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Este martes 6 de abril estará en juego un aspecto fundamental en la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una audiencia pública, solicitada por la Fiscalía el pasado 5 de marzo, el fiscal a cargo de este proceso (Gabriel Jaimes Durán) llegará con un arsenal de argumentos -o eso esperan los involucrados en este tema- para explicarle a la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, cómo llegó a la conclusión de que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”. Una afirmación a años luz de lo que concluyó en su momento la Corte Suprema.
Este lío judicial comenzó para Uribe el 17 de febrero de 2018. Después de varios años en un rifirrafe con el senador Iván Cepeda, denunciándose mutuamente ante instancias judiciales y acusándose de buscar testigos para un favorecimiento personal y como manera de afectar al otro, la Corte Suprema de Justicia concluyó que, en el caso de Cepeda, la decisión debía ser un inhibitorio: a menos que hubiera nuevas pruebas, no había razón para abrir investigación en su contra. Para el exmandatario, sin embargo, el asunto tomó el rumbo opuesto: Uribe, dijo la Corte, debía ser indagado por posible manipulación de testigos.
Lo que pasó los días siguientes fue clave para la decisión que vendría en julio de ese mismo año: llamar al expresidente a indagatoria, es decir, vincularlo formalmente a una investigación en su contra. Y no solo a él, sino, de paso, al representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. “Como reacción a esa providencia judicial (la de febrero de 2018) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”, aseguró el alto tribunal cuando notificó públicamente su decisión. (El plan de trabajo del fiscal Gabriel Jaimes para el caso Uribe)
Lo que se vino a saber con más detalle en agosto de 2020, cuando la Corte ordenó la detención del expresidente-con lo que se convirtió en el primer expresidente del país privado de su libertad por orden judicial-, es que sus pesquisas la llevaron a concluir que Uribe, una vez supo de la orden de ser investigado, trató de manipular testigos. Y para ello, señaló entonces la Corte, recurrió a un abogado para entonces poco conocido, llamado Diego Cadena, con el fin de conseguir testimonios que lo favorecieran u obtener la retractación de un hombre que lleva años relacionándolo con el bloque Metro: Juan Guillermo Monsalve.
“Se aprecia [que Álvaro Uribe Vélez] actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”, dijo la Corte Suprema en el documento de 1.554 páginas con el cual resolvió la situación jurídica del entonces senador. El ajedrez de manipulación de testigos que Uribe presuntamente movió se dio en varios frentes. Juan Guillermo Monsalve, señaló la Corte, fue uno de ellos, uno importante, sin duda, pero no el único. Por eso mismo, para la Corte, era importante dejar a Uribe detenido: si -en su criterio- había tratado de obstruir a la justicia antes, podría seguirlo intentando. (Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)
Con respecto a Juan Guillermo Monsalve, varios aspectos encendieron las alarmas de la Corte, contra la cual, desde el inició, Uribe ubicó la pelea en un aspecto ideológico y aseguró que lo suyo era una persecución política antes que judicial. Palabras que se entienden mejor si se recuerda que, mientras fue presidente, Uribe y la Corte Suprema de Justicia fueron protagonistas de un choque de poderes mayúsculo cuando el alto tribunal comenzó las indagaciones por parapolítica, hacia 2005. En poco tiempo, alguien cercano a Uribe estaba ya en el radar de la Corte: su primo Mario Uribe.
Pelea de vieja data
El tema de la parapolítica, sumado a episodios como la condena que el alto tribunal impuso sobre la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, luego de que ella admitiera que “vendió” su voto al gobierno Uribe para que a este se le facilitara la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006, llevó la relación de la Corte y a quien en ese momento ejercía como jefe de Estado a un punto crítica. “A mí me preocupa muchísimo que prevalezca en algún sector de la Corte el amiguismo o el desafecto. Eso es prevaricar”, le dijo Uribe en 2010, en entrevista, a Fernando Londoño Hoyos, quien antes había sido su ministro del Interior y de Justicia.
En febrero de 2011, Mario Uribe fue condenado a siete años y seis meses de prisión por parapolítica. Cuatro años atrás, su nombre había surgido en medio de un capítulo que conectaba a la Corte y a Uribe: el de Tasmania, un paramilitar desmovilizado, llamado José Orlando Moncada, que aceptó enviar una carta asegurando que el coordinador de las investigaciones por parapolítica, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, le había ofrecido dádivas a cambio de enlodar a Uribe. Lo mismo que ahora dice el narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra sobre Iván Cepeda -quien se acreditó como víctima en este proceso- y Piedad Córdoba.
Tasmania, se sabría luego, tampoco redactó esa carta de su puño y letra. La elaboró quien entonces era su abogado, Sergio González, un conocido de Mario Uribe que trabajaba con varios paramilitares y que, incluso, llegó a gestionar una reunión en 2008 entre emisarios del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y funcionarios de confianza del entonces presidente Uribe como César Mauricio Velásquez -su secretario de prensa- y Edmundo del Castillo -su secretario jurídico-. ¿El motivo para reunirse? Al parecer, información sobre la Corte Suprema.
Sergio González fue condenado en primera y segunda instancia por su participación en lo que, diría después la justicia, fue un complot en contra del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez. Tasmania terminó aceptando que a él le ofrecieron $400 millones y una casa para su mamá para hablar en contra de Velásquez, pero en eso poco o nada ahondó la Fiscalía. El propio Sergio González admitió que le habló de la carta de Tasmania a Mario Uribe, camino por el cual la información llegó a oídos del presidente, quien ordenó al DAS investigar al respecto. (Álvaro Uribe, Mario Uribe y el fantasma de los falsos testigos)
En julio del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y al DAS por las actividades ilegales que se desplegaron en contra del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez durante el gobierno Uribe. El fallo halló responsable al Dapre por promover las actividades de inteligencia en contra de la Corte Suprema de Justicia, y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por ejecutar y realizar actividades de recolección de información. A Velásquez, para no ir más lejos, el propio gobierno le infiltró el esquema de seguridad.
De alguna forma, todos estos nombres volvieron a aparecer en el expediente contra Álvaro Uribe que estructuró la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos. En su decisión de agosto pasado, la Corte estableció, por ejemplo, que se abriera investigación contra Mario Uribe, orden que hasta ahora la Fiscalía no ha cumplido. La razón para indagar la conducta del político antioqueño es que, según el alto tribunal, él y un amigo suyo, un abogado llamado Samuel Sánchez, podrían haber entregado dinero a un testigo llamado Carlos Enrique Vélez.
Este hombre, alias Víctor, hizo parte del frente Cacique Pipintá de las autodefensas. Entre 2017 y 2018, Vélez envió un par de cartas a la Fiscalía aseverando que Iván Cepeda le había pedido “incriminar” a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez -este último, a la espera de que un juez lo halle culpable o inocente de nexos con el paramilitarismo en Antioquia-. Víctor, sin embargo, le dijo a la Fiscalía hace poco que Diego Cadena, exabogado de Uribe, lo buscó para ofrecerle $200 millones a cambio de que desmintiera a Alberto Guerrero -otro testigo contra Uribe- y de ayudarle a conseguir más testimonios en favor del expresidente.
Samuel Sánchez era defensor de alias Víctor y, según le dijo este abogado a la Corte Suprema, Diego Cadena le pidió gestionar con el exparamilitar las cartas a favor del expresidente. Cadena declaró lo contrario: que fue Sánchez quien se las entregó. Las revelaciones de Vélez ante la Fiscalía no eran nuevas tampoco. En 2019, el exparamilitar le dijo a la Corte Suprema que él y su abogado, Samuel Sánchez, “desde tiempo atrás habían hablado con Mario Uribe para ‘cuadrar’”. Vélez dijo que a él le pagaron por ello y la Corte encontró unos pagos de Mario Uribe a Samuel Sánchez entre 2015 y 2016 que podrían corroborar esa versión.
En estos seis meses que la Fiscalía tuvo el proceso a su cargo, Vélez fue llamado a rendir su testimonio bajo juramento, pero no ocurrió lo mismo ni con Mario Uribe ni con Manuel Sánchez. El otro frente en el que Uribe, en palabras de la Corte Suprema, habría actuado como “determinador” de este “entramado” fue en el del Tuso Sierra. El narco, que trató de colarse en el proceso de desmovilización de las AUC, admitió ante la Fiscalía en 2011 que él y otros jefes paramilitares habían estado detrás del complot Tasmania para izar una especie de bandera blanca con el gobierno Uribe.
A través de sus declaraciones, hace 10 años, Sierra también vinculó con actividades de narcotráfico a Santiago Uribe Vélez, lo cual rechazó de inmediato el ganadero y empresario. Hoy, sin embargo, su testimonio se ha vuelto esencial para la defensa del expresidente Uribe, pues el Tuso Sierra, bajo juramento, le dijo a la Fiscalía que en 2009 a él lo buscaron en una cárcel de Estados Unidos Piedad Córdoba e Iván Cepeda para que incriminara al expresidente Uribe, a cambio de conseguir asilo para él y su familia en Europa. A la Corte le envió dos cartas relatando, básicamente, lo mismo.
¿Por qué Uribe y sus abogados creen en la versión de un antiguo narco que trató de hacerse pasar por paramilitar para evadir su extradición a Estados Unidos y que, encima de todo, acusó a Santiago Uribe de beneficiarse del narcotráfico? Según le dijo Jaime Granados a este diario en una entrevista reciente, porque no se puede “desacreditar a las personas de antemano”, pues “cualquier juez, investigador o abogado debe llegar a la prueba, ver qué dice la prueba, analizar los soportes del testigo”. La Fiscalía llegó a Sierra, llegó a los hombres que habrían informado al expresidente Uribe de la versión de Sierra, pero no recogió la versión de otras personas que estuvieron con Sierra en la mencionada reunión de 2009.
El tema va mucho más allá de Mario Uribe o Iván Velásquez. La Corte Suprema condenó a muchos de los funcionarios más cercanos al expresidente, como a María del Pilar Hurtado, directora del DAS en la era Uribe, por seguimientos y “chuzadas” a, entre otros, magistrados de la Corte Suprema; así como a Bernardo Moreno, secretario de Presidencia, por la campaña de desprestigio que se orquestó contra la Corte. Diego Palacio, ministro de Protección Social, fue condenado por la llamada yidispolítica. Andrés Felipe Arias, por irregularidades en el programa de Agro Ingreso Seguro. La lista es extensa y, para Uribe, quien ha negado haber ordenado acciones ilegalts contra la Corte, esas condenas siempre tuvieron un tinte innegablemente político.
En 2018, al enterarse de que había sido llamado a indagatoria, la respuesta del expresidente Uribe fue anunciar que renunciaba al Senado. “Me siento moralmente impedido para ser senador”, dijo entonces. La dimisión, sin embargo, no se dio y Uribe se mantuvo firme en una postura: argumentar que, desde el inicio, la Corte no lo investigaba, sino que lo perseguía. Cuando se ordenó su detención en 2020, el exmandatario volvió a anunciar su renuncia, con dos diferencias: el problema ya no era su propia moral, sino la falta de garantías de parte de la Corte -que no le dio el espacio a la defensa de Uribe para contrainterrogar a Juan Guillermo Monsalve, por ejemplo-, y que esta vez Uribe sí abandonó su escaño en el Senado.
La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 24, 2018
La Corte Suprema concluyó que las pruebas contra Uribe eran “inequívocas”, y que de la red de testigos amañados él era el principal “beneficiario”. La Fiscalía llegó a la conclusión contraria: que Uribe no cometió delito alguno. El expresidente y su abogado principal para este caso, Jaime Granados, han insistido no solo en la inocencia del exmandatario, sino en el trabajo “sesgado” de la Corte. Hoy, la discusión se sale de esos cálculos y la Fiscalía, Uribe y la parte civil le dirán a la funcionaria Ortiz Rassa por qué él no debe ir a juicio, o por qué sí. Y será ella, jueza de la República, la que tome una decisión en primera instancia. Su palabra, eso sí, no será la final: si hay apelación, el caso llegará al Tribunal Superior de Bogotá.
Esta audiencia de solicitud de preclusión representa la primera vez que se discute de fondo el llamado caso Uribe por supuesta manipulación de testigos, uno de los procesos judiciales más importantes que se haya visto en los últimos años. El pasado 5 de marzo, la Fiscalía invitó a los ciudadanos a seguir la diligencia “para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”. Las víctimas acreditadas o que pidieron serlo -como los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo- y el propio expresidente Uribe esperan que esa promesa se cumpla.