Las exigencias de justicia y testimonios de las víctimas de falsos positivos en Casanare

Este jueves 9 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer la resolución de conclusiones relacionada con casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares y paramilitares en Casanare. Una decisión en el marco del caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate.

Un paso clave para el esclarecimiento de crímenes cometidos en el marco del conflicto, pues ese documento será el insumo que el Tribunal para la Paz tomará como hoja de ruta para emitir sus sentencias. La resolución se conoce cinco días después de que el Estado ofreciera excusas públicas por 27 de 313 casos de falsos positivos ocurridos en ese departamento.

El pasado 4 de octubre, vestidos con camisetas blancas y en silencio, los familiares de las personas asesinadas extrajudicialmente por militares y paramilitares llegaron a un auditorio de la Cámara de Comercio de Yopal para escuchar en la propia voz del Estado la verdad que durante cerca de 20 años esperaban: sus seres queridos no eran guerrilleros, sino campesinos, y que fueron víctimas de la fuerza desmedida del Ejército, intentando inflar las cifras de sus resultados operacionales.

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Llevaban las fotografías de sus seres queridos y las ubicaron en el centro del escenario. Luego, uniformados de la Brigada 16 del Ejército, con jurisdicción en Casanare, pusieron pequeñas ofrendas florales junto a cada una de las imágenes.

El evento público fue liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, la Nación reconoció su responsabilidad en las muertes violentas de 27 personas en municipios de Casanare, ocurridas entre 2002 y 2008.

En nombre del Estado, se reunieron con algunas de las familias frente a las cuales, como lo ha dicho la justicia ordinaria, hay una “responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación”, por las violencias ejercidas en su contra. La finalidad de ese encuentro era saldar la deuda estatal de ofrecer excusas en 27 casos de falsos positivos que, ahora, la JEP busca resolver en el terreno de quiénes ejecutaron y escondieron los crímenes.

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Los testimonios de las víctimas

Durante las tres horas que duró el acto, los familiares de las víctimas se tomaron la palabra para mirar de frente a los funcionarios en el auditorio y narrar el tamaño de las grietas que abrieron en sus vidas los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.

Una de ellas fue Myriam Álvarez Guerrero, a quien la violencia la hirió por triple partida. Es hija de Misael Álvarez Guerrero, prima de Berney Guerrero Bohórquez y tía de Yuber Armando Contreras Álvarez. Los tres, asesinados el 25 de mayo de 2005 y presentados como guerrilleros muertos en combate por “un grupo corrupto de soldados”, como denominó a los responsables. “No sé si fue una retaliación, se lo dejo a la justicia divina y terrenal”, expresó.

Lady Yohana Torres, hija de Daniel Torres Arciniegas y hermana de Roque Julio Torres Torres, se paró frente al auditorio para hablar en nombre suyo y de su madre, quien se mantuvo en pie detrás de ella. Dijo que su padre y su hermano, de 16 años, se convirtieron en “objetivo para el Ejército” tras haber denunciado el asesinato de un civil a manos de uniformados.

“Fueron perseguidos, amenazados y amedrentados hasta que lograron asesinarlos, a los dos, el mismo día”, el 16 de marzo de 2007. “Hoy no solamente la voz de mi mamá y de mi familia. Soy la voz de aquellos niños a los que el Estado les arrebató, no solo un padre o un hermano, sino también el hogar y la familia”, expresó.

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Cuando a Gerardo Velasco Parra, hijo de Gerardo Velasco Ortega, lo llamaron para hablar frente al auditorio, se le helaron las palabras. Fue su hermana, Viviana María Velasco Parra, quien tuvo que leer lo que llevaban preparado en unas cuartillas de papel. Su padre fue retenido, asesinado y presentado como baja en combate, el 11 de enero de 2008, en una vereda de Aguazul (Casanare).

El cuerpo fue a parar a Bogotá, donde está sepultado. Por eso le pidieron al Ministerio de Defensa ayuda para que no haya más trabas para la recuperación de su cuerpo, llevarlo de nuevo a su tierra y darle sepultura. “Los militares hirieron el honor y la dignidad de nuestra Nación. La renovación institucional es una deuda con las víctimas”, señaló la familia.

Alcira Achagua Laverde fue otra de las víctimas a las que no les tembló la voz para hablar sobre los más graves crímenes cometidos por agentes del Estado. Ella es hermana de Yury Ferney Achagua Reyes y de Abelardo Reyes, asesinados el 14 de octubre de 2006 y el 26 de agosto de 2007.

También es prima de José Germán Maldonado Achagua, asesinado el 15 de noviembre de 2006, y José Albeiro Vargas Achagua, asesinado el 7 de julio de 2007 y desaparecido durante 18 años. Agradeció los esfuerzos de las instituciones para buscar a los desaparecidos, pero el mensaje a la fuerza pública fue contundente. “No podrán esperar que las víctimas compartamos su conciencia moral”, expresó.

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Wilmer Andrey Pérez Betancourt, quien dirige una de las organizaciones de víctimas más importantes de Casanare, narró a detalle cómo la vida le cambió cuando tenía 10 años. Militares de la Brigada 16 retuvieron ilegalmente a su padre, Beyer Ignacio Pérez Hernández, lo torturaron y lo asesinaron el 5 de abril de 2007. “Nunca más volví a correr tras las luciérnagas con él”, narró.

Su familia, como muchas de la región, fueron blanco de estigmatizaciones y señalamientos de falsos nexos con grupos al margen de la ley. “Queremos transformaciones reales, que devuelvan el buen nombre de nuestros familiares (...), que aseguren que ningún niño en Casanare vuelva a perder a su padre bajo la mentira de un resultado operacional”, dijo.

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Demandas al gobierno

Detrás del desarrollo de ese evento estuvo la Asociación de Víctimas de Casanare por la Paz (Casa Paz), organización que agrupa a las familias de los 313 falsos positivos cuyos casos pasaron por la justicia ordinaria y están ahora en manos de la JEP.

En diálogo con El Espectador, Wilmer Andrey Pérez Betancourt, víctima del caso y presidente de la corporación, explicó que ese acto de reconocimiento fue un logro de las víctimas luego de revisar decenas de fallos de los tribunales administrativos que ordenaban al Estado reparar económica y simbólicamente a los familiares de civiles ejecutados extrajudicialmente, que aún no se habían cumplido. Sin embargo, señaló que aún hacen falta otras medidas de reparación concretas.

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Uno de los puntos que destacó, por ejemplo, es la revisión de las cifras de resultados operacionales del Ejército en el departamento de Casanare. Justo el interés de mostrar grandes alcances, según lo han evidenciado las investigaciones judiciales, fue el principal motor para asesinar civiles y hacerlos pasar como bajas en combate.

En ese sentido, Casa Paz le pidió al Ministerio de Defensa la rectificación pública de los resultados. “Es neurálgico que se corrijan las cifras, porque 303 es un número muy grande, que elevó los resultados efectivos que mostraban para decir que la política de seguridad funcionaba al 100%, cuando vemos que no fue así”, explicó Pérez Betancourt.

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En esa misma línea, agregó que a los exintegrantes de la Brigada 16 que recibieron medallas y condecoraciones por resultados operacionales, les deben revocar esos reconocimientos. Se refirió puntualmente al caso del general en retiro William Torres Escalante, quien fue comandante de esa brigada.

“Un criminal no puede seguir siendo honrado en nombre de la Nación. No son peticiones aisladas, son exigencias de dignidad”, dijo Pérez Betancourt en el acto de perdón. Luego, en su diálogo con este diario, detalló que para las víctimas no es válido que los exmilitares solo entreguen las medallas de forma simbólica. Le pidió a la JEP emitir decisiones para revocar las resoluciones con las que se otorgaron esos reconocimientos.

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De paso, señaló la inconformidad de las víctimas con cierta parte de la conversación privada que tuvieron con el ministro Pedro Sánchez Suárez, en la que, según Pérez Betancourt, el alto funcionario señaló que la fuerza pública, igual que los 103 campesinos asesinados en Casanare, también ha sido víctima.

“Yo siento que eso fue revictimizante (...) Cuando los militares hicieron sus cursos, estaban dispuestos a usar un fusil y a enfrentarse en igualdad de condiciones a su enemigo. Los civiles no tenían esa condición, porque no tenían armas ni eran actores del conflicto. Lo hemos insistido muchas veces. Ni estrategia de defensa tenían porque eran personas que cultivaban el campo. No se puede equiparar”, dijo el presidente de Casa Paz.

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En total, fueron 12 los puntos que Casa Paz le señaló al Gobierno y que abarcan temas como la revisión de los protocolos y estrategias de las Fuerzas Militares y el reconocimiento de las víctimas. A su turno, el ministro Sánchez Suárez y el general Cardozo aceptaron la responsabilidad del Estado.

“Estas ejecuciones extrajudiciales son totalmente reprochables e inaceptables, son actos contrarios al deber y a la ética militar”, concluyó el jefe de la cartera al pedir perdón por las ejecuciones cometidas contra personas inocentes a las que el Estado debía proteger. Esa misma conclusión se espera conocer hoy de la JEP en la resolución de conclusiones que establecerá quiénes fueron los culpables de estos crímenes de lesa humanidad.

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