Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La reciente denuncia por una tala no autorizada en los Cerros Orientales derivó en una inspección técnica de la Dirección Regional de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) al predio Novita, en la vereda Torca, de Usaquén. ¿El resultado? la Resolución DRBC No. 01267000159, que ordenó la suspensión inmediata de toda actividad de tala en el predio, mientras continúa una investigación que definirá si se impone o no sanción a los propietarios.
LEA: Cable aéreo La Calera: solución de movilidad que enfrenta reparos por su impacto ambiental
La autoridad ambiental determinó que, en total, se talaron 64 eucaliptos, que estaban sembrados en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Si bien uno de los proyectos de la autoridad ambiental es reemplazar en los cerros especies como eucaliptos por especies nativas, en este caso, no había autorización para cortar los árboles. La situación dio pie al expediente sancionatorio No. 124979. Vale recordar que esta es la primera decisión, en medio de un pleito que cuenta con una denuncia penal contra los dueños del predio, cuyos voceros sostienen que, en este caso, actuaron de buena fe.
El informe técnico ratifica algo que los dueños de la Hacienda Novita ya habían reconocido: actuaron sin una autorización de la autoridad ambiental. Ya en el terreno, los técnicos evaluaron los puntos donde se talaron los 64 Eucaliptos, distribuidos en dos sectores, entre los que había árboles con un diámetro promedio de 52,44 cm. Como dato preliminar, los inspectores señalaron que no encontraron indicios reales de que los árboles presentaran deterioro fitosanitario o físico que amenazara viviendas o vías y que justificaran su tala.
Además, indicaron que en el sitio hallaron madera rolliza y aserrada predimensionada en bloques y tablas, así como residuos dispersos como follaje y aserrín. Aunque no se constató afectación a fuentes hídricas, el reporte registró daños colaterales sobre 11 individuos de flora nativa (Tuno esmeraldo, Raque, Gaque y Uvillo) y sobre epífitas protegidas, como orquídeas, bromelias, musgos y líquenes.
Más información: Porte de armas aterriza en Bogotá entre alza de muertes por riñas y violencia intrafamiliar
Tala en los Cerros: choque ambiental
Este caso tiene origen en una denuncia que se hizo el 31 de mayo de 2026, cuando residentes de la Urbanización Campestre Bosques de Torca advirtieron el ruido de motosierras en su lindero oriental. La firma Green City Inversiones y Construcciones S.A.S. inició una investigación privada con sobrevuelos de drones, georreferenciación y análisis satelital. Un concepto técnico de la ingeniera ambiental Laura Sofía Fernández Flechas advirtió que la remoción vegetal en laderas desestabiliza el suelo, acelera la erosión hídrica e incrementa el riesgo de incendios forestales por la acumulación de residuo leñoso en temporadas secas.
Con estos insumos, el 3 de julio de 2026, Green City radicó una denuncia penal ante la Fiscalía por deforestación y daño en recursos naturales. Se radicaron, además, quejas ante la Secretaría Distrital de Ambiente y el Ministerio de Ambiente, junto con una tutela de la ciudadana Diana Lucía Mesa.
Los propietarios han insistido en que actuaron para eliminar un riesgo y que, detrás del procedimiento, no existe afanes urbanísticos o de explotación comercial. Carolina Botero, vocera de la familia dueña del terreno, explicó que la tala buscó mitigar el peligro inminente de árboles quemados por rayos seis meses atrás. Aunque reconoció el error de no haber tramitado el permiso ante la CAR ni notificado a los vecinos, destacó que han sembrado cerca de 200 árboles nativos para restaurar el área.
El testimonio expone las complejas cargas y los líos a los que se enfrentan quienes tienen propiedad privada en reservas naturales. Para Botero, la finca Novita se ha vuelto una carga insostenible para su familia, ya que deben pagar impuestos, personal y el cuidado del predio, pero enfrentan la imposibilidad de generar ingresos para sostener su cuidado.
Le puede interesar: Soterrar el alumbrado público de Bogotá: las propuestas que buscan la obligatoriedad
“Tenemos una casa que amenaza ruina y no hemos obtenido licencias para restaurarla y poder habilitar, por ejemplo, un ecohotel que ayude a financiar la protección del predio. Tampoco nos han autorizado un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) ante Patrimonio, para buscar una solución. A esto se suma el gasto en vigilancia privada para frenar a delincuentes y caminantes informales, que ingresan desde La Calera y El Codito”, indica Botero, quien agrega que han ofrecido la finca en venta o conservación al Acueducto, al Distrito, a la CAR y a Parques Nacionales, pero todas la han rechazado por falta de presupuesto.
El caso condensa el choque estructural en los Cerros Orientales. De un lado, el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora (Resolución 1766 de 2016) prohíbe la tala no autorizada, sin importar si las especies son exóticas o nativas. Del otro, deja al descubierto la encrucijada de los propietarios privados, quienes asumen costos de seguridad e impuestos sin alternativas de uso sostenible ni incentivos como el pago por servicios ambientales. Mientras la CAR adelanta el proceso sancionatorio, la Hacienda Novita, de momento, queda inmersa en un proceso en el que los dueños deberán demostrar la buena fe de su accionar ante la autoridad ambiental.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Alexánder Marín Correa
Conoce más