Las manos de Luz Almanza Suárez están marcadas por el paso de los años y el sol inclemente de Barrancabermeja (Santander). Tiene 57 años, nació el 15 de enero de 1969 en esa ciudad sembrada al pie del río Magdalena y que, para entonces, estaba en plena expansión industrial por cuenta del petróleo. Creció en el barrio María Eugenia, al nororiente de la población. Allí también se enamoró, fue mamá y formó un hogar hasta que la guerra de los paramilitares intentó borrar de un plumazo todo lo que había construido junto a su esposo.
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En la noche del 16 de mayo de 1998, un grupo de paramilitares se tomó parte de la comuna siete de Barrancabermeja en una sangrienta incursión armada que fracturó las vidas de muchas familias. Eran integrantes de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), comandadas por Guillermo Cristancho Acosta, alias “Camilo Morantes”. Asesinaron a siete personas y se llevaron en camiones a otras 25 cuyos cuerpos fueron desaparecidos durante años. Entre ellos, Ricky Nelson García, el esposo de Luz Almanza.
La masacre del 16 de mayo partió en dos la historia de Luz Almanza, quien empezó a nombrar el tiempo como “antes” y “después” de la desaparición. Y fue el inicio de una lucha inagotable para encontrar a los desaparecidos del Magdalena Medio. Durante casi 30 años, su nombre se ha consolidado como uno de los más visibles de la defensa de los derechos humanos en Santander. Aunque le entregaron los restos de su esposo en 2009, su búsqueda no termina y la razón la tiene clara: “Yo ya encontré, pero faltan más”, le dijo a El Espectador.
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Del amor al vacío de la desaparición
Con la mirada enternecida, Luz Almanza recuerda cómo conoció a Ricky Nelson García. Él tenía 19 años y ella 21. Eran principios de los años 90 y el nororiente de Barrancabermeja se construía con el trabajo de sus habitantes. María Eugenia, Divino Niño, El Campín, Villarelis, Primero de Mayo y 20 de Agosto hacían parte de ese puñado de vecindarios que crecían en un área considerada como “zona roja” y fuertemente estigmatizada. “Siempre decían que del puente para allá éramos subversivos y del puente para acá estaba la gente buena”, narró la mujer.
En medio de bazares y convites para pavimentar las calles y llevar los servicios públicos, se empezaron a ver. En una oportunidad, Ricky García invitó a Luz Almanza a un baile y ese fue el inicio de un noviazgo que duró apenas un par de semanas. Ambos vivían en el barrio María Eugenia y, en una de sus noches de fiesta, un fuerte aguacero le impidió a la joven regresar a su casa. Se quedó a dormir donde su novio sin haber avisado. Al otro día, por determinación de sus papás, se tuvieron que ir a vivir juntos.
“Mis papás me mandaron con mis hermanas una caja de ropa y me dijeron que no podía regresar porque ya no era señorita”, recordó Luz Almanza. Su novio, Ricky García, encontró una solución rápida: “Venga, vivamos juntos. Nos conocemos y miramos si podemos estar juntos o no”. Fue el inicio de una vida en pareja que duró ocho años. Poco después tuvieron a su primera hija, Duperly Johana. Dos años más tarde nació Nelson Francisco. Y para mayo de 1998, cuando ocurrió la masacre, tenía cinco meses de embarazo: esperaba a su hija Karol Vanessa.
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Ricky García, a quien Luz Amanza recuerda como “un hijo rebelde pero muy trabajador”, se dedicó de lleno a sacar a su familia adelante. Se hizo mecánico de motos y se convirtió en uno de los más conocidos y reputados de Barrancabermeja. Le gustaban los fríjoles, las lentejas, las arvejas y los garbanzos. “Aunque fuera sin presa, era feliz comiendo granos”, narró su esposa. Le gustaba la música de Diomedes Díaz y salir a bailar salsa. “Participábamos en concursos de baile y también ganábamos. Éramos muy jóvenes y eso nos gustaba”, recordó.
Trabajaron duro y se mudaron al barrio Divino Niño, una zona de invasión en la que empezaron a construir su casa. El sábado 16 de mayo de 1998, la cita era en la cancha del barrio El Campín. Luz Almanza había propuesto hacer un bazar para recoger recursos y comprar los uniformes para el grupo juvenil musical de la comuna siete, que había sido invitado a un evento cultural en Bucaramanga. La idea inicial era hacer una presentación artística y aprovechar para vender comestibles, pero el sonido y la logística no funcionaron y la intervención musical se canceló.
“Como a las 8:30 de la noche dijimos que nos tocaba mover la presentación para el día siguiente. Los papás se llevaron a sus niños para las casas y nos quedamos terminando de vender los comestibles y las cosas del bazar”, narró Luz Almanza. Sobre las 9:00 de la noche, una turba de hombres armados se tomó la cancha del barrio El Campín. Nadie tiene certeza de cuántas personas estaban allí: unos dicen que eran 150 y otros dicen que eran 300. La única cifra clara es la de las víctimas de esa toma paramilitar: siete muertos y 25 desaparecidos.
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La noche del horror
Los hombres de Ausac de Camilo Morantes se desplegaron por gran parte del nororiente de la ciudad en una de sus arremetidas más sangrientas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señala que se trató de la “inauguración” de la llamada toma paramilitar de Barrancabermeja, que agrupa los hechos ocurridos entre los años 1998 y 2000. La justicia transicional dice también que ese ataque a la población civil no habría sido posible sin el apoyo de las unidades militares y de Policía del Magdalena Medio, que actuaban en asocio con las autodefensas.
Nadie tenía claro que se trataba de paramilitares. Algunos creían que eran soldados o policías, porque estaban vestidos con camuflado. Otros aseguraban que eran integrantes del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), una estructura narcoparamilitar financiada desde inicios de los 80 por los carteles de la droga. “Llegaron hasta el bazar y nos insultaban. Nos decían ‘guerrilleros’, que nos fuéramos. Todo el mundo empezó a ingresar a las casas, había niños en el suelo y gritando. La música se apagó”, recordó Luz Almanza en su diálogo con este diario.
Ricky García, su esposo, no estaba en el barrio al momento de la toma paramilitar, pero fue la primera víctima de la incursión armada. Había salido a atender la llamada de un cliente que necesitaba un servicio de mecánica. Regresaba en su moto con otro joven llamado Wilson Pacheco, cuando los paramilitares ya estaban sembrando el horror. Alguien le advirtió que no siguiera hacia su casa, porque había un retén y estaban “pidiendo papeles”. Pero su respuesta, según narró Luz Almanza, fue valiente: “Yo no le debo nada a nadie”.
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Siguieron adelante y, sobre la autopista que va hacia Bucaramanga, los paramilitares retuvieron a los dos jóvenes. Los bajaron de la moto, los golpearon y los montaron en un camión. Luz Almanza recuerda que estaba tranquila porque creía que su esposo estaba a salvo por haber salido del barrio, hasta que un vecino llegó a su casa, en medio de la conmoción de la toma paramilitar, y le dijo que la moto de Ricky García estaba tirada cerca de la Escuela Fe y Alegría, pero que de su esposo no había rastro porque se lo habían llevado los hombres armados.
Luz Amanza corrió hasta el sitio en el que estaba tirada la moto de su esposo, agarró las llaves y, con el temor helándole los huesos, llegó hasta la base militar de Barrancabermeja para pedir ayuda. La respuesta de los uniformados la dejó desconcertada: “Señora, váyase antes de que algo le pase”. Al salir a la vía principal, vio de frente el camión de las autodefensas de Camilo Morantes que salía de la ciudad cargado de personas. Se detuvo a unos metros y los paramilitares arrojaron al suelo a una joven embarazada, que luego fue desplazada de la ciudad.
Era el mismo camión en el que iba Ricky García, el esposo de Luz Almanza. El papá de Duperly Johana, Nelson Francisco y Karol Vanessa, que estaba apenas en el vientre de su madre. El hijo de Norma Amador, que decidió buscarlo durante dos años y luego dejarlo todo en manos de Dios. Y de Francisco García Peña, que se convirtió en una de las principales voces de los crímenes cometidos por agentes del Estado en Barrancabermeja y apareció muerto cuatro años después, el 20 de mayo de 2002, frente al Estadero El Tiburón, en la salida hacia Bucaramanga.
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Una búsqueda que no cesa
La masacre del 16 de mayo de 1998 paralizó a Barrancabermeja. La Unión Sindical Obrera (USO) ordenó detener las operaciones de la refinería de Ecopetrol hasta que los desaparecidos no regresaran sanos y salvos. Fue necesaria la intervención del entonces presidente Ernesto Samper, que el 29 de mayo de ese año viajó hasta la ciudad a pedir que no bloquearan más las operaciones industriales y que su gobierno ya estaba adelantando contactos con las autodefensas de “Camilo Morantes” para que dejaran libres a los secuestrados.
Eso nunca sucedió. En su más reciente imputación contra un exjefe de seguridad de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, nueve exoficiales del Ejército y dos de la Policía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconstruyó que las personas retenidas durante el bazar del barrio El Campín fueron llevadas hasta San Rafael de Lebrija, un centro poblado en jurisdicción de Rionegro (Santander), conocido como el centro de operaciones de las Ausac. Allí los torturaron durante días, los asesinaron y los enterraron en fosas clandestinas.
Fue en ese corregimiento donde, después de haber tenido que desplazarse de Barrancabermeja, regresar a su ciudad y sufrir las amenazas por convertirse en la voz de los familiares de los desaparecidos, Luz Almanza encontró los restos de su esposo. El 16 de diciembre de 2008, en el marco de Justicia y Paz y gracias a las confesiones de exjefes paramilitares como Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”, fueron ubicadas las fosas en las que estaban los cuerpos de Ricky Nelson García, Wilson Pacheco Quiroz, Óscar Leonel Barrera y Oswaldo Enrique Vásquez.
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Un par de meses después, en febrero de 2009, Luz Almanza fue citada en las instalaciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Bucaramanga, donde le entregaron los restos de su esposo. En su diálogo con este diario, la mujer narró que tenía la esperanza de ver su cuerpo completo o que, al menos, sus restos óseos estuvieran completos. La sorpresa y la indignación la embargaron al enterarse de que solo recibiría un puñado de restos embalados en una bolsa plástica. No quiso recibirlo.
“Tras de que yo no fui la responsable de que se lo llevaran, el Estado fue el que me hizo el daño, me lo iban a entregar en una bolsa en la que yo no sabía qué había. Yo les dije: ‘No, yo no lo recibo. Usted me tiene que entregar algo que yo vea qué es y que usted me diga qué fue lo que pasó”, narró. Fue en ese momento que las familias de la organización que hoy se conoce como Colectivo 16 de Mayo se acercaron a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), de la cual Luz Almanza es actualmente la coordinadora en el Magdalena Medio.
Fueron ellos quienes les ayudaron para exigirle al Estado la entrega digna de sus seres queridos. Con su mano manchada por el sol, adornada con un anillo, un reloj y un par de pulseras de color blanco, la mujer señala su pierna derecha para narrar qué fragmentos del cuerpo de su esposo recibió: los huesos correspondientes a la tibia y el peroné, las falanges de tres dedos, dos dientes y algunos fragmentos del cráneo. Según le explicaron las autoridades forenses, fueron la humedad y la acidez de la tierra las que redujeron a eso la vida construida con su esposo.
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La justicia que aún falta
Sin el dolor de la desaparición de Ricky García a cuestas, Luz Almanza decidió seguir adelante para buscar a las 16 personas que siguen desaparecidas de la masacre del 16 de mayo. Lo hace porque, como ella misma expresa, se trata de “un duelo compartido” del que solo fueron conscientes cuando la guerra tocó las puertas de Barrancabermeja. Esa ciudad a la orilla del río Magdalena, que ha sido fuente de vida y de trabajo, pero que también ha protagonizado los horrores de la violencia de militares, policías, paramilitares y otros funcionarios del Estado.
“Nada de lo que estaba sucediendo en el país nos interesaba. Yo era una ama de casa que solo atendía a los niños y al esposo, dedicada al hogar. No nos importaba lo que sucedía alrededor. Cuando empezaban las noticias, apagábamos el televisor. Y cuando era la hora de las novelas, lo volvíamos a aprender. Hasta que ocurrió la masacre del 16 de mayo y nos tocó la desaparición”, expresó Luz Almanza en diálogo con este diario. Esa conciencia la ha movido durante casi tres décadas a exigir justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
Como coordinadora regional de Asfaddes e integrante del Colectivo 16 de Mayo, le ha pedido a la justicia que no ahorre esfuerzos en el esclarecimiento de la violencia paramilitar que azotó durante años a su región y que sigan buscando las respuestas que las víctimas durante años han demandado. Lo hizo el pasado 2 de septiembre, durante una rueda de prensa de la JEP en la Terminal Fluvial Yuma, relacionada con la investigación de los hechos ocurridos en el marco de la toma paramilitar de Barrancabermeja, que dejó a 431 personas muertas y 85 desaparecidas.
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Ese día, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de su Sala de Reconocimiento de Verdad, anunciaron la imputación en contra de José Eduardo González Sánchez, exjefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja, y 11 exoficiales de la Policía y del Ejército. Esto, en el marco del subcaso Magdalena del caso 08, que investiga los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
“Esta imputación es un abrebocas a la justicia y a la verdad que hemos buscado durante 28 años. Buscamos a los desaparecidos, que la memoria no se borre y decirle a Colombia entera que a quienes se llevaron eran civiles a los que les quitaron sus proyectos de vida, no guerrilleros”, dijo ese día Luz Almanza. Su exigencia es que el buen nombre de su esposo y de todas las víctimas y de sus familiares sea limpiado y que los comparecientes ayuden a encontrar a los desaparecidos, que “no se tiren la pelota entre ellos”, porque sanar su duelo es una necesidad y un derecho.
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