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Hace una semana, el presidente Abelardo de la Espriella le ordenó al Ministerio de Educación que iniciara una vigilancia inmediata a la Universidad de Pamplona, una de las universidades públicas más conocidas de Norte de Santander, tras recibir una serie de “denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido”. En respuesta, esa cartera publicó un comunicado en el que dijo que estaba en curso una investigación administrativa sancionatoria, la cual inició el 4 de septiembre.
La orden del presidente llegó en medio de un panorama de zozobra por el futuro de la rectoría de la universidad, pues, si bien el Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó el 5 de octubre el calendario para designar rector, buena parte de la comunidad educativa asegura que no se ha descartado la idea de reformar las reglas de juego para elegir a la persona que ocupará ese cargo. De hecho, el Ministerio de Educación, en respuesta a un derecho de petición, les pidió a los consejeros que no las cambiaran en medio de este proceso de designación.
Para entender mejor la compleja situación por la que atraviesa la Universidad de Pamplona, hay que regresar a un par de meses atrás. El 2 de julio de 2026, el Consejo de Estado emitió un fallo en el que anulaba la designación como rector de Ivaldo Torres, quien había sido nombrado en diciembre de 2024 para estar un tercer período consecutivo al frente de la universidad. La otra fecha clave es el 31 de julio, cuando el CSU declaró la vacancia en este cargo y encargó la rectoría a Laura Villamizar Castillo, que se venía desempeñando como vicerrectora académica.
Desde entonces, en los pasillos de la Universidad de Pamplona la pregunta ha sido la misma: ¿cuándo se va a elegir al nuevo rector o rectora? Esta incertidumbre, a ojos de Luis Alejandro Martínez, integrante del movimiento estudiantil Súmate Unipamplona, incrementó después de la primera semana de octubre, cuando, advierte, existía el riesgo de que se “generara una crisis institucional, porque ya habría una vacancia absoluta en la rectoría. El estatuto del CSU no contempla que pueda haber una prórroga a ese encargo”.
La norma de la que habla Martínez, también presidente de FedeJoven, una organización estudiantil, es el Estatuto General, que fue expedido en 2002 y se caracteriza por ser “la base y la estructura jerárquica principal que rige la vida institucional, administrativa y académica” de la Universidad de Pamplona. El artículo 31 de ese documento señala que, ante una vacancia definitiva, el CSU puede “designar a un rector encargado hasta por 45 días” y, una vez elija, deberá “iniciar de inmediato el proceso para nombrar al titular”.
Sin embargo, en el acuerdo 047 del 31 de julio de 2026, por medio del cual se designó a Villamizar, solo se verificó que reunía los requisitos; pero no aparece un cronograma para elegir al nuevo rector o rectora. El problema, indica Jorge Rojas Pacheco, quien fue uno de los 18 candidatos a la rectoría en 2024, en un derecho de petición, es que ese plazo otorgado por el CSU vencería el 6 de octubre, cuando se cumplían los 45 días del encargo. La omisión en el calendario, explica Martínez, es la que llevan reclamando desde el 31 de julio.
Como respuesta a esta situación, el CSU aprobó y publicó el lunes, 5 de octubre, otro acuerdo (069), en el cual fija el calendario de designación de rector o rectora. Allí detalla que del 13 al 16 de octubre se realizará la publicación y divulgación de la convocatoria; y, entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre, será la inscripción de candidatos.
Después, entre el 4 y 10 de noviembre, el Consejo se encargará de revisar las hojas de vida y el 17 de noviembre publicará la lista preliminar de candidatos o candidatas a la rectoría. Finalmente, el 10 de diciembre se llevará a cabo la sesión del CSU donde se designará a la persona que estará en la rectoría de la Universidad de Pamplona, que para este año cuenta con un presupuesto de aproximadamente COP 277.010 millones, según el CSU. Además, tiene una incorporación gubernamental de COP 8.611 millones.
La incertidumbre que todavía persiste es quién estará al frente de la universidad entre el vencimiento del encargo y la designación del nuevo rector. Fuentes cercanas al CSU le dijeron a El Espectador que lo que se conoce, hasta ahora, es que, sin sustento legal, hay una prórroga del encargo, una medida que, agrega, consideran ilegal.
El problema, a los ojos de Martínez, es que han notado “que este proceso de designación de rector se ha venido dilatando. Desde hace mes y medio pretenden impulsar una reforma dentro del CSU”. Y esta reforma es la que no termina de convencer a buena parte de la comunidad educativa.
¿Nuevas reglas para elegir rector en la Universidad de Pamplona?
La idea de reformar las reglas para elegir rector, sin embargo, no es nueva en esa universidad. Como cuenta Jesús Durán, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) seccional Pamplona, este proceso ya se había intentado durante la rectoría de Elio Serrano, en 2012, cuando se contrató una firma para hacer los cambios, pero, agrega, “no hubo eco dentro de los estamentos universitarios”. Luego, hace un año, dice que planteó a la junta de ASPU seccional Pamplona modificar los artículos 25 a 28, pues no “era lógico que para ser rector de la universidad hubiese unos requisitos tan laxos, mientras que a un profesor de planta hubiese más exigencias”.
Augusto Brugés, dirigente sindical, recuerda que desde la organización también plantearon una propuesta que sometieron a consideración del Consejo Superior, y que tuvo un proceso de discusión al interior del sindicato, pues buscaban fortalecer los requisitos de los aspirantes y la participación de todos los estamentos, especialmente el administrativo. “Lo que pretendemos es que se establezcan unas reglas claras de selección y de cualificación (…) es una propuesta que no está hecha a medida de una persona o una coyuntura en particular”.
El borrador de reforma a este estatuto que hoy circula en los pasillos de la Universidad de Pamplona, cuya autoría final no es clara, recoge gran parte de esa preocupación. En el documento se lee que entre las exigencias para ser rector estará tener una maestría o doctorado, cinco años de experiencia docente y cinco años en cargos directivos de universidades. Hoy, en cambio, basta con que el candidato cuente con una de estas dos experiencias.
También hace un cambio a lo ordenado por el Consejo de Estado el 2 de julio de 2026: que la inscripción de los aspirantes sea por internet y no presencial en Pamplona, como se exigía hasta ahora. Además, vuelve vinculante la consulta a la comunidad educativa, en la que el peso del voto varía de acuerdo al estamento: los profesores tendrían el 40 %, mientras que los estudiantes el 35 % y los egresados el 15 %. El 10 % restante sería de los administrativos. Estos resultados dejarán a los tres finalistas, entre los que elegirá el CSU al rector o rectora.
Otro de los cambios que busca la reforma es que los directivos que quieran postularse a este puesto renuncien o pidan una licencia dos meses antes del cierre de las inscripciones. Sin embargo, la preocupación desde diversas organizaciones estudiantiles, como la Veeduría Somos Libres, no es por las transformaciones de la reforma, sino por los puntos que se están eliminando, como la frase en la que se indica que el rector se puede reelegir “por un solo período”.
Lo cierto, como lo comenta Martínez, es que para aprobar cualquier cambio en el estatuto, se necesitan seis de los nueve votos del CSU, que preside William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander. Y ese número, advierte, no se ha alcanzado. “Han intentado presentar la reforma en tres o cuatro sesiones del CSU, pero no han alcanzado la votación necesaria”, dice.
Los líos que apartaron a Torres de la rectoría
Sobre la reelección del rector, el Consejo de Estado fue claro y apuntó que “solo podría desempeñar ese cargo por dos períodos consecutivos”. Esta sentencia se originó después de que fuera demandada la última designación de Torres, cuyo camino en la rectoría comenzó en 2016, cuando fue elegido para el período 2017-2020. Posteriormente, en agosto de 2020, el CSU lo reeligió sin convocatoria gracias a una regla del Estatuto, que establece que el rector que cumpla más del 80 % de las metas de su plan de gestión puede ser reelegido. La Veeduría asegura que obtuvo 85 %, con lo que aseguró su segundo mandato, entre 2021 y 2024.
Aunque el período oficial de Torres terminaba el 31 de diciembre de 2024 y no podía acceder a una nueva reelección, entre la lista de los 18 candidatos aparecía su nombre. Martínez, del movimiento estudiantil, recuerda que hace dos años, cuando hubo un paro académico y estudiantil, se comprometió a no volver a aspirar a la rectoría. “Vimos todo lo contrario”, agrega. Fue designado como rector de la Universidad de Pamplona, comenzando su tercer período.
Sin embargo, seis ciudadanos demandaron este proceso. El Consejo de Estado falló a su favor, dándoles la razón en dos puntos. El primero fue sobre la reelección, pues, basados en el Estatuto, solo se permite reelegir al rector una vez. El otro punto tiene que ver con la inscripción, pues a los ojos del alto tribunal, exigir que los aspirantes lo hicieran en persona en Pamplona vulneraba el derecho a participar. Esta decisión terminó apartando a Torres del cargo.
Jesús Durán, quien también es profesor de planta del programa de Administración de Empresas, dice que, si bien se acogen a la sentencia, “no la compartimos ni estamos de acuerdo. Tenemos que acoger las directrices del Consejo de Estado, pero creemos que se debe hacer la reforma de los estatutos para la elección del nuevo rector”.
El Espectador buscó a Laura Villamizar, rectora encargada, para conocer más detalles de esta posible reforma, pero desde su oficina de prensa señalaron que no se iba a pronunciar, porque “esta reforma se trataba de un chisme”. También se contactó con Ivaldo Torres, pero, al cierre de la edición, no recibió respuesta.
Aunque la rectora encargada no habla directamente de una posible reforma a los estatutos, el Ministerio de Educación, en una respuesta que le envió a Rojas Pacheco el 5 de octubre, confirma que esta propuesta sí llegó a la mesa del CSU y que, en la sesión del 22 de septiembre, se sometió a consideración. Sin embargo, en esta sesión no pasó porque “no obtuvo los votos requeridos para su aprobación”.
Ese mismo día, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, a cargo de Juan Pablo Sierra Forero, le envió una “medida conminatoria” a los integrantes del CSU, que, ahorrándonos las partes técnicas, es un llamado de atención formal en el que les pidió no "alterar los requisitos sustanciales vigentes de acceso al cargo" mientras avanza el proceso, y elegir al rector titular con las reglas que hoy existen. Con este llamado, aclara la cartera, no le está quitando al CSU la facultad de reformar sus estatutos, sino, advierte, lo que pide es que no se hagan escudándose en el fallo del Consejo de Estado, porque no contiene "una orden de modificación del Estatuto General".
Por el momento, el Ministerio de Educación avanza en la investigación sancionatoria que abrió con la Resolución 024428 y toda la comunidad está a la espera de publicar los resultados de la visita preventiva que hizo el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre. Mientras tanto, la incertidumbre persiste en la Universidad de Pamplona. Dicen que para ellos, al día de hoy, existe un vacío definitivo en la rectoría.
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Por Paula Casas Mogollon
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