
“Me duele el alma cuando veo los ojos de una madre que no encuentra respuestas, porque en ellos veo los ojos de mi propia mamá”. La frase es de Karen Castro Aguirre, la hija menor de María Otilia Aguirre Ballesteros y la hermana consentida de Carlos Alfredo Castro Aguirre, un joven de 21 años, asesinado y desaparecido el 30 de junio de 2004 por uniformados del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar).
Vivía en Fundación (Magdalena), era el quinto de siete hermanos y, aunque el pasado 22 de octubre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a Juan Carlos Figueroa Suárez, comandante de esa unidad militar cuando ocurrió el crimen, su familia busca una verdad que sigue incompleta y el cuerpo de su ser querido para sepultarlo.
Karen Castro lleva 22 años para arriba y para abajo, tocando puertas en instituciones y entidades del Estado. Intentando reconstruir qué pasó con su hermano y luchando para cumplirle a su madre la promesa que le hizo el 26 de mayo de 2019, cuando falleció a causa de un cáncer: que no descansaría hasta encontrar los restos de Carlos Alfredo Castro y esclarecer el crimen de José Miguel Castro Aguirre, su otro hermano, asesinado cuando también buscaba respuestas.
La condena de seis años y tres meses de prisión al coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien era el comandante del Batallón La Popa, por torturas, asesinatos y desapariciones reconstruyó parte del crimen. Sin embargo, para la familia aún hay muchas respuestas pendientes.
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Carlos Alfredo, un joven feliz
La familia de María Otilia Aguirre nació y creció en Fundación, cerca de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. A Carlos Alfredo Castro le gustaba jugar fútbol, boliche y volar cometa. Su comida favorita eran las “pastas rojas con guineo verde” y, por ser uno de los hombres de la casa, siempre estaba pendiente de su mamá, de sus hermanas y sus sobrinos.
Era, en palabras de Karen Castro Aguirre, “un niño alegre, lleno de aspiraciones. Tenía una sonrisa hermosa, unos ojitos preciosos, color café. Era feliz”. Cuando terminó el colegio, el joven se fue al Ejército para prestar el servicio militar. En una de las fotos que guarda su hermana aparece él, vestido de uniforme, y su madre, abrazándolo con orgullo.
Lo que sucedió con Carlos Alfredo Castro fue una paradoja de la violencia. En diálogo con El Espectador, Karen Castro narró que su hermano, al terminar el servicio militar, empezó a hacer las diligencias para regresar al Ejército y cursar la carrera para ser soldado profesional. Sin embargo, fueron hombres de la misma institución de la que hizo parte los que lo asesinaron.
En 2004, cuando regresó del servicio militar a Fundación, empezó a trabajar en oficios varios y como ayudante de albañilería. Era difícil conseguir trabajo y estaba en los trámites para reingresar a la institución. Hasta que apareció una supuesta oferta laboral que le hizo una persona que, según contó su hermana, ni la justicia ordinaria ni la JEP han logrado identificar.
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“A mi hermano le ofrecieron un trabajo para ir a coger café en la Sierra Nevada. Lamentablemente, en ese momento no tenía un empleo fijo y vio en esa propuesta la posibilidad de ayudarle a mi mamá. Por eso decidió aceptarlo”, narró Karen Castro. A Carlos Alfredo Castro le dijeron también que, si conocía a alguien más que necesitara trabajo, se lo llevara con él. Invitó a Jhon Jáder Escorcia Bonett, un amigo suyo que también estaba sin empleo y acababa de ser papá.
“Para desgracia nuestra y de ellos, ese trabajo no existía. Era la artimaña de engaños que estaba tejiendo el Ejército, en complicidad con los paramilitares, para reclutar jóvenes inocentes, de escasos recursos y cumplir con sus cometidos”, expresó Karen Castro.
La madre y la hermana del joven no estaban en su casa cuando le hicieron esa oferta de trabajo; habían viajado a Cartagena para visitar a su hermano mayor. Se enteraron porque él las llamó para decirles que, como estaba entregando hojas de vida para trabajar como vigilante y estaba pendiente de que lo llamaran a algunas entrevistas, aceptaría la oferta y se iría a trabajar dos o tres meses.
Así reuniría un poco de dinero para pagar algunos compromisos y ayudarle a su mamá y regresaría a Fundación. Karen Castro recuerda que le prometieron a su hermano que regresarían el 27 de junio de 2004 para despedirse de él, pero llovió en Cartagena, tuvieron problemas y se retrasó el viaje. La despedida nunca ocurrió.
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Viaje sin retorno
Carlos Alfredo Castro Aguirre salió de su casa el 29 de junio de 2004. Con él se desplazaron Jhon Jader Escorcia Bonett, Esnel Matute Ibáñez, Wilson Darío Ruiz Arboleda y Luis Javier Molina Gutiérrez. Todos tenían entre 21 y 23 años. El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez reconoció ante la JEP que ninguno de ellos hacía parte de algún grupo al margen de la ley, no estaban en órdenes de batalla, en registros operacionales ni de inteligencia.
Y que mucho menos estuvieron en combates contra uniformados del Batallón La Popa, la unidad que él comandó entre enero de 2004 y julio de 2005. “Fueron abatidos sin justificación alguna por tropas del batallón bajo mi mando”, dijo el exmilitar en una frase que recogió la sentencia en su contra.
“A él se lo llevaron a trabajar, salieron a la 1:00 de la tarde de Fundación, se lo llevaron para hacer trabajos varios, se llevaron a cinco muchachos ese día (…) los paramilitares se llevaban a los jóvenes con engaños, a mi hijo se lo llevaron engañado”, le dijo Otilia Aguirre a la Fiscalía, en marzo de 2011.
La sentencia de la JEP contra el coronel (r) Figueroa Suárez lo confirma: “Los testimonios coinciden en que los jóvenes fueron sacados de Fundación y de Valledupar con ofertas de trabajo (…) Las víctimas no vestían prendas militares cuando salieron de sus casas”. Carlos Alfredo Castro “estaba vestido con un jean azul, llevaba unas botas Brahma de color marrón y un suéter, no recuerdo de qué color, y apareció con prendas militares”, dijo su madre.
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El mismo documento aborda una declaración del exparamilitar Gerónimo Costa Daza, quien le dijo a la Fiscalía en noviembre de 2015 que Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, alias “El Paisa”, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Cesar y aliado de los uniformados del Batallón La Popa, llegó a un sitio del municipio de Pueblo Bello (Cesar) en el que entrenaban a los paramilitares.
Se bajó de un vehículo de color rojo en el que iban también los cinco jóvenes reclutados en Fundación y Valledupar. “‘El Paisa’ me jaló aparte y me dijo en secreto que los muchachos iban a ser utilizados como falsos positivos, que no dijera nada. A los muchachos los mató el Ejército”, dijo el exparamilitar.

El teniente (r) Carlos Yobani Medina Bayona, compareciente ante la JEP, dijo que los paramilitares y los uniformados de La Popa habían planeado asesinar a un grupo de civiles a inicios de julio de 2004 para presentarlos como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) muertos en combate. Incluso, los militares le entregaron municiones a las AUC para el crimen.
El día de los hechos, los cinco jóvenes fueron llevados por “el Paisa” hacia la Sierra Nevada, donde fueron asesinados. “Una vez llegaron, el comandante del grupo (paramilitar), al tener las cinco personas, le preguntó si lo hacían ellos o la tropa, ante lo cual el teniente Medina manifestó que lo hicieran ellos. Varios soldados se ofrecieron para asesinar a dos de las personas retenidas”, dice el fallo.
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Agrega: “Las cinco personas estaban escondidas en una parte montañosa y fueron asesinadas y se las entregaron ya muertas (a los militares). Los paramilitares les colocaron el armamento para simular el combate. Posteriormente, hicieron el informe y puso a firmar a los soldados porque todos estaban de acuerdo”.
Las versiones de los uniformados a la Justicia Penal Militar señalaban que eran “bandoleros” con quienes el Ejército tuvo un combate. Esa versión se reprodujo como pólvora en los medios regionales. Los soldados, dice la sentencia, recibieron permisos de salida como felicitaciones. Y el coronel (r) Figueroa Suárez le regaló al teniente (r) Medina un viaje a San Andrés.
El entonces comandante de La Popa, según la sentencia, legalizó el material de guerra usado en el falso combate y autorizó el pago de recompensas. Solo abrió en diciembre de 2004 una indagación disciplinaria, que “fue un trámite formal que aseguró la impunidad”. Luego fue archivada. “Estoy seguro de que él (Figueroa Suárez) sabía que los de las tropas hacían cosas, pero no hizo nada para evitarlo”, le dijo Medina a la JEP.
Ninguna autoridad judicial fue hasta el lugar de los hechos. Los cuerpos fueron llevados por los soldados hasta Medicina Legal en Valledupar, donde solo identificaron a Esnel Matute Ibáñez. Los otros cuatro fueron enviados a una fosa común del cementerio Ecce Homo y sepultados como personas no identificadas.
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Una búsqueda sin concluir
Cuando María Otilia Aguirre y Karen Castro regresaron de Cartagena a Fundación, a Carlos Alfredo Castro ya lo habían asesinado. Su hermana recordó en diálogo con este diario que la angustia las abrumó porque no tenían comunicación con él, no recibían mensajes ni llamadas del joven. Empezaron a buscarlo en todas las poblaciones cercanas en una investigación que lideró José Miguel Castro Aguirre, uno de sus hermanos, hasta que también lo asesinaron el 20 de abril de 2005.
Lo habían amenazado por “buscar lo que no se le había perdido” y él, con la fortaleza que solo da el amor por un ser querido, le respondió a quienes lo intimidaron: “Sí, se me perdió un hermano”. Tras el crimen, que lleva 21 años impune, la familia tuvo que desplazarse forzosamente a vivir a Bolívar, Atlántico y Valle del Cauca.
Tres años después del asesinato de Carlos Alfredo Castro, en septiembre de 2007, su familia se enteró por una publicación del medio regional El Pilón de que su cuerpo había sido identificado en una fosa común del cementerio principal de Valledupar. María Otilia Aguirre fue al Batallón La Popa a buscar ayuda y a Medicina Legal para que se lo entregaran, pero las respuestas de las autoridades fueron como un golpe en el estómago.
“Nos dijeron que estaba sepultado con más de mil cadáveres y que si lo queríamos sacar, tendríamos que cavar la fosa nosotros mismos”, narró Karen Castro. Tras años de pasar la noche en vela, “doblando rodilla” junto a la cama para encontrar los restos de Carlos Alfredo Castro, su madre enfermó y falleció en 2019.
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La imposibilidad de encontrar a su hijo contagió a María Otilia Aguirre de una tristeza infinita. “Más que el cáncer, a mi mamá la mataron el dolor y la tristeza”, dijo su hija. La bandera de la búsqueda la asumió por completo Karen Castro, quien asegura que en la justicia ordinaria no lograron nada y que solo hasta que el caso llegó a la JEP tuvieron las primeras respuestas sobre qué pasó.
Aunque aún pide que su derecho a la verdad sea garantizado por los comparecientes. Especialmente por el coronel (r) Figueroa Suárez, quien aún no ha dado respuestas sobre quién engañó a los jóvenes asesinados junto a su hermano y solo intentó, hace una semana, devolver unas medallas que no ganó cuando comandó La Popa y que fueron rechazadas por las víctimas.
El mensaje de Karen Castro al exoficial recién condenado es claro: “Me hubiera gustado que su arrepentimiento fuera genuino y que su interés de ayudar fuera real. Sus medallas, unos pedazos de metal, no llenan ni sacian nuestra sed de verdad”. Su voz se hace un nudo de lágrimas y dolor cuando piensa en qué le diría a su hermano: “Que me duele el alma que se sienta solo y perdido en el camino hacia casa”. Y a su madre, con quien tiene una deuda de búsqueda que intenta saldar cada día: “Mami, lo estoy luchando. No hay un minuto en el que no estés en mi mente y no me voy a dar por vencida hasta traer a tu hijo de regreso”.
Hoy la esperanza la tiene puesta en que identifiquen a Carlos Alfredo Castro Aguirre entre los más de 300 cuerpos exhumados en septiembre pasado de una fosa del cementerio Ecce Homo de Valledupar, que tiene medidas cautelares de la JEP. Allí ha estado enterrada parte de su verdad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Frapolo(7328)•26 de octubre de 2026 – 05:38Y el máximo autor intelectual y patrocinador de estos as3sinatos, el innombrable U, sigue impunemente participando en política.