¿Otra emergencia económica? Se abrió debate por nueva intención del gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró, al término de un consejo de gestión del riesgo realizado este 6 de febrero, que se requiere de otra emergencia económica.

Foto: Ovidio Gonzalez S

Luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que se requiere de la declaratoria de otra emergencia económica para atender los estragos de la ola invernal que está golpeando al país, diversas voces se volvieron a referir al uso de estes mecanismos excepcionales en medio de una situación fiscal compleja y que pasa por críticas a la forma en que el Gobierno ha manejado las arcas en estos tres años largos de mandato de la actual administración.

En efecto, lo que dijo el presidente Petro es que —desde su óptica— se requeriría de otra emergencia para atender la situación que se está registrando en departamentos como Córdoba por cuenta de las fuertes lluvias y que, según la Casa de Nariño, podría reflejarse en otras regiones del país. Antioquia también ha sido fuertemente afectada por la ola invernal.

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“Debo declarar de nuevo la emergencia económica ambiental y social en la región y puede extenderse al país”, precisó Petro tras una reunión con el equipo de emergencias ambientales. Y agregó: “Le solicito a la Corte Constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres hay 84 municipios gravemente afectados por el invierno que se desato este 2026.

Con esto último está haciendo referencia a la suspensión que ordenó el alto tribunal de la otra emergencia económica que había decretado el Gobierno el pasado 29 de diciembre y que, de acuerdo con los magistrados, no tiene el sustento jurídico suficiente para mantenerse vigente hasta que haya una decisión constitucional de fondo.

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Eso llevó a que el presidente Petro, en plena época electoral y buscando darle aire a los candidatos que promulgan la reelección inmediata de la izquierda —entre ellos Iván Cepeda—, criticara con fuerza a la Corte y de paso a otras instituciones que desde su independencia toman decisiones legales que van en contraria de los preceptos del mandatario.

Es en ese sentido que el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, cuestionó al mandatario. “¿Cómo puede afirmar que la emergencia económica se sustentaba en un hecho que aún no había ocurrido cuando fue decretada? Eso no es previsión, es una justificación para acomodar el discurso. Atribuir hoy una tragedia posterior a una decisión de la Corte es una distorsión grave de la realidad. En una democracia, los fallos se acatan, no se desacreditan cuando incomodan al relato político”, precisó el legislador oriundo del Atlántico.

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En otra vía se pronunció Yamil Arana, gobernador de Bolívar, quien le pidió al presidente Petro que incluya a su departamento entre los cobijados por la nueva emergencia para atender la crisis desatada por el invierno.

“Presidente, esperamos que el país no vuelva a ser egoísta con Bolívar, tenemos cinco municipios con graves afectaciones y no vemos que se incluya a nuestro departamento en el decreto de emergencia. Necesitamos su ayuda”, precisó el mandatario regional.

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En lo referente a Córdoba, la que motivó el anuncio del jefe de Estado, el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció. “Duele la tragedia en Córdoba, crece la inundación y afecta viviendas de personas cercanas. Se necesita toda la solidaridad”, precisó el exmandatario.

En todo caso, desde el oficialismo aseguraron que una medida de esta naturaleza debe mantenerse y aplicarse para que se puedan conseguir los recursos necesarios para la atención de la crisis derivada del invierno. Aún falta que el Gobierno expida los nuevos decretos.

¿Qué motiva el uso de la figura de emergencia económica?

El Gobierno buscaba recaudar unos COP 11 billones con los tributos creados bajo el amparo de la emergencia económica. Estos son recursos necesarios para cubrir el hueco de COP 16 billones que tiene el Presupuesto General de 2026, que fue aprobado por el Congreso al mismo tiempo que hundió la ley de financiamiento (que buscaba aportar esa suma, justamente).

Luego de la decisión de la Corte, la administración Petro anunció que recortaría los COP 16 billones del presupuesto para este año.

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El presidente Petro aseguró que el ajuste no se hará en la inversión social ni en seguridad y defensa. También dijo que el Gobierno debe buscar la deuda más barata y puso sobre la mesa una posible subida de aranceles que, explicó, “debe ir hacia sectores de la agroindustria alimentaria y aparatos domésticos que no hagan parte de la canasta familiar”.

El anuncio del recorte no sólo llegó en un momento crítico en el tablero de ajedrez entre la administración y todos los demás jugadores, sino que marcaba un giro que puede mandar mejores señales hacia el mercado y hacia esquinas como las agencias calificadoras, acerca de la voluntad de hacer la tarea en materia fiscal. Hasta ese momento, el presidente se había negado a la posibilidad de un recorte, en medio de acusaciones de “complots” políticos y siempre con la vista en el retrovisor de los fantasmas de los gobiernos pasados.

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Pero la posibilidad de una nueva emergencia económica, sin mayores detalles sobre qué medidas incluiría, podría borrar con el codo estos mensajes positivos de cara a los mercados.

¿Qué impuestos están suspendidos de la emergencia económica?

Con la decisión de la Corte quedaron en el limbo cosas como los cambios en el impuesto al patrimonio, que bajó el umbral para pagar, amplió el número de contribuyentes y subió tarifas, con un recaudo estimado de 1,7 billones de pesos al año. También quedaron en pausa la sobretasa al sector financiero, que pasó del 5 % al 15 % y llevó el impuesto de renta del sector al 50 %.

Se frenaron los cambios en el IVA, como el 19 % a los juegos de azar en línea y el aumento del IVA a los licores, con excepción de la cerveza.

Entraron en suspensión los aumentos al impuesto al consumo de licores y tabaco, el IVA a bienes considerados de lujo, la reducción del umbral de las llamadas compras minimis y el impuesto del 1 % a las ventas de petróleo y carbón.

También quedó congelada la no deducibilidad de las regalías del sector petrolero y carbonero, una medida que proyectaba recaudar cerca de 3 billones de pesos.

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En pausa quedó la contribución parafiscal para apoyar a Air-e y los beneficios tributarios y de normalización de patrimonios, por los que la DIAN ya reporta un recaudo de 1,2 billones de pesos.

De acuerdo con el Minhacienda, hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció la decisión de la Corte Constitucional, se alcanzaron a recaudar COP 1,65 billones; de ese monto, COP 1,63 billones corresponden a los beneficios tributarios que aprovecharon 175.000 contribuyentes.

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