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Ad portas del cambio de administración, en medio de las polémicas que rodean el manejo que se le dará a la paz desde el gobierno entrante y con fuertes críticas hacia la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas hizo un balance sobre los verdaderos alcances de esta iniciativa promovida por el mandatario actual y alertó por la crisis de seguridad que atraviesa el país.
En su más reciente informe, la Misión de Verificación aseguró que, en medio del ambiente electoral del que acaba de salir Colombia, “la situación de la seguridad en las zonas aún afectadas por el conflicto siguió siendo frágil, como lo demuestra la ola de violencia que se produjo en la región Suroccidente del país durante la última semana de abril y en el departamento de Guaviare a finales de mayo”.
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En esta misma línea, manifestaron que la presencia de grupos armados al margen de la ley, la competencia generada por las economías ilícitas y la búsqueda del control territorial “siguieron teniendo repercusiones de gran alcance en la población civil de las regiones del país afectadas por el conflicto. La minería ilegal ha alimentado cada vez más estas disputas”.
Además, aseguraron que los enfrentamientos y el uso cada vez más frecuente de artefactos explosivos lanzados por drones “contribuyeron a la intensificación de la violencia y a la restricción de la movilidad de la población civil. Los confinamientos generaron crisis humanitarias en los departamentos del Amazonas, Antioquia, el sur de Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó, mientras que en Norte de Santander persistieron los altos niveles de desplazamientos masivos”.
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Entre algunos de los puntos más críticos de la situación resaltaron el reclutamiento activo y la utilización de niños y niñas en el conflicto por grupos armados, que persiste y “sigue siendo motivos de gran preocupación”.
Respecto a los diálogos entre el Gobierno y los grupos armados, en el marco de la política de paz total, se puntualizó en que estos procesos se centraron en “facilitar el establecimiento de zonas de ubicación temporal para la concentración gradual de combatientes antes de que finalice el mandato del actual Gobierno”.
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Sin embargo, manifestaron que según la Fiscalía General de la Nación los criterios jurídicos aplicables exigen que, antes de que se establezcan las zonas, se pueda demostrar de avances suficientes y verificables que hayan surgido del proceso de diálogo. “Estas posiciones divergentes reflejaban discusiones más amplias entre las autoridades sobre la secuencia concreta, las condiciones y las garantías asociadas a cada proceso y su compatibilidad con el marco legal vigente”, precisaron.
Entre otros de los temas que mencionaron en el informe, se hizo un último balance sobre el cumplimento del acuerdo de paz firmado en 2016 por parte del gobierno de Gustavo Petro y se concluyó que, aunque la implementación “siguió registrando progresos graduales, pero desiguales. Se produjeron avances importantes, aunque también persistieron retos estructurales”.
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“Los procesos de reforma rural integral y de reincorporación siguieron avanzando, especialmente en lo que respecta a la entrega de tierras y a las medidas destinadas a mejorar el acceso de los excombatientes a medios de subsistencia y servicios básicos”, puntualizaron.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que resaltan en este proceso, manifiestan que los mismos se dieron de manera desigual en los territorios, “lo que refleja limitaciones persistentes en materia de presencia del Estado, coordinación institucional y seguridad en las zonas afectadas por el conflicto”.
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Este proceso, se vio afectado, además de estas desigualdades por la crisis en materia de seguridad, que estuvieron moldeadas por “la evolución de la dinámica del conflicto, con actos de violencia localizada y de rivalidad entre grupos armados que causan daños a comunidades, líderes sociales y excombatientes”.
Respecto a las carencias y falencias que hoy dejan un panorama complicado tanto en la implementación del Acuerdo de Paz como en el manejo de la seguridad en el territorio nacional, la Misión de Verificación manifestó que para subsanar estos asuntos “serán necesarios esfuerzos sostenidos para reforzar la presencia institucional, mejorar la coordinación entre sectores y garantizar que la implementación se traduzca en mejoras tangibles para las personas de las comunidades afectadas por el conflicto”.
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En este contexto, el manejo de la paz y de los temas de seguridad dan un giro radical, pues los enfoques del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y el gobierno saliente de Gustavo Petro muestran dos visiones de país completamente diferentes, algo que no es ajeno en los temas de paz, con los que De la Espriella ya ha asegurado que cambiará el enfoque y la manera de abordarlos para concentrarlos únicamente en el sector defensa.
Precisamente, esta estrategia del mandatario electo ha generado revuelo en medio del tenso ambiente entre las dos administraciones, pues ya aseguró que acabará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y también la figura del Alto Comisionado para la Paz. Esas funciones, según dijo, pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.
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“A partir del 7 de agosto, mi objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se acaba desde que asuma el cargo en mi propiedad”, precisó. Y añadió: “El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia designado [Iván Cancino] y el ministro del Interior designado [Rodrigo Lara] tienen la orden de desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.
Estas declaraciones fueron respaldadas por algunos miembros de su círculo más cercano, pero también recibieron fuertes críticas desde diferentes sectores. Fue precisamente Juan Manuel Santos, expresidente y Nobel de Paz, uno de los que salió en defensa del Acuerdo de Paz más allá de un gobierno en específico.
“Culpar al acuerdo, por el accionar de estas estructuras [criminales], es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo”, aseveró el exmandatario. Además, Santos aseguró que el “fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”.
En todo caso, este informe de la Misión de Verificación será presentado en la ciudad de Nueva York este 15 de julio a las 9:00 a.m. tras la manifestación del Secretario General de seguir acompañando al país en “sus esfuerzos por una paz y una seguridad duraderas”. La presentación estará a cargo de Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Vea aquí el informe completo:
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Por Luna Mejía Farías
