Desde el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) hasta casos de desaparición forzada son algunos de los temas que rodean las elecciones de este 8 de marzo, en las que se elegirá un nuevo Congreso y, de paso, se votarán las consultas interpartidistas. El Espectador hizo un rastreo de los candidatos al Legislativo que tienen cuentas pendientes con la justicia y halló que al menos 20 de ellos enfrentan investigaciones en curso.
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De acuerdo con cifras de la Registraduría, son 3.081 aspirantes al Legislativo. Y, entre el mapeo que hizo este diario de investigados, varios de ellos están buscando una relección en este llamado a las urnas. Eso sí, todos han reiterado su inocencia en los casos por los que están siendo investigados.
Corrupción en la Ungrd
Si bien algunos de los congresistas salpicados decidieron no buscaron repetir curul, otros sí están haciendo campaña e, incluso, quieren dar un salto. Se trata de los representantes Karen Manrique (curules de paz), Juan Loreto Gómez y Wadith Manzur (Partido Conservador), este último con miras a llegar al Senado. Todos tienen una cita pendiente ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho propio y siempre han insistido en su inocencia.
A ellos se les suman las senadoras Martha Peralta (Mais) y Berenice Bedoya (ASI), señaladas de sostener reuniones con Olmedo López (exdirector de la Ungrd) para direccionar contratos. Mientras las dos han dejado claro que son inocentes, esos casos todavía tienen pendiente la decisión de llamada a indagatoria. Y también en esa lista está Julio Elías Chagüi (Partido de la U), quien presuntamente habría tenido comunicación con exdirectivos de la Ungrd para temas de contratación, según versiones de López, Sneyder Pinilla (exsubdirector de la Ungrd) y María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. El senador se ha declarado inocente.
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¿Qué otros casos hay entre los candidatos?
En el Pacto Histórico, los representantes David Racero y Pedro Suárez Vacca, así como el senador Alex Flórez tienen investigaciones en curso. El primero tiene un caso en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por, presuntamente, haber utilizar a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en un negocio personal. En las últimas semanas, un fallo del Consejo de Estado por hechos similares lo declaró inocente.
Por el lado de Suárez, es un juicio ante la Corte Suprema por el delito de prevaricato por acción cuando fue juez quinto de ejecución de penas en Tunja (Boyacá). Él ha dicho que no tiene nada que ver con hechos ilegales. El caso de Flórez es en el mismo alto tribunal con una investigación por los delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado: presuntamente, habría exigido dinero a contratistas de Medellín para financiar su campaña en 2022. Él ha dicho que no cometió ningún delito y está dispuesto a probar su inocencia.
El Centro Democrático también tiene nombres que están siendo indagados. El senador José Vicente Carreño afronta una investigación formal en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias, después de que uno de sus asesores de la UTL fuera señalado de un supuesto soborno para el exsubdirector de la Policía, Nicolás Zapata. El congresista ha dicho que no tiene nada que ver con los señalamientos. En todo caso, también enfrenta una investigación por un caso de desaparición forzada de Alejandro Santiesteban Alarcón en 2003. Aunque fue llamado a indagatoria en 2022, todavía no se ha resuelto su situación jurídica.
La representante Yenica Acosta está siendo investigada por el delito de peculado por apropiación. Se le acusa de tener en su UTL a una persona que no ejerció ninguna de sus funciones. De acuerdo con ella, “todo ocurrió sin su consentimiento”.
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En Cambio Radical son cuatro los que deben responder ante la justicia. Está el senador Didier Lobo, con una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar) entre 2012 y 2015. Mientras él se ha declarado inocente, ya fue citado a indagatoria. A él se suman los Carlos Cuenca y Néstor Rico, así como el candidato Edwin Ballesteros.
Al primero, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó por el delito de corrupción al sufragante, es decir, compra de votos. La condena fue de 7,6 años de cárcel, una inhabilidad y una multa de más de COP838 millones. Él asegura que es inocente y apeló. El segundo fue acusado de los delitos de cohecho y prevaricato, de los cuales se ha declarado inocente: le dijo a este diario que ese expediente “hace parte del ruido propio del debate político”. El tercero fue llamado a juicio por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Él ha asegurado que demostrará su inocencia.
En La U, el representante Wilmer Carrillo, que busca llegar al Senado, tiene tres procesos encima. Fue llamado a juicio por los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, así como un presunto detrimento patrimonial por irregularidades en un contrato público. Ha dicho siempre que es inocente.
El Partido Liberal tiene un candidato cuestionado con Richard Aguilar, acusado de los delitos contra la administración pública, peculado, interés ilícito en celebración de contratos y contrato sin requisitos legales por su paso por la Gobernación de Santander. “En Colombia no se puede generalizar que se condenan anticipadamente a las personas”, le dijo a El Espectador cuando se le preguntó sobre la investigación.
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Los conservadores tienen, por su lado, como cabeza de lista al Senado a David Barguil, a quien se le investiga por el delito de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Él ha sostenido que es inocente y que está a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre su situación jurídica.
Hay otros dos representantes que también están siendo investigados. Miguel Polo Polo (circunscripción afro) tiene dos procesos: uno por hostigamiento agravado y otro por haber señalado a Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, de “financiar” la primera línea y “matar bebés”. Carlos Alberto Carreño (Comunes) tiene una indagación abierta desde 2021 por el delito de concusión, señalado por exintegrantes de su UTL de haberles solicitado parte de sus salarios. En diálogo con El Espectador, Carreño aseguró que este caso es un “montaje”.
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