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Desde que se supo que el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri habría impedido que los ciudadanos del municipio votaran en la revocatoria en su contra, y que habría cometido irregularidades en contratación, las autoridades le pusieron la lupa a su administración. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía abrieron investigaciones en su contra. En febrero del año pasado fue detenido, junto a su esposa, y de inmediato enviado a un juzgado quien ordenó que, mientras se desarrollaba la investigación, tendía en casa por cárcel.
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Pues este martes 3 de septiembre, un juzgado de Bogotá decidió revocar la medida de aseguramiento y ordenar la libertad inmediata de Echeverri. Pese a que en abril del año pasado otro juez había pedido lo mismo, el alcalde todavía tenía pendiente resolver el proceso que precisamente hoy se definió. Según la solicitud de defensa, a la Fiscalia se le venció el tiempo que tenía para pedir renovar la orden del juzgado que había determinado que Echeverri debía permanecer detenido durante el desarrollo de la investigación.
El juez del caso determinó que, efectivamente, a los investigadores se les vencieron los términos para hacerlo y que, en consecuencia, no había otra opción que ordenar la libertad del alcalde. De acuerdo con las pesquisas en su contra, Echeverri habría firmado un contrato que para fortalecer la historia e identidad cultural de Barrancabermeja por un valor de más de $348 millones. La investigación dice que ese convenio de cooperación lo suscribió la Secretaría de Desarrollo Social y lo ejecutó la Fundación para el Desarrollo Social y Científico (Fundesocol).
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En ese contrato, explicó la Fiscalía, presuntamente se vulneraron principios de transparencia y economía en la contratación estatal y desde los estudios previos, al parecer, ya se había determinado quién iba a ser el contratista. Por este caso, a Echeverri y a otros dos funcionarios de su alcaldía les imputaron los delitos de contrato sin cumplimientos de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Además, el alcalde es investigado por delitos electorales. En ese segundo proceso, la Fiscalía asegura tener pruebas suficientes para demostrar que Echeverri habría impedido que los ciudadanos del municipio participaran de la jornada en la que se definiría su revocatoria de mandato. Es decir, su salida de la Alcaldía. Por este caso, Echeverri y su esposa, Maryluz Núñez, fueron capturados en febrero de 2018.
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“En sus investigaciones, la Fiscalía identificó diversas irregularidades que habrían atentado contra la libertad de los electores y el desarrollo de la misma revocatoria, como maniobras engañosas para evitar que los electores fueran a las urnas, pago de dinero en efectivo, intimidación a empleados y funcionarios, utilización de planes de gobierno y retención de cédulas", dijo el organismo investigativo el año pasado, cuando informó sobre la captura de Echeverri y su esposa.
Con esta orden de libertad, ya no hay otra medida de aseguramiento en contra de Echeverri. El camino estaría despejado para que el alcalde regrese a su despacho, a poco tiempo de conocer quién será su reemplazo, y con los días justos para que pueda participar y apoyar a las candidaturas en el municipio que están a un poco menos de dos meses de definirse.
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