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La Fiscalía General de la Nación recibió más de 80 denuncias sobre presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción que habrían sido identificados durante el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Abelardo de la Espriella. Los señalamientos fueron recopilados en un documento elaborado por el equipo de transición y serán analizados por las autoridades.
El vicepresidente José Manuel Restrepo fue el encargado de presentar algunos de los casos incluidos en el denominado “Libro de la verdad”. Entre ellos se encuentran cuestionamientos relacionados con el manejo de la deuda pública y los Títulos de Tesorería (TES), la delimitación del páramo de Santurbán, los contratos de Fonigualdad, la ejecución presupuestal del programa Colombia Mayor y la contratación en la Cancillería.
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Según Restrepo, el documento fue elaborado con la participación de un equipo élite anticorrupción, los equipos de empalme de los diferentes ministerios, un comité nacional y un grupo técnico encargado de sistematizar la información. El Gobierno también aseguró haber utilizado herramientas de auditoría forense e inteligencia artificial para revisar los procesos de contratación.
Durante la presentación, el vicepresidente aseguró que el “Libro de la verdad” contiene más de 82 actuaciones y que los cinco casos expuestos públicamente serían una muestra de un patrón que, según el Gobierno actual, se habría repetido en diferentes entidades estatales.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el manejo de la deuda pública. Restrepo señaló que se habría elevado del 50 % al 100 % el límite de adjudicación por emisión de títulos TES, bonos de deuda pública emitidos por el Ministerio de Hacienda. Además, advirtió sobre tasas de interés de colocación entre el 13 % y el 15 % y una concentración de vencimientos en 2026, 2029 y 2030.
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Otro de los casos mencionados corresponde a la delimitación del páramo de Santurbán. De acuerdo con el Gobierno, el Ministerio de Ambiente habría expedido resoluciones en las últimas semanas de la administración anterior que delimitaron 29.000 hectáreas del páramo y que, según el señalamiento, desconocerían un fallo de la Corte Constitucional. El documento agrega que la Procuraduría habría abierto expedientes disciplinarios por estos hechos.
En cuanto a Fonigualdad, Restrepo cuestionó el pago de COP 140.000 millones a una empresa temporal y señaló que, mientras la entidad avanzaba en su proceso de liquidación, se habrían suscrito contratos adicionales por COP 68.000 millones. Según el documento, la Contraloría habría calificado el riesgo como crítico.
El programa Colombia Mayor también fue incluido entre los casos denunciados. El Gobierno aseguró que el presupuesto destinado para todo 2026 se habría agotado en julio, lo que, según Restrepo, habría dejado sin financiación los pagos correspondientes a los meses siguientes para cerca de tres millones de adultos mayores.
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En la Cancillería, el Gobierno cuestionó la celebración de 785 contratos por COP 83.000 millones antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. También señaló gastos por COP 8.500 millones en sedes temporales con una duración de entre 90 y 120 días.
Restrepo sostuvo que los cinco casos presentados forman parte de un conjunto de más de 80 actuaciones y que el equipo anticorrupción ya trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
El documento también identifica nueve comportamientos que, según el Gobierno, se repetirían en distintos sectores de la administración pública. Entre ellos están la falta de rigor técnico, fallas en la capacidad tecnológica, opacidad de la información, parálisis operativa, concentración contractual, riesgo litigioso, pérdida del control operativo, fragmentación del Estado y restricciones en la capacidad fiscal.
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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que la información entregada será sometida a una revisión técnica y jurídica. “En un Estado de derecho toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas deben encontrar canales institucionales para su examen y cuando corresponda para la adopción de decisiones previstas por la ley”, declaró la funcionaria.
Camargo agregó: “Corresponderá a los fiscales competentes verificar los elementos aportados, contrastarlos con las pruebas que legalmente deban recaudarse y determinar dentro del marco constitucional y legal si existen fundamentos para adelantar actuaciones y adoptar decisiones”.
Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, anunció la integración de equipos élite de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar los casos denunciados. “Se busca que haya interoperabilidad de las pruebas, ganar tiempo para ser más eficientes y presentar pronto los resultados”, señaló, aunque advirtió que las investigaciones se adelantarán “con todas las garantías, con la presunción de inocencia, con el debido proceso, con el derecho a la defensa, pero también con el rigor que resulte de lo probado”.
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El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el documento fue elaborado durante las semanas de transición bajo la coordinación del vicepresidente José Manuel Restrepo y defendió la decisión de poner los hallazgos en conocimiento de las autoridades.
“Mi obligación como presidente de la República es construir el futuro de Colombia, pero también es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad comprometen la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, declaró el jefe de Estado al cierre del evento.
De la Espriella también aclaró que la determinación de eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades judiciales y a los organismos de control. “No me corresponde, señora fiscal, declarar la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de persona alguna. Esa función le pertenece exclusivamente a la administración de justicia y al Ministerio Público”.
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