El diálogo debe prevalecer sobre el uso de la fuerza: Defensoría sobre las protestas

La Defensoría reconoció que los sectores convocantes tienen el “legítimo derecho constitucional” a convocar y desarrollar las manifestaciones, expresar sus malestares sociales y sus diferencias con el Gobierno, y hacer visibles los reclamos de quienes representan.

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El primer reparo de la entidad es que el decreto “tiende a calificar de protesta violenta hechos que no necesariamente lo son, sino que se trata de actos que, aunque limitan el ejercicio de derechos de terceras personas, hacen parte del carácter disruptivo del derecho a la manifestación. Si bien esto resulta poco deseable, no es violencia”. Puso como ejemplos la obstrucción de vías o la interrupción de ciertos servicios o infraestructura.

Para respaldar esa lectura, citó al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “El derecho de reunión pacífica, por definición, no se puede ejercer mediante la violencia. […] La ‘violencia’ suele implicar el uso por los participantes de una fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes. Los empujones o la interrupción del tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituye ‘violencia’”.

El segundo reparo es que el decreto tiende a reducir la fase de diálogo y mediación a su mínima expresión, lo que daría paso al uso de la fuerza con ligereza. La Defensoría sostuvo que el despliegue de gestores de convivencia y equipos de diálogo es una acción necesaria, pero insuficiente para entender que con ello se agotó la mediación. En su criterio, “puede aumentar el riesgo de tensión social y escalamiento de la conflictividad social hacia la violencia”.

Ambos puntos coinciden con los cuestionamientos que congresistas de oposición han planteado en demandas de nulidad y en una tutela contra el decreto, entre ellos que el diálogo pasó de ser un deber a una opción y que se amplían los supuestos de intervención por bloqueos.

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“No es un problema de orden público ni de terrorismo”

La entidad subrayó que el llamado a las protestas en todo el país no constituye un problema de orden público ni de terrorismo y que, por tanto, las autoridades no deben abordarlo de esa manera. En una democracia, agregó, el derecho a protestar debe estar garantizado siempre, “independientemente de quién gobierne, de quién convoque las manifestaciones o de cuáles sean las demandas ciudadanas”.

Sobre las autoridades, recordó que su primera responsabilidad, tanto a nivel nacional como territorial, y la de la Policía es garantizar los derechos y prevenir las confrontaciones. La actuación de la Policía dentro de los límites constitucionales, señaló, fortalece su legitimidad y protege a sus miembros de enfrentar responsabilidades individuales por actuar bajo interpretaciones que el marco constitucional no ampara.

También indicó que las decisiones que restringen una manifestación deben responder a circunstancias concretas, a afectaciones suficientemente graves y a una evaluación estricta de necesidad y proporcionalidad, y que siempre deben privilegiarse las alternativas menos lesivas para los derechos.

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La Defensoría también hizo un llamado al respeto por el debido proceso. Recordó que ninguna persona puede ser tratada como culpable por el solo hecho de haber sido capturada y que, en el caso de extranjeros, su nacionalidad no elimina sus garantías constitucionales. La expulsión, dijo, debe ser una medida excepcional y no una consecuencia automática de la detención, y cualquier decisión en ese sentido tiene que ser individualizada, motivada y respetuosa del debido proceso y de las obligaciones internacionales del Estado.

La entidad les pidió a quienes convocan y lideran las marchas, y a la ciudadanía en general, actuar con responsabilidad y prudencia. Les solicitó hacer un llamado claro y explícito para que las movilizaciones sean estrictamente pacíficas, mantener abiertos los canales de interlocución con las autoridades, prevenir las confrontaciones y garantizar el tránsito de ambulancias, transporte escolar y organismos de socorro, así como el acceso a servicios esenciales.

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La violencia, recordó, “está prohibida y el Estado tiene la facultad y el deber de controlarla a través de los medios que el ordenamiento jurídico le da. Los actos de violencia que eventualmente se presenten deben ser investigados y atendidos conforme a la ley, individualizando las responsabilidades”. La Defensoría advirtió, además, que el mensaje de la protesta puede desdibujarse si la discusión pública termina girando en torno al vandalismo, a afectaciones desproporcionadas de derechos de terceros o, en el peor de los casos, a hechos de violencia.

La Defensoría informó que acompañará las movilizaciones, hará seguimiento a la actuación de las autoridades, promoverá la mediación y atenderá las situaciones que puedan poner en riesgo los derechos humanos. “La protesta debe ser escuchada, los derechos de todas las personas deben ser protegidos y la fuerza debe seguir siendo el último recurso”, concluyó.

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