
El magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth llegó el pasado 5 de noviembre a la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una misión clara: echar cuentas ante el recorte del Gobierno de COP 181.400 millones de su presupuesto. Ahora también busca “un millón de amigos” que le ayuden a evaluar lo que hace la justicia transicional y a divulgar el trabajo por el que tendrá que poner la cara en uno de sus momentos más críticos. En entrevista con El Espectador, el nuevo presidente de la JEP habló sobre las medidas presupuestales anunciadas recientemente, el riesgo de que su mandato termine de forma anticipada de 2028 y el enorme reto de lograr la satisfacción de millones de víctimas que aún esperan justicia y verdad.
Usted es el quinto presidente de la JEP y llega en un momento en el que los ojos de la opinión pública están puestos sobre el trabajo de la entidad. ¿Cuál es el atraso más grave que la institución tiene que atribuirse a sí misma y qué se compromete usted a resolver antes de terminar su presidencia?
La tarea que tiene la JEP para los próximos tres años es hacer cierres parciales de toda la actividad que en distintos frentes viene realizando. No hablaría de atrasos en estricto sentido, sino de procesos que se han venido culminando. En primer lugar, la recepción de toda la información por parte de la Fiscalía, que son miles de expedientes. Luego está el proceso de contrastación de esa información con otra que aportaron las víctimas y el inicio de las entrevistas y las conversaciones con los comparecientes y las víctimas. Esto fue un trabajo largo, difícil, pero muy importante para construir el procedimiento dialógico. Ya estamos en una fase muy intensa de producción jurídica en distintos sentidos.
Yo dividiría el trasegar de la JEP en dos momentos. Uno de acumulación de información, análisis, establecimiento y estabilización de los procedimientos. Y otra fase en la que se toman las decisiones más importantes, que es en la que está la JEP. Pasada esa etapa, en este momento la Sala de Reconocimiento está acelerando las imputaciones. De aquí al 15 de diciembre se tiene previsto agotar todas las imputaciones en relación con los macrocasos, para que el año entrante, luego de escuchar si los imputados aceptan o no responsabilidad, se inicien los juicios. Quienes no acepten responsabilidad irán al juicio adversarial. Quienes sí acepten irán a juicios dialógicos, que llevan a la sanción propia.
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¿Entonces su compromiso en estos dos años es cerrar en los tiempos establecidos la etapa de investigación y avanzar en las sentencias del Tribunal para la Paz?
Exactamente, avanzar en el juicio. El 14 de marzo de 2028 será la última fecha que tendrá la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para emitir la última decisión relacionada con el juicio. Los cinco años siguientes, hasta el 2033, serán el tiempo para la realización de los juicios.
Su primera tarea es echar cuentas y escuchábamos en su discurso de posesión el anuncio de algunos recortes. ¿Cuál fue el fundamento para decidir, entre otras cosas, la reducción de esquemas de seguridad, equipos de trabajo y la entrega del edificio actual?
El fundamento central de todo este ajuste fue el decreto de presupuesto que expidió el Gobierno. En relación con la JEP, se dispuso un recorte de COP 181.400 millones y eso nos impuso necesariamente hacer un ajuste muy sensible, muy severo. Sabiendo que es necesario mantener en todo caso el núcleo esencial del funcionamiento de la institución, que es la dignificación de las víctimas y juzgar y sancionar a los máximos responsables, exploramos las posibilidades para mantener la misionalidad con un presupuesto mucho más bajo. La primera opción que salió fue la del costo del edificio. Decidimos cambiar el sitio de operación. Pasaremos de un edificio de 15.000 metros cuadrados a un edificio de 4.200 metros cuadrados, una diferencia enorme.
Eso nos impuso decretar, por regla general, la virtualidad como forma de trabajo y rotación de puestos de trabajo. Esperamos ahorrar unos COP 26.000 millones anuales. La segunda medida tiene que ver con los esquemas de seguridad de magistrados, fiscales y comparecientes (exguerrilleros de las Farc, fuerza pública, víctimas y testigos). Nos tocó hacer un recorte muy significativo. La Secretaría Ejecutiva y los fiscales de la UIA dispusieron entregar sus esquemas. Esto nos va a ahorrar aproximadamente unos COP 37.000 millones al año. Vamos a pedir formalmentea la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Gobierno y que asuman la responsabilidad de la seguridad de estas personas, según la normativa vigente.
El tercer aspecto es la reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios, con un ahorro de COP 85.000 millones. Esto afectará la defensa técnica, donde hay solo 30 abogados de planta para 17.000 comparecientes, y el acompañamiento psicosocial a víctimas.
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¿Qué harán para cubrir ese hueco y mantener su ritmo de trabajo?
En las próximas semanas haremos una reestructuración total de la entidad para reacomodar cargos.
Sobre la reducción de esquemas de seguridad financiados por la JEP. ¿Qué pasará si el Gobierno nacional decide no apoyar la protección de magistrados, fiscales, víctimas y comparecientes?
Quedarían expuestos. Espero y aspiro a que el Gobierno asuma esa responsabilidad. Muchas víctimas y comparecientes tienen serias amenazas de riesgo muy alto. Podremos mantener los esquemas propios hasta marzo del año entrante, por lo que entraremos en diálogo con la UNP para que se actualicen los estudios de riesgo y asuman la responsabilidad que les corresponde.
Otra de las decisiones financieras es cerrar las oficinas regionales de la JEP. ¿No le parece que trasladar a las víctimas esa carga de las consecuencias de esos cierres desconoce que son ellas el centro de la JEP y del Acuerdo de Paz?
De acuerdo. Y ese es el criterio central que hemos establecido en el órgano del gobierno: este ajuste presupuestal va a preservar el núcleo esencial de la JEP. Y el corazón de eso son las víctimas. Vamos a hacer lo imposible para que las víctimas puedan seguir ejerciendo la participación adecuada en todos los procedimientos en la JEP. Todos los ajustes posibles los haremos en otros rubros para tratar de salvaguardar la dignificación de las víctimas.
Yo quisiera señalar, sin perjuicio del cumplimiento que estamos haciendo en la JEP con ocasión del decreto del Gobierno para reducir el presupuesto, que voy a iniciar a partir de enero del año entrante todas las gestiones posibles para que el Gobierno, el Congreso y todos los actores institucionales y políticos relevantes entiendan el momento en el que se encuentra la JEP, para tratar de volver a hacer un equilibrio presupuestal. El país está en una crisis fiscal y la JEP contribuyendo. Que eso quede muy claro. Pero también estamos en un momento crítico y especial de productividad de la JEP, en el que se necesita un soporte presupuestal y político. Yo voy a seguir gestionando para reequilibrar el presupuesto.
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La financiación de las sanciones restaurativas de la JEP depende del Gobierno nacional. Ahora deberían aumentar las decisiones del Tribunal para la Paz. ¿Cómo asegurar los recursos para ejecutarlas con el apoyo financiero de un gobierno con el que no tienen buena relación?
Yo tengo una muy buena noticia. El ministro de Justicia, Iván Cancino, convocó a la instancia encargada de la articulación de todos los ministerios relacionados con las sanciones propias. Ahí también están instituciones que dependen de la Presidencia de la República, como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Unidad para las Víctimas (UARIV). La reunión será el 12 de noviembre y es el primer encuentro que tendremos con el Gobierno nacional. Celebro esto y vamos a estar muy atentos. Estoy seguro de que de esa reunión va a salir una programación para efectos de asegurar el cumplimiento de las sanciones propias.
Una de las conversaciones imposibles para el magistrado Alejandro Ramelli, su predecesor, fue con el presidente Abelardo de la Espriella. ¿Usted qué le diría al jefe de Estado para intentar abrir el diálogo con él?
Yo le diría al presidente De la Espriella que en este tema de paz y seguridad es bueno distinguir tres escenarios. El escenario del proceso de paz que culminó con el Acuerdo de 2016, el escenario de la paz total (que fue la política del expresidente Gustavo Petro) y el escenario de su política de seguridad y paz, que es el sometimiento. Pediría que, concentrándose el Ejecutivo actualmente en esa política, nosotros podamos concentrarnos más fácilmente en la política de paz que culminó con el Acuerdo. Si mantenemos esa división de tareas, vamos a tener una paz mucho más globalizada. Si cada quien está en la competencia que le corresponde, nos va a rendir mucho más el trabajo.
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Y si el presidente De la Espriella acepta sentarse a hablar con usted, pero le pone la condición de apoyar el cierre anticipado de la JEP. ¿Lo haría?
El proyecto de cierre anticipado tiene un riesgo constitucional que espero que el Congreso, en los debates que sigan, lo tome en consideración. Los ganadores del no (el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe y por el entonces senador Iván Duque) lograron que la reforma constitucional que establecía que el Acuerdo Final de Paz era un acuerdo especial de Derecho Internacional Humanitario (DIH) se derogara y que no tuviera esa connotación.
Lo que quedó y está vigente es que el Acuerdo de Paz es un parámetro de interpretación y un referente de validez normativa. Esa norma, que la auspiciaron ellos, es la clave para entender por qué las reformas constitucionales relacionadas con el Acuerdo tienen que ser coherentes con él. Si el Acuerdo establece que la JEP dura 15 años y la Corte Constitucional lo avaló, encontramos que una cosa es lo que está diciendo este proyecto de reforma constitucional que habla de 10 años y otra es lo que dice el Acuerdo. Eso es lo que hay que precisar.
Pero la pregunta es si aceptaría o no hablar con el presidente bajo esa condición…
Lo que diría, más que hablar con el presidente De la Espriella, porque él no presentó el proyecto, es que los congresistas revisen ese punto en específico. Al revisarlo, se pueden encontrar con una solución más adecuada. Lo que ocurre en el 2028 es que sí se acaba la función principal que tiene nuestra fiscalía. La UIA tiene hasta el 14 de marzo de ese año para presentar la última acusación. A partir de allí empezará el periodo de los juicios.
Yo creo que el gobierno tiene personas entendidas en el Acuerdo de Paz, como el mismo ministro Iván Cancino y el propio presidente, por ser abogado y estar cercano a los acontecimientos políticos. Es cuestión de hacer una pausa, volver a revisar y yo volvería sobre el punto anterior: dejar que la JEP se encargue del tema de justicia que ya fue acordado. Eso le da mucho peso de credibilidad a cualquier gobierno, le da confianza a toda la ciudadanía.
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¿Cómo será su estrategia de conversación con el Congreso, para lograr apoyos de su lado en esa discusión?
En primer lugar, participar en el debate. La JEP ha sido invitada a una de las audiencias previstas para explicar esto. El Congreso tiene la formación, la capacidad, la sensatez para mirar el momento político y jurídico. Esto podría avanzar y dejar que la Corte Constitucional desarrolle su competencia en relación con la constitucionalidad. Vale la pena no dejar avanzar todo esto, sino conversar qué es lo que está pasando en este momento con la JEP. Estamos llegando al culmen de la función y no es pertinente, necesario ni políticamente estratégico cortarle el tiempo a la JEP. Estoy seguro de que el Congreso va a escuchar esas razones para tratar de mirar otro tipo de reformas que a lo mejor necesite la institución.
Las críticas a la JEP han tenido, en general, un argumento: que ha sido muy costosa y ha hecho muy poco. ¿Qué responde sobre el alcance y los resultados del trabajo de la JEP, más allá de las cifras sobre decisiones que expuso en varias ocasiones el magistrado Ramelli?
Destacaría el resultado cualitativo, que es más difícil de medir. La JEP no debe medirse con los mismos estándares de la justicia ordinaria, que suelen ser más cuantitativos. El criterio cualitativo de medición es distinto y lo que tenemos es particularmente importante, no solo en términos judiciales, sino en términos culturales y de reconciliación. Cuando se logra que haya un encuentro entre una persona que sufrió un daño y quien lo causó y que con ocasión de ese encuentro haya un reconocimiento mutuo como personas, exista un acto generoso de perdonar y de reconocer responsabilidad y pedir perdón, se logra una reconciliación. Ese es un proceso realmente valioso para las personas, la sociedad y la cultura.
Cuando se dice que los comparecientes en la JEP admiten responsabilidad, pareciera que no se le diera a eso la connotación que realmente tiene. Admitir responsabilidad no es nada fácil. Cualquier reconocimiento de responsabilidad sobre el comportamiento moral que una persona pueda tener no es fácil de reconocer. Cuando se trata de la responsabilidad en relación con daños tan graves, como las violaciones a derechos humanos, ese reconocimiento que, por ejemplo, han hecho militares, es realmente valeroso, valiente. Y también es valeroso y valiente el acto de las víctimas de perdonar. Estamos dando las claves, las herramientas para que pensemos en que hay formas de justicia realmente curadoras, más allá de la cárcel.
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Durante su discurso de posesión también habló de que está buscando un millón de amigos para la JEP. ¿Eso qué significa?
Es una invitación para que nos acompañe un millón de amigos que nos ayuden a divulgar lo que estamos haciendo. Que con sus críticas y observaciones nos apoyen porque siempre han sido útiles. Es muy importante que se sepa que la JEP está apostando a la paz, a la dignificación de las víctimas.
El magistrado Alejandro Ramelli ha sido muy cercano a los territorios y a las comunidades, no solo por su presidencia, sino por las investigaciones que apoya en movilidad en la Sala de Reconocimiento. ¿No cree que le deja muy alta la vara en cuanto a relacionamiento y cercanía con las víctimas en las regiones?
No solo en eso. El magistrado Ramelli es una persona con una capacidad de trabajo abrumadora. Se lo he expresado en privado y públicamente. Creo que yo no tengo el don de la ubicuidad que él tiene, porque él está en todas partes a toda hora. No me alcanza la energía. El trabajo del magistrado Ramelli fue impresionante, abarcador y de gran cercanía con las víctimas. Ahora, con ocasión de esta función, es necesario que el presidente de la jurisdicción tenga un acercamiento mucho mayor y espero mantener esa cercanía que se cosecha tanto.
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¿Qué decirles a las víctimas que llevan ocho años con la esperanza de justicia puesta en la JEP y que ven en decisiones recientes, como la condena contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, que sus demandas no han sido satisfechas?
Las víctimas pueden estar seguras y tranquilas de que se les hará valer la dignidad mientras exista un juez. Y se hará valer su esfuerzo y su reclamación permanente. Estamos haciendo todo lo que haya que hacer en materia presupuestal con ocasión de este ajuste que se nos impone, pero salvaguardando siempre el corazón de la misión de la JEP.
Y a los comparecientes, cuya seguridad jurídica podría verse afectada por iniciativas como la de terminar la JEP en 2028, ¿qué decirles?
Todos los militares, que son la mayoría de comparecientes que tenemos en el proceso no sancionatorio, pueden estar absolutamente tranquilos. Todos los exguerrilleros de las Farc y los terceros que están en este proceso, donde hay cerca de 9.000 comparecientes, tienen la absoluta certeza de que haremos lo que corresponde.
¿Le preocupa el juicio que haga la historia sobre su trabajo al frente de la JEP?
No me preocupa el juicio de la historia. Al contrario, me gusta que se pueda pensar en un juicio sobre el legado de la JEP. Creo que la institución empieza a dejar un legado que tiene que ver con la reconciliación. Nosotros creemos tener las claves de la reconciliación de lo irreconciliable. Que más allá de las sanciones puedan quedar tranquilos, tanto la víctima como el victimario, respecto de un daño enorme. Creo que ese es el papel en esencia del derecho: tratar de reconciliar lo que por otros medios no se logra. Me gusta que nos estén haciendo ese juicio permanente porque con esas observaciones críticas estaremos mejorando.
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Gilberto(54899)•10 de noviembre de 2026 – 08:57(Usuario 54899)•Hace 1 hora – Hasta ahora, lo único EVIDENTE -y que se observa atendido VELOZMENTE- ha sido el ROBO de miles y miles de millones de pesos por parte de la mujer del abelardo.
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Alvaro(66505)•08 de noviembre de 2026 – 19:21Es una persona madura, con sensibilidad y conocedor de nuestro aparato judicial en muchas de sus formas, también un acierto su nombre para dirigir tremenda responsabilidad, le deseo muchos éxitos y solidaridad con sus méritos.
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Gilberto(54899)•08 de noviembre de 2026 – 16:53– Diario EL TIEMPO 8 Nov/26 Hace 3 horas Los medios de la élite, esculcando hasta en las cobijas de Petro: que si lo tiene "chiquito" que si es largo pero "delgaducho", que cuántos espermas arroja en cada "culeada", etc. etc. ! Poco les importa constatar que hasta ahora -y de lejos-, ha sido el mejor Primer Mandatario que ha tenido esta sufrida Patria¡ En cambio, eluden adrede el destino de las ULTIMILLONARIAS CIFRAS que fueron a parar a las arcas de la mujer de abelardo.
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olga rebeca(01674)•08 de noviembre de 2026 – 07:05Eso es pedirle mucho al payaso vende patria que de responsabilidad sabe NADA, solo desfilar, se disfraza, hace shows, miente, hace trampas, es corrupto fascista traqueto….no aspire a tanto con este desgobierno!
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carlos(6836)•07 de noviembre de 2026 – 16:45Que pena …. como les parece que la idea es que tanto víctimas como victimario queden tranquilos!!!!!
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Nelson(11961)•07 de noviembre de 2026 – 16:09Les toca navegar contracorriente y contra payaso…
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Mauricio(4435)•07 de noviembre de 2026 – 14:09Es increible que las otras altas cortes mantengan un silencio sepulcral ante el atropello a la JEP. Esto solo es explicable por el arrodillameinto de los magistrados ante el aprendiz de dictador De la Espriella.
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antonio(7747)•07 de noviembre de 2026 – 12:08Desde su creación tras el Acuerdo de Paz de 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ha costado a los colombianos entre 3,8 y más de 4,2 billones de pesos. Hubíera sido mejor " perdón y olvido " y ese dinero utilizado para sacar adelante el pais. La verdad ?/ Todos sabemos que los guerrilleros, los paramilitares, los militares, los políticos, algunos empresarios participaron en las atrocidades del conflicto.
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Cordillerano(64187)•08 de noviembre de 2026 – 08:32Le faltó proponer la guillotina para salir mas rapidito, mejor dicho "ya voy "Toño" …
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antonio(7747)•07 de noviembre de 2026 – 10:56La JEP cuenta formalmente con 1.460 cargos de planta aprobados, acompañados de una "nómina paralela" compuesta por 1.218 órdenes de prestación de servicios, o sea, 2.678 funcionarios y han pasado 10 años y no ha pasado nada. Griselda Lobo, la proxeneta, es citada a declarar y se declara impedida " por razones de seguridad " y declara en forma virtual. Las víctimas llevan 10 años para confrontarla y les negaron el derecho. A Sigifredo lopez no lo dejaron hablar.
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Gilberto(54899)•07 de noviembre de 2026 – 10:29Al "fILIPICHÍN DESTRIPADOR" no le conviene quue sepa la verdad del accionar narco/paramilitar y su connivencia con las más altas esferas de la sociedad .
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pedrito(59003)•07 de noviembre de 2026 – 10:13Le pido a la JEP que asuma la responsabilidad de juzgar adecuadamente y con rigor a los criminales y tertorista de las farc, los encarcele y dejen de comer tanto de nuestros impuestos. Partida de vagos
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luise(43869)•07 de noviembre de 2026 – 10:22pedrito pedrito, pobre huevoncito …. esJUSTICIA TRANSICIONAL , lea y luegoi opina.
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humberto jaramillo(12832)•07 de noviembre de 2026 – 10:09Poco se le puede pedir a este gobierno tan incoherente. El señor del "viva Cristo Rey" no fue a la misa de recuerdo del holocausto de la toma y retoma del Palacio de justicia, se burla y hae espectáculo con delincuentes y no dice absolutamente nada de los policías que asesinaron frente a todo el país al joven negro Balanta, nos pusieron u presidente y nos resultó un sheriff amigo del espectáculo que no ha terminado todavía su campaña por la presidencia, que solo habla de "mi" gobierno.