“Con muchos años de atraso adelantarán esta investigación”: la denuncia de Valle sobre Uribe

Las masacres de La Granja y El Aro (Ituango), el 11 de junio de 1996 y el 22 de octubre de 1997, son dos de los hechos por los cuales Álvaro Uribe Vélez fue llamado a indagatoria ante la Fiscalía. El ente investigador busca establecer la posible responsabilidad del expresidente en esos crímenes, así como en el asesinato del abogado líder y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la conformación de un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia). Los cuatro expedientes llevan casi tres décadas en poder de la justicia sin avances. Solo hasta ahora, el líder natural del Centro Democrático fue vinculado formalmente a la investigación.

Estos hechos fueron ampliamente denunciados durante años por el abogado Valle Jaramillo, quien era un conocido líder social, defensor de derechos humanos y concejal del municipio de Ituango. Fue asesinado por tres sicarios el 27 de febrero de 1998, en su oficina ubicada en el centro de Medellín. “Debido a las constantes denuncias realizadas por el defensor de derechos humanos en contra de la administración departamental, de la fuerza pública y de los paramilitares que operaban en Ituango, el aquí procesado, por intermedio de su secretario de gobierno, pudo haber determinado a Carlos Castaño para que se ejecutara este homicidio”, sostiene la Fiscalía.

Justo el 13 de junio de 1997, Jesús María Valle Jaramillo entregó una declaración a la Fiscalía en Medellín en la que señaló que Uribe Vélez, como gobernador de Antioquia, habría omitido proteger a los habitantes de su municipio y no habría tomado medidas contra las operaciones conjuntas de fuerza pública y paramilitares. El Espectador recuperó la denuncia del abogado y defensor de derechos humanos y la reproduce íntegramente.

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La denuncia de Jesús María Valle sobre la violencia en Ituango

En la ciudad de Medellín, a los 13 días del mes de junio de 1997, compareció ante este despacho el profesional antes citado con el objetivo de rendir declaración conforme a lo dispuesto en resolución precedente. Para el efecto se le impuso el juramento de rigor y se le hicieron las advertencias de ley, con la cual prometió decir la verdad en esta declaración.

Preguntado por sus condiciones civiles y generales de ley, contestó: me identifico como ya aparece, soy hijo de Jesús y Blanca, nacido en Ituango (Antioquia), con 54 años de edad, soltero, abogado en ejercicio, concejal del Municipio de Ituango (Antioquia) en la actualidad.

Preguntado: ¿Cuánto hace que reside usted en esta ciudad de Medellín?

Contestó: resido en Medellín hace más de cincuenta años; viajo permanentemente a Ituango, sobre todo en los últimos seis años, períodos en los cuales he sido concejal de ese municipio, y he trabajado en contacto permanente con las comunidades del perímetro urbano de ese corregimiento y de los corregimientos de Santa Lucía, Santa Ana, La Granja y Santa Rita.

Preguntado: dado el contacto suyo con el municipio de Ituango, infórmenos si conoció usted a Jaime de Jesús Sepúlveda Arias, María Graciela Arboleda Rodríguez, William de Jesús Villa García y Héctor Hernán Correa García.

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Contestó: Sí los conocí, son personas que vivían en el corregimiento de La Granja; a los tres últimos y el primero, era profesor director del politécnico que tenía su residencia en el perímetro urbano. Todos ellos fueron asesinados por un grupo de hombres armados que se hacían pasar por autodefensas y que, para poder cometer el delito, hicieron un recorrido, de Caucasia a la Nueva Vía, de la Nueva Vía a San Andrés de Cuerquia, de San Andrés de Cuerquia al Valle, del Valle al perímetro urbano de Ituango; y de Ituango, en un trayecto de dos horas, al corregimiento de La Granja.

En San Andrés de Cuerquia, por donde pasó el grupo, hay comando de Policía. En Ituango, en esa época, había comando de Policía y había Ejército. Desconcierta que los tres asesinatos de esas tres personas en La Granja y el asesinato del profesor Sepúlvera en el municipio de Ituango se hubiesen hecho sin que la Policía y el Ejército se hubiesen dado cuenta y, al mes, sin que el secretario de Gobierno departamental, doctor Pedro Juan Moreno, se hubiese dado cuenta.

Preguntado: infórmenos de manera concreta cómo operaba el grupo de autodefensas que, según lo ha dicho, llevó a cabo los hechos a que antes se refirió.

Contestó: con antelación a la masacre ocurrida en La Granja, se venía rumorando que el municipio de Ituango iba a ser visitado por las autodefensas de Córdoba y Urabá; ese grupo fue el que cometió la masacre de La Granja, y dos o tres meses después el grupo se radicó en el perímetro urbano del municipio de Ituango, en forma permanente, dejando o fijando allí domicilio mismo con conocimiento del Comando de la Policía y del Ejército. En forma oportuna fueron avisados el señor comandante de la Cuarta Brigada, general Manosalva; el doctor Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno departamental; y personalmente al doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia.

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En presencia de los doctores Gabriel Restrepo y del defensor del Pueblo en Antioquia, le pedí al señor gobernador que protegiera a la población de mi municipio ante la presencia de ese comando paramilitar armado. Comando que en el mismo perímetro urbano, en presencia de la Policía y en presencia del Ejército, había asesinado a varias personas. Ese comando sigue operando actualmente en Ituango y yo personalmente, que le elevé una petición por escrito al señor gobernador de Antioquia, no he recibido ninguna respuesta.

En este momento, el municipio de Ituango y los corregimientos de La Granja, Santa Lucía y Santa Ana viven una situación de incertidumbre porque prácticamente en Ituango la situación de orden público la maneja el comandante “Junior”, coordinador de las autodefensas allí. “Junior” es el que dice qué mercados y qué cantidad de mercados pueden llevar los campesinos a zonas apartadas de la región, porque los dueños de las tiendas comunitarias de los corregimientos fueron asesinados o fueron desaparecidos o fueron expulsados de la región. Es una situación de incertidumbre; la sabe el gobernador, la conoce el secretario de Gobierno y ellos dos han observado un comportamiento omisivo.

Sería bueno saber sobre esta ola de muertos, que yo calculo en más de 150 personas, qué oficios ha recibido el señor gobernador por parte de la Personería del municipio de Ituango, por parte de la Alcaldía, por parte de la Policía y por parte del teniente del Ejército radicados en el perímetro urbano. Cuando en defensa de la población yo pedí la protección del gobernador y la solicité ante el doctor Pedro Juan Moreno, la única respuesta que recibí del doctor Pedro Juan era que lo denunciara penalmente. Esa solicitud que elevé ante el secretario de Gobierno departamental, antes de que se instalara el comando paramilitar en Ituango, la hice en presencia del doctor Milagros López, alcalde municipal de Ituango, del personero y de los concejales Germán Moreno y Fredy Rendón.

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En ocasión recibí una respuesta escrita del doctor Pedro Juan Moreno. Después de esa primera visita fueron asesinados Roberto Graciano, que tenía una tiendecita en Ituango, y fueron asesinadas otras 70 personas; una de ellas fue bajada de la ambulancia y asesinada en la carretera. No puedo precisar la fecha. En medio de la tristeza por el asesinato que se había cometido contra Roberto Graciano y con el herido de la ambulancia. Fui a Procuraduría y hablé con el señor procurador, doctor Jorge Juan Barrera, aquí en Medellín, para que programara una visita urgente al municipio de Ituango.

El señor procurador la organizó en tres ocasiones, pero a última hora la Gobernación no le prestó el helicóptero prometido y la ola de sangre continuaba en un municipio que no tenía los fenómenos de violencia que se dan en Urabá. En Ituango no hay partidos de izquierda, no hay partido comunista. El Concejo está integrado por concejales liberales y conservadores y por tres concejales de un movimiento cívico, sin ningún entronque.

Como continuaba la ola de asesinatos en Ituango y se sabía con nitidez que era el comando paramilitar el autor por la forma pública como venía operando, le pedí protección y una cita al doctor Álvaro Uribe Vélez, persona con la cual, como concejal, yo venía trabajando desde el Concejo, ya que los trece concejales en forma unida respaldábamos al señor alcalde y, por supuesto, a los proyectos educativos y de saneamiento fiscal que había implantado el doctor Álvaro Uribe Vélez. Solicité la entrevista con el doctor Álvaro Uribe para plantearle la situación de orden público y no recibí respuesta.

Esa situación me obligó a pedirle protección al defensor del pueblo en Antioquia, concretamente al director, un doctor de nombre Álvaro, y al doctor José Gabriel Restrepo, también de la Defensoría del Pueblo. Por conducto de la Defensoría logramos la entrevista con el gobernador y allí de nuevo le expuse los asesinatos que se venían cometiendo. El gobernador se sintió extrañado por la presencia del defensor del Pueblo y, ante la solicitud de protección para la población civil y mi denuncia de la existencia del grupo paramilitar, lo único que propuso fue una comisión de neutralidad y señaló una fecha donde iría el doctor Jaime Jaramillo Panesso.

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Como yo conocía la situación y fui el que denuncié los hechos, yo consideraba que yo iba en esa comisión para poder hacer claridad con la comunidad. Sobre todo sobre la restricción de movilización de mercados, de transporte y de enfermos. Esa comisión de neutralidad se organizó y a última hora no se quiso llevar a la asamblea de la neutralidad presidida por el doctor Jaramillo Panesso. Esa comisión fue una vez, se comprometió a volver a Ituango y hasta el presente no ha regresado, y el comando paramilitar sigue operando en la actualidad en el municipio.

Esa comisión la propuso el doctor Álvaro Uribe Vélez en mi presencia y en presencia del defensor del pueblo y del doctor José Gabriel Restrepo. Sería bueno ver qué actas se levantaron en Ituango, en el Concejo Municipal, donde se efectuó la reunión, y qué informe se le rindió al señor gobernador de Antioquia. En la reunión con el gobernador, yo le pedí que interviniera directamente él, porque la neutralidad de la población civil no se podía plantear existiendo la Constitución de 1991, donde se consagran derechos humanos como la vida y la integridad personal, y que no se podía plantear neutralidad frente a un grupo delincuencial como las autodefensas de Urabá y Córdoba. No plantear esa neutralidad así implicaría una posición conveniente y exclusiva con la criminalidad organizada.

Yo le manifesté al gobernador que la forma como se venían cometiendo los crímenes en Antioquia era porque existía un pacto subterráneo entre la Gobernación, la Cuarta Brigada, el comando de Policía y Carlos Castaño. Yo creo que por esta denuncia que le hice en presencia del defensor del Pueblo y del doctor José Gabriel Restrepo no se me quiso llevar como integrante de la comisión de neutralidad, aduciendo el doctor Jaramillo Panesso que no había cupo, cuando en ese viaje llevaron periodistas y todo. También le pedí protección para la población civil al general Manosalva en presencia del defensor del Pueblo, a quien le dijo que había un comando paramilitar en el municipio de Ituango.

Es decir, agoté todas las instancias solicitando protección. Cuando supe de la muerte de William Villa García, Graciela Arboleda, Óscar Jaramillo y del profesor Sepúlveda, sucedidas estas muertes, yo fui personalmente a La Granja y fui solo porque allí nadie se hizo presente ni de la Alcaldía, ni de la Personería, del comando de la Policía, ni del Ejército. Y con profunda tristeza lo dije, ni de la Fiscalía seccional o local. Solo aparecieron los ataúdes enviados por el municipio porque estas familias no tenían siquiera cómo enterrar a sus muertos.

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Después de estos cuatro asesinatos se han sucedido la desaparición y asesinatos de Óscar Jaramillo, Aristóbulo Quirós, Roberto Graciano, Antonio Giraldo, Ramón Saldarriaga López, Humberto de Jesús Huerta, Marco Julio Jaramillo, Jorge Espinosa, Armando Álvarez Calle y 100 personas más. Y no he encontrado que el gobernador me diga: va una comisión para Ituango de tipo administrativo a ver qué ocurre en Ituango. Por ello yo considero que el gobernador de Antioquia ha incurrido en un comportamiento omisivo. Y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual.

Que a este proceso se arrimen las actas de levantamiento de cadáveres, la carta que yo envié al señor gobernador pidiendo protección, el acta de la comisión artificiosa de neutralidad y los testimonios de los familiares de las víctimas, donde se describe la forma triste como fueron asesinados Roberto Graciano George, Antonio Giraldo y un señor de apellido Castrillón. Y después de hacer esa indagación por esta Fiscalía, se envíe esa documentación a la honorable Corte Suprema de Justicia para que en esta entidad vea si se amerita dictar auto de cabeza de proceso contra el gobernador de Antioquia, el doctor Pedro Juan Moreno, por el delito de prevaricato por omisión.

Desde que elevé el primer petitorio de protección ante la Secretaría de Gobierno, en presencia del doctor José Milagros López, del personero y de los concejales Hernán Moreno y Jhon Fredy, aparecí en las listas de Carlos Castaño. Eso lo sé porque ya los amigos me informaron que me cuidara y que no fuera a Ituango. Esa es la razón por la cual no puedo viajar en carro a mi municipio cuando supe que no había puesto para mí en el helicóptero. Desde esa fecha, estoy esperando el golpe, porque me hice el propósito de denunciar esas 150 muertes de personas de mi pueblo. Y yo sigo creyendo que, eventualmente, muy tardíamente, que con muchos años de atraso, la Fiscalía y el órgano judicial adelantarán esta investigación. En ninguna parte del mundo ha vencido la criminalidad organizada a la judicatura.

Preguntado: sabe usted si las muertes que denuncia aquí y las desapariciones ya están siendo investigadas por algún despacho judicial.

Contestado, respondió: yo le informé de estas muertes corriendo los riesgos, al doctor Gustavo Gómez Areiza y al doctor Mancilla, y el doctor Mancilla tenía criterios encontrados desde el punto de vista investigativo y procesal. Decía que había que investigar cada muerte en forma separada. Yo consideraba que esto era un mismo comando y unos mismos hombres los que habían realizado esas muertes; debería adelantarse la investigación en una misma cuerda, es decir, en un solo proceso. Pero sé que la doctora Turizo, de la Fiscalía Regional, viene adelantando una investigación sobre estos mismos tópicos desde el año pasado.

Estas muertes que enuncié ocurrieron entre junio de 1996 y han continuado hasta hoy. En muchas de ellas, no habrá levantamiento de cadáveres porque las personas han sido lanzadas al río Cauca o desaparecidas. Hay una equivocada política en el manejo del orden público por parte del gobernador. Él ha querido acosar a la guerrilla, cerrándole toda fuente de suministros y ello explica, considero yo, que el comando paramilitar en la primera fase haya asesinado a todos los dueños de las tiendas comunitarias, por ejemplo como la muerte de Roberto Graciano, la desaparición de Aristóbulo y muchas muertes más.

Con la desaparición de todas estas tiendas comunitarias, tenemos una población de más de 20.000 habitantes, entre hombres, mujeres y niños, aguantando hambre. Porque el comandante “Junior” es el que solo autoriza mercados de COP 25.000 e Ituango es una población eminentemente rural. Hay 7.000 habitantes en el perímetro urbano y el resto en zonas muy apartadas y allí la gente tiene que mercar solamente en las ferias, cada mes. Desde el año pasado, el sufrimiento de la población rural es muy grande por las requisas permanentes del grupo paramilitar y por los muertos que se cometen.

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Se dice que Antonio Giraldo, presidente de la Acción Comunal, fue asesinado por el grupo paramilitar para quitarle la plata que llevaba para pagar a los obreros que trabajaban en la carretera. Yo le propuse a algunos miembros del Concejo que fuera la Cruz Roja la que interviniera en el control de mercados y no el grupo paramilitar. Esa labor es del alcalde, pero la ejerce el grupo paramilitar, ni siquiera el Ejército.

Preguntado: Qué sabe usted del comandante “Junior”, a quien señala como el dirigente del grupo paramilitar en Ituango. De dónde es, cuál es su nombre, qué nexos familiares, sus rasgos físicos.

Respondió: “Junior”, me dicen, porque no lo conozco, es un hombre joven. Lo debe conocer el alcalde, lo debe conocer el personero, lo debe conocer el comandante de la Policía radicado en Ituango, lo deben conocer todas las autoridades municipales porque en cuestión de mercados, de vigilancia, nada se hace sin su permiso. Las personas que quieren salvar la vida de otros hablan con “Junior”. Los curas párrocos hablan con “Junior” para poder pasar los mercados; todo hay que consultarlo con “Junior” y él se moviliza tranquilamente de Ituango a Medellín en los vehículos de servicio público.

Sospecho que sea un miembro con vínculos de la inteligencia militar y esa es la razón por la cual no ha intervenido la Cuarta Brigada ni el gobernador de Antioquia. Pero es desconcertante en el análisis criminológico lo siguiente: que el grupo paramilitar aparece fortalecido por traficantes de la droga y miembros del grupo paramilitar. Por los informes que tengo, han intervenido en ese tráfico. Ituango es el segundo o tercer municipio en mayor extensión; es decir, equivale a un departamento colombiano y allí hay siembras de amapola. Por ello veo equivocada la posición de algunos miembros del Ejército y de la Policía al apoyar al grupo paramilitar porque muchas veces, so pretexto de atacar a la guerrilla, están es fortaleciendo el tráfico de drogas y el tráfico de tierra.

Y el fenómeno opera así: matan a un joven, el padre se llena de tristeza y abandona su tierra y quien patrocina los paramilitares, hábilmente, compra la tierra y eso explica la creciente concentración de la tierra en manos de grupos paramilitares en los últimos 10 años. En Ituango hay tierras muy ricas, que van a quedar muy cerca del proyecto vial que tiene el gobernador, que une a Antioquia con la costa.

Preguntado: usted menciona que cuando ocurrieron las muertes de Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, María Graciela Arboleda, William de Jesús Villa García y Héctor Correa García, se desplazó a La Granja, en Ituango, con el fin de hacer sus propias investigaciones. Que logró esclarecer.

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Respondió: supuestamente que era un grupo extraño a la región, fuertemente armado y que venía de Caucasia o de Córdoba. Fue la primera incursión de ellos porque obraron con mucho susto y en forma muy apresurada y no encontraron a las personas que buscaban. Personas de ese mismo grupo se radicaron en Ituango porque previa a esa radicación hubo una reunión con concejales y comerciantes de Ituango, quienes fueron citados a una reunión en Caucasia para que financiaran el grupo paramilitar y les dieron en esa cita a Caucasia un número telefónico para consignar los dineros, todo ello relacionado con Carlos Castaño.

Es un grupo patrocinado directamente en Antioquia por ganaderos, hacendados, comerciantes y políticos. Por ejemplo, toda la fuerza política de Ituango está actuando alrededor y está haciendo una base de intervención de jefes políticos y de personas muy prominentes de la base militar de este grupo paramilitar de Ituango; es en Caucasia-Montería. Sobre otras integrantes del grupo en Ituango, no sé nada más. Quiero arrimar la siguiente documentación: carta enviada al señor gobernador fechada a 20 de noviembre de 1996, lista de personas asesinadas con fecha de diciembre 9 de 1996 y publicación que hizo el periódico El Colombiano, de diciembre 23 de 1996, a raíz de la visita de la comisión de neutralidad a Ituango, donde públicamente se hicieron las denuncias de los homicidios cometidos allí.

Quiero que se llame a declarar al doctor Jairo Correa, expersonero de Ituango; al rector del Colegio Apostólico, cura o sacerdote que acompañó a una reunión en el gobernador; y al cura párroco del municipio de Segovia en la actualidad, a quien le asesinaron a un hermano. También a Jaime Castrillón, a quien le asesinaron a su señor padre, Carlos Castrillón. Al conductor de la ambulancia de Ituango, que no sé cómo se llama, al inspector de Ituango, que es de apellido Úsuga.

No siento otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma con quienes en ella intervinimos.

Otrosí: Mientras el doctor Álvaro Uribe siga de gobernador con el criterio equivocado de orden público que maneja y lo acompañe allí el doctor Pedro Juan Moreno, exdirigente de Fedegán, solo podemos decir con el poeta: “Ven señora muerte, que soy un niño de sal sobre tu falda”.

Jesús María Valle Jaramillo.

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