Sí, los grupos insurgentes se relacionaron con los sectores de la población civil y partidos de izquierda que demandaban presencia estatal y rechazaban la exclusión política por parte de los gobiernos a lo largo del extenso conflicto armado en Colombia. Pero esto no implica que todos los sectores que hacían demandas se pudieran identificar o vincular con las guerrillas. Esta ha sido “una cuestión determinante para estigmatizar a los movimientos sociales o políticos, o a los sectores de diferentes comunidades campesinas y étnicas”. Así lo determina el Informe Final de la Comisión de la Verdad en el apartado sobre Insurgencias del volumen de Síntesis, Hallazgos y Recomendaciones, que contiene entre otras cosas, las conclusiones de la Comisión sobre la creación y actuación de los paramilitares, el rol del narcotráfico y la impunidad como un factor de persistencia del conflicto armado, entre otras.
La falta de entendimiento de la diferencia entre organizaciones sociales y grupos insurgentes ha desencadenado en la estigmatización y en la búsqueda de soluciones militares que reforzaron el conflicto armado. Todo esto, dice la Comisión, “ha llevado a recurrentes violaciones de derechos humanos, persecución, masacres, ejecuciones extrajudiciales, en una visión del enemigo interno que ha criminalizado por décadas a los movimientos y organizaciones sociales”. Por eso, Carlos Beristain, el comisionado de la verdad encargado de este capítulo, asegura que “hay que reivindicar la acción civil, las luchas por sus derechos, sus conquistas sociales, para contrarrestar esa equiparación del movimiento campesino, indígena y afro a las guerrillas, que ha tenido consecuencias nefastas”.
Con esa claridad, el apartado de Insurgencias recoge los cambios en la relación con los movimientos sociales, pero también con los grupos políticos de la izquierda legal . Sobre las guerrillas, el informe también aborda dos de los temas que han generado mayor controversia en los intentos de salidas negociadas al conflicto: las violaciones al DIH y su relación con el narcotráfico, que puede encontrar en este artículo.
Las guerrillas y la gente
Lo han dicho reiteradamente los estudios sobre el conflicto en Colombia: los grupos armados llegaron a sustituir las funciones del Estado en los territorios donde este no tuvo presencia integral, más allá de la Fuerza Pública. El Informe Final de la Comisión lo reafirma como un factor de persistencia del conflicto armado: “el Estado ha mostrado una incapacidad o limitación a la hora de integrar ciertos territorios y poblaciones, y sus políticas de integración o presencia han sido selectivas con ciertos territorios conflictivos, y muchas veces limitadas al poder militar”.
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Por eso, desde sus orígenes en los años 60 y 70, los grupos insurgentes lograron vínculos sociales y políticos con la población al canalizar sus demandas en torno a la desigualdad en acceso a la tierra e inseguridad en títulos de propiedad, y exclusión política, que, según explica el Informe, se acrecentó con la lógica del “enemigo interno” y el “peligro comunista” durante el acuerdo bipartidista del Frente Nacional. La estigmatización se hacía evidente en aspectos tan básicos como denominar “zonas rojas” a los lugares donde había asentamientos guerrilleros y donde la población civil fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario para que no apoyara a las guerrillas.
La relación de estas con la población tenía múltiples formas. Para la Comisión, es importante entenderlas porque “da cuenta de los desafíos para impulsar la construcción de paz desde diferentes territorios”. Hubo relaciones por afinidades políticas; como una relación pragmática y oportunista para el control territorial y de las economías ilegales; e incluso hubo relaciones de oposición y rechazo, que en algunos territorios permitió la expansión paramilitar en años posteriores. Sin embargo, en la mayoría de los casos tenía un enfoque militarista que, dice el informe, por la vía de las armas “implicó la regulación de las actividades económicas de las comunidades, además de la injerencia en la resolución de los conflictos de la vida comunitaria”.
Este control armado se instauró en zonas de colonización en donde los lazos sociales apenas empezaban a tejerse y no había estructuras de autoridad definidas pero fue más difícil de desarrollar en zonas donde ya había cohesión comunitaria y autoridad, estatal o de comunidades étnicas, como en el Cauca. Pero en todos los casos terminó generando resistencias en la población civil por “la imposición de órdenes sociales con fusil en mano (...) que los obligaba a hacer tareas funcionales a su guerra, exponiendo a la gente frente a sus contrarios”, por lo que terminaban reclamando su autonomía y finalmente eran considerados “poco fiables o enemigos”.
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La agenda propia de las organizaciones
Esa relación de las guerrillas con la población civil muestra que el conflicto no solo implicó a actores armados. De parte de las organizaciones, lo que inició como una simpatía política de sectores sociales, estudiantiles y partidos de izquierda, con la agudización del conflicto armado y las afectaciones a civiles de los años 90 se transformó en “distanciamiento, reclamo de autonomía y abierta crítica a las armas”.
Para Beristain, por esa razón, debe entenderse la diferencia entre “la afinidad ideológica y la participación directa en el conflicto armado. “Cuando uno investiga cómo es posible que se haya dado el genocidio de la Unión Patriótica, mucha gente nos dijo ‘Es que, para ellos, nosotros éramos las Farc, aunque nos quedamos haciendo política” y a la UP la exterminaron en la acción política y no en la armada”, relata.
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Y lo dice el Informe: “La Comisión insiste en que las afinidades políticas y simpatías ideológicas no significan pertenencia ni subordinación a las estructuras guerrilleras, y que no hay justificación alguna para la estigmatización, la persecución o la eliminación de los miembros de movimientos políticos y sociales”. Para la entidad, el Estado debía investigar si miembros de las organizaciones habían cometido delitos desde las leyes nacionales, la Constitución y el estándar internacional, y no debían ser los actores armados los encargados de señalar y castigar. Un aspecto que considera fundamental para restaurar la confianza.
El llamado también es hacia los grupos armados. El Informe señala que, en efecto, tratan de infiltrar e instrumentalizar la protesta social como parte de su modus operandi, pero esto dejó vulnerables a los procesos sociales e incrementó sus desafíos. “La Comisión hace un llamado a este reconocimiento y a que se respete por parte de los diferentes grupos insurgentes aún activos esta independencia, así como las demandas y propuestas desde las víctimas, las comunidades afectadas y los movimientos sociales”, dice.
Es una forma de reivindicar la acción civil de los movimientos sociales, partidos y organizaciones, que tienen su propia agenda, según Beristain. “Hay una invisibilización de la sociedad civil, como si unos fueran instrumentos de otros. Organizaciones como el CRIC, el movimiento campesino, la ANUC, con agenda propia han sido señalados como parte de la guerrilla y esa invisibilización ha tenido consecuencias nefastas porque les ha convertido en el enemigo a exterminar”, explica.
“Cuando uno investiga cómo es posible que se haya dado el genocidio de la Unión Patriótica, mucha gente nos dijo ‘Es que, para ellos, nosotros éramos las Farc, aunque nos quedamos haciendo política” y a la UP la exterminaron en la acción política y no en la armada”.
Comisionado Carlos Berinstain
Más allá de la combinación de las formas de lucha
Las guerrillas no fueron brazos armados oficiales de los partidos políticos. Ese no fue un patrón en Colombia, la única excepción es la del Epl con el Partido Comunista- Marxista Leninista. Y pese a que durante el nacimiento de las Farc, con las autodefensas campesinas originadas de la represión bipartidista, esta guerrilla tuvo afinidades con el Partido Comunista, la Comisión señala que “el Partido no era el brazo político de las FARC-EP ni tampoco las FARC-EP fueron el brazo armado del partido”.
La posterior decisión de la llamada “combinación de todas las formas de lucha” generó grandes debates, pero fue la forma de resolver las diferencias entre quienes defendían la salida negociada y quienes defendían la lucha armada. Esa relación tuvo tres fases según el informe: Hasta mediados de los 70, las Farc fueron funcionales a los planes del Partido; a partir de allí y hasta mediados de los 80 el accionar de las Farc empezó a perjudicar el trabajo de la militancia en zonas de proselitismo legal; y, finalmente, en 1987 en el V Plenum, el Partido votó por la ruptura con las Farc y la búsqueda de la independencia.
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Esa identificación de la izquierda legal con la lucha armada trajo consecuencias nefastas. La mayor muestra fue el genocidio de la Unión Patriótica, partido creado durante el acuerdo de Belisario Betancur con las Farc en La Uribe (Meta) y conformado tanto por excombatientes, como miembros del Partido Comunista, como de otros sectores afines. Pese a la resistencia de élites locales y partidos tradicionales, la UP logró hacer elegir 14 congresistas, 18 diputados en 11 asambleas, 335 concejales en 187 concejos.
Pero la violencia los anuló. Según cifras de la Comisión y de la JEP, fueron 8.300 víctimas de todas las violaciones, incluyendo atentados, torturas, desplazamiento forzado, amenazas o violencia sexual, entre otras. “De ellas, 5.733 fueron muertos y desaparecidos, es decir, el 60 % de las violaciones cometidas contra miembros o simpatizantes de dicho partido, lo que muestra una proporción de violencia letal orientada a acabar con el grupo político. No hay en la historia de Colombia ni en el mundo otro partido que haya sufrido un nivel de victimización similar”, dice el Informe.
Tras la separación del PCC con las Farc, el genocidio de la Unión Patriótica y el proceso de paz con el Epl y el M-19 que desembocó en la Constitución de 1991, la división fue mayor: mientras las Farc llamaban a la clandestinidad como única opción, los líderes de la UP insistían en el cese definitivo de la lucha armada. Y sin embargo la estigmatización siguió para los partidos legales. Para Beristain, esto deja una conclusión: “La llamada combinación de formas de lucha y la articulación de las armas con la política ha sido nefasta en el caso colombiano. Para construir la paz, hay que sacar las armas de la política”.