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En medio de una relación que aún no termina de calentarse, y con una agenda legislativa que ya tiene prioridades mas no artículos concretos para su discusión, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrentará esta semana una dura ronda de discusiones en el Congreso. Y no solo porque ya están en juego algunas de sus apuestas principales, sino porque será un primer medidor para una coalición oficialista que –al menos en el papel– le da al Ejecutivo mayorías amplias.
La Casa de Nariño no tiene al Capitolio como una prioridad, al punto que en los diversos recorridos regionales del jefe de Estado no se deja ver en público con congresistas de ninguna vertiente. Sin embargo, temas no menores como el presupuesto general y el plan de desarrollo, así como las reformas en asuntos de seguridad y administración pública que quiere realizar, deben tener el visto bueno de quienes evita en tarima.
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Este lunes, en las comisiones económicas (terceras y cuartas de Senado y Cámara), se sabrá si el monto de COP 634,95 billones del presupuesto que redefinió el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es o no admitido legislativamente. El funcionario, junto a su par del Interior, Rodrigo Lara, han dialogado con congresistas del Centro Democrático, Salvación Nacional, La U, partidos Liberal y Conservador y otras fuerzas que son necesarias para que este debate salga a favor del Ejecutivo.
La discusión no ha sido sencilla, porque incluso en la coalición oficialista han advertido una falta de información sobre los intereses del Gobierno y el destino específico de los recursos, algo que desde el Ejecutivo rechazan reiterando que Gómez es el funcionario que más ha estado en el Legislativo. Incluso –de acuerdo con la propia Casa de Nariño– ha tenido más canales con los congresistas que Lara, el ministro que coordina el diálogo político.
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Desde los partidos que acompañan al Gobierno y que de entrada le asegurarían más de 180 votos entre Senado y Cámara, se advirtió que el monto pasaría sin mayores dificultades. No obstante, la discusión más fuerte será sobre el articulado y la forma en que se distribuirán esos COP 634,95 billones. Los enfoques de seguridad de la nueva administración, que además busca esquivar nuevos gravámenes, están entre los asuntos polémicos.
Pero ahí no para el tema. 24 horas después, el martes 15 de septiembre, el Ejecutivo quiere demostrar su músculo legislativo logrando una suerte de mayorías “arrasadoras” para negar la moción de censura que ciertos sectores de oposición promovieron para el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
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En el bloque minoritario que aún busca “tumbar” al funcionario por aparecer en una playa de Santa Marta a los pocos días del terremoto del 10 de agosto, acción por la que se vio forzado a pedir perdón, está el Pacto Histórico y los sectores petristas de Alianza Verde.
Una escena similar se vivirá al siguiente día, el miércoles 16. La única diferencia es que no habrá votación, pero sí un debate hacia el ministro de Defensa, Jorge Mora, por cuenta de los cuatro menores de edad reclutados ilegalmente por grupos criminales y que murieron en los tres bombardeos que se han ejecutado contra esas estructuras narcotraficantes en Guaviare y Norte de Santander.
La oposición asegura que Mora debe responder políticamente por esas muertes, e incluso han acudido a tribunales judiciales para frenar ese tipo de operaciones. Pero la oficialidad las defiende como un punto clave para combatir a los más de 20.000 integrantes que tienen las narcobandas que operan a nivel rural y urbano, y que crecieron mientras la pasada administración ejecutó la llamada “paz total”.
De hecho, el presidente De la Espriella fijó como meta para sus primeros 100 días de Gobierno haber ejecutado al menos 12 bombardeos a estructuras criminales. Incluso, ya les puso punto final a todos los espacios de negociación política que dejó abiertos el expresidente Gustavo Petro. Lo cierto es que esa moción de censura tampoco tiene fuerza legislativa y servirá de escenario para que la bancada oficialista muestre de nuevo cohesión.
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En medio de todo esto aún está por verse si esta semana el Gobierno presenta o no la agenda que viene construyendo hace un par de semanas y con la cual espera tramitar varias de sus apuestas para los siguientes cuatro años.
Este paso estaba previsto para el miércoles pasado, pero los articulados no estaban ultimados y ese mismo día se le dio prioridad a un consejo de ministros por el primer mes del terremoto. Eso llevó, incluso, a que se corriera la cita de la mañana a la tarde y luego finalmente fuera cancelada.
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No obstante, se espera que esta semana asuntos como el estatuto antiterrorista, la reforma a las consultas previas, los ajustes a la ley de orden público y otras iniciativas sean socializadas con las bancadas. De hecho, se espera que parte del gabinete continúe en sus acercamientos con los diversos partidos que están en la coalición oficialista.
Los presidentes de Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático), y de Cámara, Nicolás Barguil (Partido Conservador), han dicho que las agendas de las plenarias también están listas a conciliarse con los intereses de todas las fuerzas políticas y del Ejecutivo para brindar garantías. Estos días en el Congreso habrá bastante movimiento.
Análisis en La Mesa Redonda de El Espectador:
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