Colombia atraviesa un complejo panorama de orden público marcado por el recrudecimiento de la violencia en diversas regiones del país. A pesar de que el gobierno ha adelantado diálogos con diferentes grupos para negociar acuerdos que lleven al cese de un conflicto que se recrudece, los enfrentamientos entre grupos como el ELN, las disidencias de Iván Mordisco y de Calarcá Córdoba y el Clan del Golfo dejan ese panorama en vilo, generado un clima de inestabilidad que afecta tanto a las zonas rurales como a los principales centros urbanos.
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Masacres, desplazamientos forzados y un aumento en los homicidios selectivos han puesto en jaque la seguridad de miles de colombianos. Sin ir muy lejos, el reciente paro armado declarado en Chocó por parte del ELN dejó como resultado más de 3.500 desplazados, o la compleja situación en Norte de Santander que ya deja más de 51.000 desplazamientos, 63 muertos, nueve firmantes desaparecidos. Esta es la radiografía actualizada del panorama de orden público en el país, con los datos más recientes de la Defensoría del Pueblo.
Norte de Santander
La situación de orden público en Norte de Santander ha alcanzado niveles críticos en las últimas semanas, especialmente en la región del Catatumbo y la ciudad de Cúcuta. La intensificación de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, ha generado una escalada de violencia que afecta gravemente a la población civil, dejando como resultado más de 51.000 personas desplazadas y 63 muertos, según la Defensoría del Pueblo. En los últimos días, la zozobra de los habitantes de la región ha aumentado por explosiones que se generaron en Cúcuta y Villa del Rosario por medio de carros bomba: al menos seis heridos y un peaje destruido. Aunque ninguna organización se ha atribuido los hechos, autoridades señalan al ELN. En respuesta, el alcalde local decretó un toque de queda y suspendió las actividades escolares para contener la situación.
En el Catatumbo, el ELN y las disidencias de las Farc que lideran Iván Mordisco y Calarcá Córdoba han sostenido violentos combates por el control del narcotráfico y las rutas ilegales en la región. Comunidades campesinas e indígenas han sido forzadas a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos y las amenazas de los grupos armados que allí hacen presencia. Municipios como Tibú, El Tarra y Teorama han sido los más afectados. El presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Conmoción Interior y Emergencia Social en Norte de Santander el 18 de enero de 2025 y se desplegaron tropas del Ejército para contener la situación, pero la violencia va en aumento.
Chocó
El departamento del Chocó es uno de los más afectados por problemas de orden público relacionados con la presencia de actores armados. Sin ir muy lejos, el pasado 18 de febrero el ELN inició un nuevo paro armado de 72 horas en la subregión del San Juan, dejando como resultado más de 3.500 personas desplazadas, según la Defensoría del Pueblo. Esa misma entidad registró que en ese departamento hacen presencia, además de esa guerrilla, las disidencias lideradas por Iván Mordisco y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC). De hecho, desde el pasado 4 de febrero se han generado combates entre el ELN y el EGC. Es más, de acuerdo con la entidad dirigida por Iris Marín, se han recibido reportes de la presencia de las disidencias al mando de Mordisco, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN. Además, la Defensoría señaló que la mayor preocupación es la situación del pueblo Wounan, que en su mayoría permanece confinado y enfrenta graves restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos.
Antioquia
En Antioquia, al menos tres de sus subregiones están bajo alerta de entidades de derechos humanos, por la presencia y acción de grupos armados. Muertes violentas y desplazamientos masivos son algunos de los hechos que se han presentado con mayor frecuencia en lo que va de 2025. En la subregión del Bajo Cauca se han presentado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la facción disidente de alias Calarcá, quien actúa en alianza con el ELN, que han obligado al confinamiento de habitantes de los municipios de Remedios, Segovia, Anorí y el Bagre. La cifra de desplazados allí durante el último mes suma las 530 personas, según la Defensoría del Pueblo. El 26 de enero, por ejemplo, hubo un desplazamiento en el corregimiento de Puerto López (municipio de El Bagre) y en la Serranía de San Lucas, de 154 personas.
En los municipios de Briceño, Yarumal y Valdivia, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de alias Calarcá han causado el desplazamiento de 135 personas y los asesinatos selectivos de otras seis. En Yarumal, el pasado 26 de enero, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres, dejados sobre la vía hacia el corregimiento de Loma de Ochalí. Las víctimas estaban secuestradas desde el 23 de enero, pero el Clan del Golfo emitió un comunicado negando su responsabilidad. A lo anterior se suman hechos violentos en el municipio de Jericó (Suroeste de Antioquia), atribuidos en su memento al Clan del Golfo, por parte de la Defensoría. Esa subregión es cercana además al occidente de Caldas, donde las autoridades vienen denunciando posible presencia de grupos armados hasta ahora no identificados.
Arauca
Una alerta de emergencia de la Defensoría, emitida el 16 de febrero, señala que, hasta ese momento, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de Mordisco se prolongaron desde hace varios días. Según la entidad, en el marco de esa confrontación, se han reportado asesinatos, privaciones de la libertad, ataques a infraestructura y reclutamiento de menores de edad. En la noche del pasado 20 de febrero, autoridades reportaron un ataque con explosivos a la estación de Policía del municipio de Saravena. Según los informes oficiales, no se presentaron uniformados heridos. En ese departamento, según estableció la Defensoría, hay presencia del ELN, las disidencias lideradas por Mordisco y también las disidencias que comanda alias Calarcá, conocidas como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). El viernes 21 de febrero fueron liberados cuatro soldados que fueron secuestrados en ese departamento a manos del ELN.
Valle del Cauca
En el Valle del Cauca y su región del Bajo Calima, grupos armados organizados y bandas criminales se pavonean por el territorio, disputándose el control de las economías ilícitas, especialmente del narcotráfico y la extorsión, y sembrando el terror por medio de homicidios y ataques con explosivos. Entre los hechos más recientes están las dos explosiones que ocurrieron de forma simultánea en los corregimientos de Fenicia y Salónica, del municipio de Riofrío, cuya autoría aún es una incógnita. En la mañana del 29 de enero fueron activadas dos motocicletas bombas en sitios estratégicos, cerca a los parques de ambas poblaciones. Una persona resultó herida y varias viviendas tuvieron afectaciones estructurales.
Según la Defensoría del Pueblo, también las nueve comunidades del Consejo Comunitario del Calima y el Resguardo Biodiverso de Santa Rosa de Guayacán están en medio de la disputa entre el ELN, el Clan del Golfo y una nueva disidencia de las Farc conocida como estructura Wilson González. Las confrontaciones han causado el confinamiento de 2.774 personas, además de secuestros y homicidios registrados por la Defensoría del Pueblo. La situación ha tenido “un impacto desproporcionado sobre comunidades afrodescendientes e indígenas”, señaló recientemente la entidad.
La dinámica es distinta en Buenaventura, donde las estructuras criminales conocidas como Shottas y Espartanos dieron fin a su tregua de 19 meses el pasado 5 de febrero, con la cual se había sacado al puerto del Valle del Cauca de la lista de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina. Los Shottas anunciaron por medio de un comunicado el cese unilateral al fuego, acompañado, paradójicamente, de un repliegue “con responsabilidad a cualquier ataque de la banda delincuencial de los Espartanos y sus aliados”.
Ambos grupos controlan seis comunidades en las que la Defensoría tiene registros del confinamiento de al menos 938 personas. Las autoridades del Valle del Cauca desarrollaron un consejo de seguridad en la última semana de enero, tras el cual la gobernadora, Dilian Francisca Toro, aseguró que el aumento de los homicidios en el primer mes de 2025 era del 75%. “Son zonas de constante confrontación, con un incremento significativo de homicidios, especialmente de jóvenes, y la imposición de fronteras invisibles que restringen la movilidad de los habitantes”, advirtió recientemente la Defensoría del Pueblo.
Nariño
En Nariño el panorama del conflicto está alimentado por la presencia de al menos seis grupos al margen de la ley: el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central (comandadas por alias Iván Mordisco), la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, los Comuneros del Sur (una facción disidente de la guerrilla del ELN) y las Autodefensas Unidas de Nariño. Sobre este último grupo, entidades como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre la posibilidad de que esa estructura armada sea el “plan B” de Comuneros del Sur, que en este momento adelanta una mesa de negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. En ese departamento juega un rol clave el control de la salida de drogas hacia el pacífico. No en vano han aumentado las incautaciones de las autoridades allí.
En una operación reciente, la Armada Nacional incautó una carga de más de dos toneladas de cocaína que eran transportadas en un submarino a más de 100 millas náuticas de Tumaco. Las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, y el grupo Comuneros del Sur, son los primeros actores en esa lucha del control de los negocios del narcotráfico y la minería ilegal. Ambas guerrillas han incrementado el uso de las minas antipersonal para mantener la retaguardia de los territorios que dominan; una situación que, sumada a los enfrentamientos armados, ha dejado más de 100 familias desplazadas y causó el confinamiento de 214 personas durante la primera semana de febrero, según la Defensoría del Pueblo.
Huila
La Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana emitida en enero de este año, también advirtió de la grave situación que se vive en el departamento del Huila. Según la entidad, los riesgos por disputas entre actores armados afectarían a las comunidades de Aipe, Neiva, Villavieja, Algeciras, Gigante, Garzón, El Agrado, El Pital, Guadalupe, Saladoblanco, Suaza, Acevedo, Pitalito, Palestina, Oporapa, La Argentina, La Plata, Paicol, San Agustín e Isnos. En esos territorios hacen presencia el ELN, las disidencias de Mordisco y de Calarcá. Al igual que en el Cauca, también están la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur. Según la Defensoría, en Huila “los escenarios de pugna entre las disidencias de Calarcá y Mordisco están caracterizados por el accionar del Frente Raúl Reyes (comandancia de Calarcá) y del Frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo (comandancia de Mordisco) en los municipios de Isnos y San Agustín.
De igual manera, lo combates se han generado entre el Bloque Jorge Suárez Briceño (al mando de Calarcá) en el oriente del departamento, a través de los Frentes Darío Gutiérrez, Iván Díaz y entre el Bloque Rodrigo Cadete Bloque Central Isaías Pardo (comandancia de Mordisco), en el occidente del departamento, a través de los Frentes Ismael Ruíz y Frente Hernando González Acosta. La entidad resumió que, en el marco de los enfrentamientos, se han presentado asesinatos selectivos de personas socialmente estigmatizadas, es decir, “de quienes integran grupos sociales en altísima vulnerabilidad socioeconómica, que suelen ser tachados como ‘indeseables’, debido a sus actividades o identidades”.
Sur de Bolívar
El sur del departamento de Bolívar también cuenta con amplia presencia de grupos armados. En ese territorio, según la Defensoría, están presentes el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias del EMBF, al mando de alias Calarcá. En los últimos días también se han generado enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, lo que ha afectado a la población civil dejando confinamientos y desplazamientos. Además, las comunidades alertaron que se han instalado cilindros bomba para evitar que la población abandone la zona rural del municipio de Morales. Según la Secretaría de Seguridad de Bolívar, las cuatro poblaciones que permanecen confinadas por el accionar de grupos armados en el sur de Bolívar son Minguillo y Mina Piojó, zona rural de Montecristo; Alto de las Brisas y El Tomate.
Tolima
El departamento del Tolima vive la triple presencia de las disidencias de las Farc. En el departamento las autoridades han documentado disputas por el territorio en el municipio de Roncesvalles entre la estructura al mando de alias Iván Mordisco, el EMBF de alias Calarcá y una tercera estructura llamada Frente 57 Yair Bermúdez, que se desprendió del ala disidente de Mordisco. “La población sufre extorsiones, restricciones de movilidad y amenazas al personal de salud”, señaló recientemente la Defensoría del Pueblo.
En los municipios de Prado y Dolores, las autoridades regionales también han llamado la atención por el aumento de las extorsiones por parte de grupos armados. La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, ha denunciado que las presiones a cultivadores de café, ganaderos, comerciantes y campesinos, a cambio de “protección” de los grupos armados, alcanzan los montos de hasta 13 millones de pesos. El departamento cerró el año 2024 con un aumento del 65% en las cifras de extorsión.
Solo para citar un ejemplo, recientemente el Ejército abatió a Fabián Guillermo Espinoza Arboleda, conocido como alias Cancharino o Rodrigo Castro. El joven de 24 años era el hombre de confianza de alias Calarcá en el departamento del Tolima y el jefe de finanzas del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias. Según información de las Fuerzas Militares, su actuar delictivo le dejaba ganancias a las disidencias por el orden de los $1.500 millones, producto de extorsiones.
Amazonas
Puerto Santander, municipio del departamento de Amazonas, es para la Defensoría una zona de extremo riesgo inminente. En ese territorio es común la presencia del ELN y las disidencias de Mordisco y del EMBF. De acuerdo con la alerta temprana emitida en enero por la entidad, a mediados de 2024 las estructuras al mando de Calarcá se propusieron a frenar la entrada de los grupos de Mordisco en la zona, particularmente del Frente Carolina Ramírez, adscrito al Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. En agosto del año pasado, reseña la entidad, se registró la instalación de vallas de esa unidad. La intensificación de los combates entre ambas disidencias generaron confinamientos en las comunidades del área no municipalizada del municipio: Belén (200 personas), Delicias (100), Pizarro (250 personas), Reforma (50 personas), Los Monos (150 personas), Berlín (100 personas), Puerto Sábalo (70 personas) y Guaimaraya (70 personas).
Meta y Guaviare
En el caso de departamentos como Meta y Guaviare, según estableció un informe de emergencias de la Defensoría del Pueblo, desde el año pasado se ha generado una disputa entre las facciones disidentes de las Farc: una liderada por Iván Mordisco y la otra por alias Calarcá. En el municipio de Calamar, de acuerdo con la entidad, en medio de enfrentamientos en murieron 20 personas en 2024, de los cuales al menos siete eran menores de edad. Incluso, dice el informe, circuló un video de 11 menores que supuestamente fueron recuperados por la disidencia de Calarcá y que habrían pertenecido a las filas de la disidencia de Mordisco. Una alerta temprana del 21 de enero de la Defensoría también indicó un riesgo inminente en varios municipios, incluido Mesetas, en Meta.
Magdalena Medio
En esta subregión, delimitada por las cordilleras Central y Oriental, convergen el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias del EMBF. De acuerdo con los registros de la Defensoría del Pueblo, en ese territorio se generan constantes disputas por el control de economías ilícitas. Incluso se habla de una posible alianza estratégica entre el ELN y las disidencias de Calarcá, con el fin de frenar la expansión y posicionamiento del Clan del Golfo. No obstante, un líder social de la región denunció el pasado 18 de febrero que el EGC instaló varios retenes con al menos 40 hombres armados que duraron más de seis horas “amedrentando a la población”. El líder le dijo a Blu Radio que, horas después, integrantes del ELN y las disidencias ejercieron el control del lugar.
Caquetá y Putumayo
En los departamentos de Caquetá y Putumayo, la dinámica del conflicto está unida por un territorio común: el río Caquetá, un afluente clave para los grupos armados de la región, que se disputan el control del tráfico de drogas y la minería ilegal en ese afluente. La situación de ambos departamentos está catalogada como de riesgo extremo en la primera alerta temprana de 2025, emitida el 21 de enero por la Defensoría del Pueblo. Allí hay presencia y riesgo de enfrentamientos entre las dos facciones disidentes de las Farc: el ala comandada por alias Iván Mordisco y el denominado Estad Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de alias Calarcá.
La dinámica en el Putumayo presenta también una particularidad. A las disputas de ambos grupos por controlar el negocio del narcotráfico se suma la presencia de los Comandos de Frontera y su estrategia de cobro de extorsiones sobre la explotación ilegal de oro en municipios como Puerto Guzmán. Durante 2024, las Fuerzas Militares registraron la destrucción de al menos 20 barcazas de explotación ilegal de oro, sobre las cuales cobraban extorsiones los Comandos de Frontera por al menos $7.662 millones anuales. A esto se suma el escenario de las elecciones para la Gobernación del Putumayo, tras la destitución del gobernador Carlos Andrés Marroquín, confirmada en septiembre de 2024. La Defensoría del Pueblo advirtió recientemente que hay “un riesgo alto para el desarrollo de las elecciones atípicas de gobernador a celebrarse el 23 de febrero”, por las disputas entre las dos facciones disidentes de las Farc y el interés de los Comandos de Frontera “de influir en la decisión electoral de los votantes”.
Sierra Nevada
En esta región del país hacen presencia el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. De acuerdo con la Defensoría en su alerta de emergencia del 16 de febrero, durante este mes se han presentado enfrentamientos entre ambos grupos herederos del paramilitarismo. “Esta confrontación se manifiesta en combates abiertos, homicidios selectivos, confinamientos y desplazamientos forzados, afectando especialmente a las comunidades indígenas de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa, Kamkuamo y Wayú, así como a poblaciones campesinas y comunidades negras”, señala la entidad. En los enfrentamientos en esta zona del país también intervinó el Ejército a finales de 2024 y, en medio de un combate con miembros del Clan del Golfo en septiembre de ese año, las Fuerzas Militares reportaron un muerto y cuatro heridos en el municipio de Aracataca.
Serranía del Perijá
La Serranía del Perijá es otra región en la que la Defensoría ha registrado presencia de actores armados. Allí son comunes los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias al mando de alias Calarcá, que se han generado, principalmente, por el fortalecimiento de la primera guerrilla en ese territorio. Así mismo, según ha reportado la Defensoría, han llegado alertas de un posible rearme del Frente 19 de las extintas Farc. Los ataques con explosivos en esa zona del país son constantes, de acuerdo con el ente de control, así como los paros armados y hasta se ha generado un incremento en las amenazas directas contra personeros. Estas acciones han generado afectaciones serias en la población civil, con un agravante: un riesgo para los firmantes del Acuerdo de Paz, incluyendo a quienes residen en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Tierra Grata, en Manaure (Cesar).
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