
Se acaban de conmemorar los 41 años del holocausto del Palacio de Justicia. Usted mencionó que las víctimas y el país siguen esperando respuestas y justicia. ¿Qué ha hecho falta en estas cuatro décadas para conseguirlas?
Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 ocupan un lugar muy triste en la memoria de la justicia. Sobre todo en un momento en el que la justicia fue atacada, abandonada y silenciada. Pero la justicia no decayó, se levantó y sigue de pie cumpliendo con sus funciones. Sobre los hechos del Palacio de Justicia hay varias cosas que podemos tener presentes. La primera, hemos avanzado en conocer algunas cuestiones de la verdad, no solo por la labor que realizó la Comisión de la Verdad, sino por procesos judiciales o distintas entidades del Estado que han contribuido a avanzar en conocer esa verdad. Pero faltan todavía aspectos que no conocemos. Es cierto que las víctimas siguen esperando esa respuesta.
La toma y la retoma fueron actos de violencia y ataques brutales. Pero este momento de conmemorar y tener memoria, de reconocer el dolor de los familiares, de respetar la dignidad de quienes fallecieron en ese día, nos debe llevar a que no nos quedemos ahí. La herida no nos debe impedir dar un paso adelante para tratar de construir un país distinto. ¿Cómo podemos hacerlo sin que haya violencia? Este país tiene una relación muy triste con la violencia. Conocemos bien sus efectos, sabemos lo que pasa si dejamos que la violencia ocupe el papel de la justicia. El deber ciudadano es más que compartir un territorio. Es cómo podemos convivir en un mismo lugar aun dentro de la diferencia y entender que la diferencia no es enemigo de nadie.
Existen muchas maneras de ver y de sentir el mundo. Los desacuerdos que surjan no nos deben llevar a que nos matemos los unos con los otros por pensar distinto. La violencia siempre es adversaria de la justicia. Si se presentan desacuerdos de cualquier índole, nunca la forma de solucionarlos será a través de la violencia, porque esa violencia la conocemos de larga duración. La justicia es una de las formas que nos ayuda a que esos desacuerdos se resuelvan de manera pacífica, sin la vía de la fuerza, sin violencia y conforme a las reglas que tenemos del Estado de derecho, para que esas soluciones pacíficas se puedan dar.
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Usted hace énfasis en la importancia de la memoria y la paz. Colombia tiene una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que el Gobierno le recortó COP 170.000 millones de presupuesto para el próximo año. ¿Cómo ve estos recortes que el presidente Abelardo de la Espriella había anunciado desde campaña?
En esa relación tan triste que como país tenemos con la violencia, la larga duración, siempre hemos tratado de encontrar una salida o una solución diferente. Y hemos intentado desarrollar distintos procesos de paz. La gran mayoría de ellos, desafortunadamente, no han llegado a un término adecuado. Con todas las dificultades que significó construir este proceso de paz, finalmente se logró un compromiso de Estado para llevarlo o concluirlo y eso es importante resaltarlo. Ese Acuerdo Final de Paz quedó consagrado en nuestra Constitución. Los jueces estamos obligados a respetar las instituciones. Por eso he defendido que es conveniente que la JEP concluya su periodo.
La discusión hoy en día no debe ser si debe existir o no la JEP, sino cómo logramos que termine de mejor manera su mandato. En este proceso de justicia transicional se acordaron unas reglas específicas, se establecieron compromisos y responsabilidades. El papel de la JEP es hacer que las personas que hacen parte de ella cumplan eso, siempre con dos finalidades: que se respete a las víctimas y que ellas tengan reparación, verdad, perdón y no repetición. En vez de discutir si debe existir o no, démosle la oportunidad para que ello se pueda consolidar en el tiempo que falta. Ojalá puedan cumplir con esos propósitos, siempre respetando a las víctimas, porque ellas están esperando respuestas en este país.
Creo que muchas de las críticas que se le hacen a la JEP son válidas y tienen razón, pero lo digo con el mismo respeto. Creo que la JEP las entiende y sabe que en este tiempo que falta deberían hacer todo lo que le corresponde para cumplir con esos propósitos para los cuales fue creada la justicia transicional. Le diría a las personas que tienen esas críticas que ojalá pudiera permitir que haya un debate al respecto para que los magistrados de la JEP también puedan considerarlas con el propósito de poder terminar esa labor.
En el proceso de paz, los ciudadanos y sobre todo las personas que viven de manera más cercana el conflicto armado pusieron una esperanza en este acuerdo para que pudieran vivir con tranquilidad, con paz y pudieran reconciliarse. Esa apuesta de las comunidades creo que sigue vigente. Todos deseamos que la JEP pueda concluir para que no se frustre, una vez más, ese deseo de las víctimas de vivir en paz y con reconciliación. Pero, sobre todo, con lo que ellos también esperan: verdad, justicia, reparación, perdón y no repetición. Cuando a la JEP se le cumple el plazo, es el día que vamos a analizar si se pudo cumplir o no.
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¿Podrían lograr esa misión con un recorte tan grande?
La crisis fiscal es real. El terremoto la agravó. Todas las entidades del Estado tienen que sufrir un recorte. Pero nosotros hemos insistido en una cosa: al margen de esa realidad, es importante que todas las jurisdicciones, incluida la JEP, cuenten con los recursos mínimos que les permitan cumplir con sus funciones. Todas las jurisdicciones estamos muy afectadas con el presupuesto que hasta ahora nos ha correspondido para ejecutar funciones y hemos llamado la atención sobre ese punto.
Hemos dialogado con el Gobierno, con el Legislativo y con distintos actores para insistir en que, aunque es difícil la situación fiscal, la justicia no se puede paralizar, porque cumple una función muy importante dentro del Estado. Y hemos insistido en que necesitamos esos recursos mínimos para cumplir con la misma capacidad instalada en las demandas cada vez más crecientes de justicia. Todos estamos afectados.
¿Qué respuestas les han dado a esas peticiones de recursos?
Hay mucha receptividad por parte del Gobierno y del Congreso. Pero la complejidad del problema fiscal es grave y estamos tratando de buscar alternativas para que todos podamos tener esos recursos mínimos. La situación es compleja.
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En el mundo jurídico se ha cuestionado el trato que el presidente De la Espriella les da a los capturados en operaciones policiales y que podría comprometer la legalidad de las capturas. ¿Se están respetando las garantías?
Cada tanto en el país se presentan distintos liderazgos que se expresan de distinta manera. Pero lo cierto es que los funcionarios públicos tenemos unos compromisos, deberes y responsabilidades con el marco constitucional y legal. Esa es la referencia que se debe tener en cuenta para hacer un balance de nuestras acciones. Las políticas de seguridad corresponden al Gobierno y ellos son libres de formularlas. Cuando haya políticas que requieran desarrollo legislativo, las discute el Congreso y el papel de la justicia es diferente.
La responsabilidad nuestra es verificar que esas políticas estén acordes a la Constitución, que respeten los derechos, las libertades de las personas y que no trasgredan las reglas democráticas. Nos corresponderá hacerlo cuando haya lugar. Las personas capturadas y que tengan que afrontar un proceso, por supuesto que siempre deben gozar de todas las garantías judiciales, sin importar la gravedad o el señalamiento que se les tenga. Todo ciudadano que afronte un proceso penal debe tener todas las garantías ciudadanas, como la presunción de inocencia, el debido proceso y el trato digno.
¿Y esas garantías sí las está dando el Gobierno?
Eso se debe analizar desde el cumplimiento de sus deberes y sus responsabilidades como funcionario público. Si en algún momento llega a considerarse que no es así, corresponderá a las autoridades analizarlo. Yo no puedo hacer un juicio de valor sobre esas actividades que hace el presidente hasta ahora. Pero insisto, lo importante es que todas esas actuaciones siempre se hagan dentro del marco de la Constitución, la ley y respetando las garantías judiciales. Si en algún momento alguien considera que eso las transgrede, tiene las acciones correspondientes para denunciarlo ante las autoridades.
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¿Cómo ha sido hasta ahora la relación con los otros poderes públicos?
Ha habido un buen relacionamiento. Con el Gobierno ha habido un diálogo en distintos temas, con el Legislativo también. La rama judicial tiene una función muy esencial en un Estado democrático de derecho, que es tener equilibrio de poderes. Pero también tenemos un mandato de colaboración armónica y en eso hemos insistido mucho desde hace rato. Puedo dar certeza de que hay un buen relacionamiento y eso nos corresponde a nosotros con cualquier gobierno. Nos estamos entendiendo. Hemos insistido en que, si hay diferencias, las podamos canalizar a través del diálogo y los argumentos.
En ese diálogo entre las ramas del poder se aprobó la Ley de Sometimiento y la Corte en su concepto dijo que debía ser una ley que diera garantías a quienes se sometan, pero también para las víctimas. ¿Considera que realmente las hay?
Nosotros hicimos nuestras observaciones en el Consejo de Política Criminal y ese diálogo fue respetuoso. Luego vino el trámite en el Congreso y creo que buena parte de los puntos que se presentaron fueron recibidos y finalmente tenemos un marco jurídico. Este gobierno está insistiendo más en un sometimiento de distintos grupos delincuenciales a la justicia que en un proceso de paz, pero ese marco de sometimiento es el que hoy en día ya tenemos y es el que va a guiar el actuar del gobierno en los próximos años. Tendremos que esperar un tiempo a ver qué resultados produce y si algunos actores delincuenciales acuden y se acogen a él. Es prematuro todavía mirarlo.
Del gobierno pasado, el de Gustavo Petro, han salido distintos escándalos que han llegado hasta la Corte, como la supuesta entrega de contratos públicos a cambio de servicios sexuales. ¿Qué han podido recopilar hasta ahora?
Es un caso reciente y que tiene varias particularidades. Con la información inicial que se tiene, al parecer, involucra distintos momentos y eso es muy importante porque puede cambiar los jueces competentes para analizar los hechos. Al parecer, hay un momento en que el señor Petro era congresista y otro momento en el que era presidente. Eso es fundamental porque el juez natural cambia. En los momentos en que era congresista, nos corresponde. Y así está esa denuncia inicial, a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. Si se comprueba también un momento en el que fue presidente, corresponderá a la Comisión de Acusaciones. Algunas actuaciones se presentaron inicialmente ante la Fiscalía y ellos han entregado el material a la Corte y se está mirando a qué corresponde. Hay que esperar y ver qué tan fuerte es el material probatorio y cómo avanza la investigación.
También habrá que ver de todas estas situaciones que se han denunciado cuáles tienen relevancia penal y también habrá que individualizar quiénes son los responsables de esas acciones. Porque involucran contratación y no solo involucran al presidente, sino que pueden involucrar a otros actores. En este caso particular se ha generado una colaboración importante entre distintas entidades.
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Otro caso del gobierno Petro es el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Hay excongresistas en juicio y privados de la libertad. ¿Cuándo habrá nuevos resultados?
En el caso de los dos expresidentes del Congreso, Andrés Calle, de la Cámara, e Iván Name, del Senado, están en juicio. Se han ido produciendo resultados, pero quiero insistir en algo: investigar y el oficio de juzgar toman a veces tiempo. En los casos de corrupción, cada vez existen formas más sofisticadas de esconderla y toma cierto tiempo develarla y encontrar las circunstancias específicas que rodearon ese caso. Pero finalmente viene avanzando. La Fiscalía hizo aportes muy importantes en el caso de la Ungrd. Las salas especiales de la Corte avanzaron en acusaciones y otras personas en el juicio. Y lo cierto es que se siguen produciendo cada día nuevos resultados. Lo que se logró descubrir hasta el momento fue importante, pero tomó tiempo.
A veces se tiene la sensación de que la justicia no avanza al tiempo que se espera. Puede ser cierto. Pero también probar hipótesis, comprobar, recaudar la prueba y darle certeza toma tiempo. Creo que ha venido avanzando y conoceremos más de lo que sucedió en ese momento.
La semana pasada la Corte abrió una indagación previa a la exsenadora Sandra Ramírez por su supuesta relación con el crimen de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué están buscando en este momento en ese caso?
Hay una información que al parecer involucra a dos personas que eran congresistas para ese momento. Por ser aforados, el tema está en la Sala de Instrucción y allí se ha abierto una investigación previa, preliminar, por lo que es prematuro dar resultados. Habrá que esperar cómo avanza la investigación, qué prueba se recauda.
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Estos casos están en las salas especiales de Instrucción y Primera Instancia que tuvieron un recambio casi total de magistrados este año. ¿Cómo se está proyectando esta nueva generación de magistrados?
Sin duda alguna, empieza una segunda etapa. Los primeros años de estas salas que se crearon en el 2018 dejan una experiencia y unos resultados muy importantes. Ahora se configuraron mayoritariamente con mujeres, lo que me parece un aspecto importante a resaltar. Que haya mayor participación de mujeres en las altas cortes es muy positivo. Qué bueno que esa voluntad de que haya más magistradas se haya materializado inicialmente en la conformación de estas salas. Esperemos que en esta segunda etapa sigan produciendo iguales o mejores resultados que los buenos que produjeron las salas de Instrucción y de Primera Instancia anteriores. Hay un poco más de congestión en la Sala de Primera Instancia, pero veo que ya están organizando nuevas estrategias para resolver todos los asuntos.
Le queda poco en la presidencia de la Corte, ¿qué aprendió y qué pudo hacer en este año?
Un punto muy importante es que seguimos trabajando en procesos que ya se habían iniciado de modernización de la justicia y que siempre nos llevan a tener una justicia más cercana, más oportuna, una justicia más comprensible para el ciudadano. En eso seguimos trabajando este año y yo creo que en los próximos años los presidentes lo harán. Hemos tenido muy buenos resultados. La modernización de la justicia nos está permitiendo mejorar muchos de nuestros procesos y tener mejores tiempos de respuesta.
Seguimos teniendo el problema de que hay una alta conflictividad en el país y una alta litigiosidad que nos genera congestión. Por eso insistimos en que el presupuesto para el otro año nos debe permitir ese funcionamiento mínimo. Porque, por ejemplo, si se recortan cargos el otro año, la congestión va a ser mayor y los tiempos de respuesta también serán mayores.
¿A quién hacerle ese llamado para bajar la conflictividad que menciona?
Es un compromiso de todos. La justicia está llamando la atención sobre eso porque lo vemos en los expedientes y creo que es un compromiso de todos los actores sociales y de los ciudadanos. Volvemos al tema de la violencia y de cómo hacemos para poder vivir en medio de la diferencia, porque mucha de esa conflictividad parte un poco de la falta de conocimiento, de la intolerancia hacia el otro.
Que haya conflictos no es preocupante en sí mismo. Lo que preocupa es que intenten solucionarlos por la fuerza o por la violencia. Por eso insistimos en que una forma de contrarrestar eso es la justicia. No es la única, pero la justicia es la que ofrece esos canales para que las diferencias puedan ser resueltas a través de vías pacíficas. Hay que trabajar mucho en entender que la diferencia no hace al otro enemigo ni implica que nos tengamos que enfrentar, atacar o, incluso, lamentablemente, matar unos a otros por pensar diferente.
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