentaron ante Masbosques a inicios de marzo de 2025, los Lara le pedían a la empresa claridad sobre tres puntos: un reporte completo de las diferentes ventas que habían realizado, incluyendo comprador y valor de la venta; informar el esquema financiero para el manejo de los recursos; y, finalmente, un reporte sobre la ejecución de los dineros provenientes de las ventas de bonos de carbono.

A finales de marzo, el director ejecutivo de Masbosques, Jaime Andrés García, respondió el derecho de petición asegurando que para entregar la información, Eliberto debía acreditar que era cabildo gobernador del resguardo y que Samuel era capitán de la comunidad puinave.

En la reiteración del derecho de petición, presentado semanas después, los indígenas adjuntaron las acreditaciones solicitadas, expedidas por el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Inírida, pero advirtieron que no era necesario hacerlo, pues argumentaban que todos los habitantes del resguardo tenían derecho a realizar solicitudes de información relacionadas con el proyecto.

A finales de abril, Masbosques respondió, negándose a entregar la información nuevamente. Las razones, señaló García, radicaban en que miembros del Carrizal habían señalado que Eliberto había sido revocado de su cargo como cabildo gobernador (a pesar de que el Mininterior lo reconoció hasta diciembre de 2025) y que otras comunidades involucradas en el proyecto no habían autorizado la entrega de la información.

Para entender esto último, es importante mencionar que el proyecto REDD+ Awakadaa Matsiadali se extiende sobre más de 505.000 hectáreas de 13 territorios indígenas no continuos de Guainía, como puede ver en el mapa a continuación:

Foto: Masbosques

En paralelo, los Lara y la Clínica Jurídica también interpusieron derechos de petición ante el Ministerio de Ambiente solicitando que tomara acciones concretas para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad, así como medidas de control y vigilancia sobre la empresa. El 31 de marzo, la cartera respondió que el proyecto todavía se encontraba en fase de factibilidad, sin autorización para pasar a formulación, la siguiente etapa, lejos de poder comercializar los créditos.

Sin embargo, los indígenas consideraron que el ministerio no se pronunció sobre las medidas que solicitaron para garantizar sus derechos ni sobre investigar a la empresa. Ante la negativa de Masbosques y la omisión de la cartera ambiental, radicaron una tutela ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida. A mediados de noviembre del año pasado, el juzgado ordenó, entre otras cosas, que la empresa entregara toda la información requerida y que el Minambiente interviniera para verificar el cumplimiento de la garantía del consentimiento libre, previo e informado.

Menos de 48 horas después, Masbosques remitió a Eliberto y Samuel la información solicitada. En el documento, la empresa señalaba que ya había vendido 53.083 bonos de los 65.335 que se podían vender del resguardo a las empresas Delta Air Lines y Primax, y que, fruto de esas ventas, se habían comprometido COP 918 millones en proyectos comunitarios. También explicó que había una cuenta bancaria en la que se depositaba el dinero y anexó una tabla en la que señalaba distintos proyectos en los que, en teoría, se había usado la plata.

A pesar de cumplir con lo ordenado por el juzgado, Masbosques y Minambiente, de manera independiente, impugnaron el fallo. La sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de San José de Guaviare a mediados de diciembre, solo le dio la razón al ministerio, pues no encontró que este hubiera vulnerado los derechos de la comunidad indígena, y confirmó que la empresa debía entregar la información. Además, remitió el expediente para que la Corte Constitucional lo revisara.

¿Qué piden ante la Corte?

Cuando la Corte Constitucional seleccionó el caso, reseñó brevemente que lo hizo por tratarse de un asunto novedoso sobre el que existe una urgencia de proteger un derecho fundamental.

Para los Lara y Trujillo, lo novedoso del caso recae en que plantea una “cuestión constitucional inédita en el ordenamiento jurídico colombiano”: determinar si la información sobre los proyectos de créditos de carbono puede ser tratada como información privada por los desarrolladores del proyecto o, si contrario a esto, es información pública ambiental sujeta al principio de máxima publicidad. Todo esto reforzado por tres artículos del Acuerdo de Escazú que “imponen obligaciones reforzadas de transparencia y prohíben exigir intereses especiales o requisitos adicionales para acceder a la información ambiental”.

Frente a los derechos que piden proteger, Trujillo, director de la Clínica Jurídica de la Javeriana, explica que se trata del acceso a la información ambiental. Producto de esa protección, agrega, “esperamos que también se proteja el consentimiento previo, libre e informado, así como el de gobierno propio, porque creemos que sin acceder a la información del proyecto no se puede ni prestar el consentimiento ni tomar decisiones dentro del gobierno propio”.

Sobre el primer derecho, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), que intervino ante la Corte en el caso, recordó la sentencia que el alto tribunal emitió en 2024, en la que Masbosques también estuvo involucrado. Para la clínica, “exigir la acreditación de una investidura de autoridad como condición previa para acceder a información sobre un proyecto que compromete el territorio colectivo invierte la lógica de protección reforzada que esta Corte ha reconocido a favor de las comunidades étnicas y sus miembros”.

De igual forma, continuó la clínica, “la negativa reiterada de Masbosques a entregar información (…) es precisamente el tipo de conducta que la Sentencia T-248 de 2024 identificó como contraria al deber de no agravar los conflictos internos de la comunidad, en la medida en que condiciona el acceso a la información a una interlocución exclusiva con quienes la empresa unilateralmente reconoce como autoridad”.

Para Trujillo, de la Javeriana, esto es un “agravante importante”, pues el proyecto en el Pirá Paraná, que motivó la sentencia de 2024, y el del Carrizal “se hicieron en las mismas fechas”. Por eso, dice el abogado, la forma “de operar [de la empresa] es exactamente igual y muestra que, después de la sentencia, Masbosques no hizo ningún ajuste”.

Masbosques, a través de respuestas escritas enviadas a El Espectador, explica varios de los cambios que ha implementado desde la sentencia, en la que la Corte le dirigió tres órdenes. Entre otras medidas, señala la empresa, se “adoptó el Protocolo de Consentimiento Libre, Previo e Informado, vigente desde el 25 de septiembre de 2024; cuenta con un canal propio de peticiones, quejas y reclamos; mantiene protocolos de interlocución y escucha activa con las comunidades; avanza en la traducción de la información a las lenguas nativas, un proceso en construcción, y rinde cuentas periódicamente en territorio”.

Eliberto Lara, ahora capitán del sector puinave del Resguardo de Carrizal, reconoce que se ha reunido en un par de ocasiones con integrantes de la empresa. Sin embargo, advierte, su comunidad sigue sin hacer parte del proyecto de bonos de carbono que se adelanta en su territorio y denuncia que Masbosques los ha excluido de encuentros que se han adelantado en el resguardo.

Frente al segundo derecho, la Clínica Jurídica de Los Andes recordó en su intervención que en la sentencia de 2024 la Corte aplicó el estándar del Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) al proyecto de bonos de carbono. En dicho pronunciamiento, el alto tribunal explicó que el CPLI “no se satisface con la interlocución exclusiva con quienes ostentan cargos de representación, sino que exige un diálogo genuino y amplio con las diversas comunidades del territorio (…)”.

Lara insiste en que dicho diálogo no existió. De hecho, aseguró ante la Corte, junto a Samuel Lara, que “ningún capitán firmó y no hubo ninguna reunión comunitaria al interior de la asamblea como máximo órgano de decisión. Estas firmas fueron realizadas por el señor Alexi Mejía Méndez de manera unilateral, sin discusión interna en el gobierno propio”.

Alexi Mejía respondió en dos oportunidades a preguntas realizadas por el magistrado Miguel Polo Rosero. En una primera versión, Mejía aseguró que había obtenido autorización de la asamblea general, máxima autoridad del resguardo que reúne a los integrantes de ambas etnias. En una segunda versión, enviada un mes más tarde, señaló que contaba con autorización escrita de la asamblea general.

Para los Lara, esa reunión no fue oficial y contó con la participación de “una pequeña fracción del censo poblacional”. De 133 indígenas que había censados para 2022, a la reunión asistieron 58 personas, según Mejía.

¿Qué esperar más allá de Carrizal?

A finales de octubre, la Corte Constitucional comunicó una segunda sentencia sobre problemáticas relacionadas con los bonos de carbono: la T-283 de 2026, de la cual todavía no se conoce su texto completo. Ahorrándose varios detalles, Trujillo, de la Javeriana, explica que tanto en la de 2024 como en la más reciente, la Corte protegió los derechos a la autodeterminación, al gobierno propio y al consentimiento libre, previo e informado.

En la nueva sentencia, agrega el abogado, la Corte podría explorar un asunto que hasta ahora no ha abordado y es “que el acceso y la información ambiental al público bajo la máxima publicidad es un elemento para hacer posible el CLPI. No hay consentimiento sin acceso a la información”.

Tomás Vergara, investigador asociado del Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), quien también intervino en el proceso, además de respaldar las solicitudes hechas por los Lara, pide que no se pierdan de vista dos asuntos.

El primero tiene que ver con un posible traslape del proyecto que adelanta Masbosques con el de Flor de Inírida, implementado por C.I. Progress, y el más grande del país con más de 3,4 millones de hectáreas. A finales de julio de 2025, la empresa certificadora Cercarbono, advirtió un traslape de hasta 1,39 millones de hectáreas entre Flor de Inírida y hasta ocho proyectos certificados por ellos, entre los cuales se encuentra Awakadaa Matsiadali.

Además de pedir un análisis geoespacial para confirmar esto, en diálogo con El Espectador, Vergara llama la atención sobre las dificultades que sigue presentando RENARE, la plataforma del Minambiente y el Ideam para hacer seguimiento a, entre otros, los proyectos REDD+. En esta, dice el investigador, debería poderse aclarar el posible traslape, proceso que en la actualidad no es posible.

Masbosques asegura que entregó un análisis cartográfico al RENARE y Cercarbono, “a quienes corresponde la definición técnica. A la fecha, ninguna de las dos instancias ha tomado una decisión de fondo”.

En el RENARE también aparece que el proyecto de Masbosques se encuentra en factibilidad, una fase que impide que la empresa comercialice los bonos. La empresa le dijo a este diario que el 10 de agosto de este año radicó un derecho de petición ante el Minambiente, pues, afirman, ya han cumplido con todos los requisitos necesarios para el cambio de fase.

“Mientras tanto, las comunidades continúan ejecutando sus recursos en los proyectos que aprueban en sus asambleas”, dice la empresa.

La segunda petición, a la que accedió la Corte, fue escuchar a las otras comunidades vinculadas al proyecto. Robinson Gaitán, del Resguardo Indígena Pueblo Nuevo – Laguna Colorada, que también hace parte del proyecto de Masbosques, relata problemas similares a los ocurridos en Carrizal y señala que incluso le han pedido a la empresa terminar el contrato. Dos autoridades de este resguardo enviaron un escrito a la Corte apoyando las solicitudes de Carrizal y solicitando ser incluidas en el proceso.

Mientras la Corte se pronuncia, lo que podría suceder en las próximas semanas o incluso meses, Eliberto Lara, desde Guainía, espera que, sea cual sea la decisión del alto tribunal, Masbosques y el sector sikuani de su resguardo “reconozcan la autonomía del pueblo puinave”. En caso de que la Corte falle a su favor, adelanta que será toda la comunidad la que decida si decide continuar con el proyecto de la empresa.

“Le estamos pidiendo a la Corte”, dice Trujillo, “que, más allá del caso, pueda establecer reglas muy puntuales que definan cómo se aplica el estándar de máxima publicidad del Acuerdo de Escazú para casos de créditos de carbono, indicando que la información tiene que ser de libre acceso para cualquier ciudadano y cualquier indígena. Y esto es muy importante, que no sea solo para las autoridades indígenas o para las personas que la empresa decida unilateralmente”.

* El Espectador consultó a Asocarbono, el gremio más grande de empresas de bonos de carbono en el país. Mauricio Rodríguez, presidente de la Junta Directiva, aseguró que se pronunciarán luego de escuchar a Masbosques, lo cual ocurrirá esta semana.

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