
Dos de los personajes con más poder en la política regional se encuentran inmersos en una serie de litigios fronterizos que compromete parte del control fiscal y energético en el nororiente del país y toca directamente la finanzas de sus departamentos. Se trata de William Villamizar Laguado (de origen conservador), gobernador de Norte de Santander, y su par de Boyacá, Carlos Amaya (Alianza Verde), cuyas regiones emprendieron desde 2017 una disputa por la definición de los límites que comparten. Pero este tan solo es uno de los 13 expedientes represados en la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado, encargada de procesos claves para reconfigurar el mapa colombiano.
El pulso se libra por los límites que comparten los municipios de Cubará (Boyacá) y Toledo (Norte de Santander), una zona estratégica en la que se ubica un yacimiento que desde principios de este año está bajo administración de Ecopetrol. En efecto, son 27 millones de pies cúbicos de gas diarios que se extraen de la planta Gibraltar, ubicada en el corregimiento homónimo y que es la manzana de la discordia de estos dos departamentos. Allí también se configura un corredor fronterizo con Venezuela y también tiene presencia el resguardo Indígena Unido U’wa.
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Ese litigio se ha configurado en varios capítulos y los hechos más recientes han favorecido a Boyacá. Aunque el expediente, que se encuentra en las oficinas de la COT del Senado no se ha movido, ya tuvo un primer visto bueno desde la Cámara. En diciembre de 2024, una ponencia construida por la representante araucana Karen Manrique –vinculada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo– le dio a Boyacá el guiño con el que la administración de Carlos Amaya tendría el control pleno de esa zona en el corregimiento de Gibraltar.
Cubará, además, tiene conexión terrestre directa con Saravena (Arauca), una de las regiones que, según versiones de los implicados en ese entramado de corrupción, Manrique –actualmente tras las rejas– quiso favorecer para supuestamente direccionar contratos de la Ungrd.
La decisión, según dijo en ese momento la congresista detenida, se sustentó en la “historia y el arraigo cultural” con la región boyacense. Dos años antes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ya había fallado a favor de Boyacá para recibir más del 99,5 % de las regalías que genera anualmente la planta Gibraltar y que quedaron en manos de Cubará. Eso representó COP 2.486 millones procedentes del presupuesto del Sistema General de Regalías entre 2025 y 2026 para inversión. Toledo tan solo recibe el 0,40 % de esas transferencias.
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Aunque la disputa comprende alrededor de 600 hectáreas, esos dos departamentos libran un pulso que se reactivó en 2017. Fue en mayo de ese año cuando el gobernador Villamizar solicitó la revisión de los límites con Boyacá –que también era gobernada por Amaya– por la importancia de ese gasoducto y los réditos económicos que dejaba para la región. Pero, además, también se había puesto foco en la extracción de carbón, puesto que esa actividad generó más de 75.000 empleos directos en Norte de Santander hasta enero de este año. Una fracción de esa cifra se concentró en las minas que comparten los dos municipios.
Sin embargo, congresistas de la región le aseguraron a El Espectador que esa “es una región muy pobre a pesar de que allí están los yacimientos de gas. Irónicamente, esa zona no tiene gas, ni buenos servicios públicos ni educación. Ese diferendo ha hecho que se vean muy olvidadas las regiones y nadie responda”. Además, algunas voces procedentes de Boyacá en el Legislativo agregaron que “hay muchos intereses de Norte de Santander por quedarse con esos yacimientos de gas”, razón por la que justifican el estancamiento del expediente en el Senado. Este diario también buscó al bloque nortesantandereano y autoridades de ese departamento, pero no obtuvo respuesta.
Sobre este proceso, El Espectador estableció que en las dos últimas legislaturas esa disputa no tuvo un avance significativo, a pesar de la insistencia desde la región. Es más, mientras este deslinde sigue engavetado, el municipio de Toledo fue integrado dentro de un Distrito Especial Minero mediante la resolución 40344 que firmó el exministro de Minas y Energía Edwin Palma (Pacto Histórico) a finales del pasado mes de julio.
En ese documento se contempla la intención de “promover la formalización y asociatividad de la minería de pequeña escala, especialmente de las actividades de extracción de carbón, materiales de construcción y arenas siliceas, así como impulsar la diversificación productiva, el fortalecimiento de la asociatividad, la adopción de buenas prácticas, la Seguridad minera y el desarrollo sostenible de la actividad minera”. También dejó competencias para que esa cartera, hoy en cabeza de Noemí Arboleda, extienda sus límites y abarque municipios cercanos, lo que tocaría la zona que hoy está en disputa con Boyacá.

Los otros pulsos de Norte de Santander
Para resolver este proceso de deslinde el Senado tendrá que emitir un concepto, pero antes se requieren numerosas audiencias y mesas técnicas para evaluar el futuro de este sector que se ubica en la zona sur de Norte de Santander. Sin embargo, para ese departamento hay otros frentes abiertos que también están en trámite en el Legislativo.
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Un segundo proceso, que el propio Villamizar agitó en 2019, quiere determinar el control de tierras en más de 6.000 hectáreas que, en su mayoría, se sitúan en el Páramo de Santurbán. Este litigio tuvo su apertura durante el mandato de Didier Tavera (gobernador del partido Liberal) en Santander e implicó una serie de choques políticos y económicos entre los dos departamentos. El reclamo llegaría por esas hectáreas, además ubicadas en una zona calificada como reserva ambiental. No obstante, en los últimos años se extendió la minería ilegal en el Páramo, tocando sectores que se disputan Santander y Norte de Santander. Y es que algunas proyecciones apuntan a un amplio potencial minero energético que tendría Santurbán. Es por ello que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella derogó la resolución 0994 del 6 de agosto, con la que la anterior administración estableció una polémica protección especial de ese sector. No obstante, en la resolución 1037 del 13 de agosto esa medida se revocó.
Los informes del Instituto Geológico Agustín Codazzi (Igac) a los que accedió El Espectador son favorables a las pretensiones de Norte de Santander. Sin embargo, ese concepto solo será vinculante una vez todo el expediente limítrofe surta su trámite completo en el Congreso. A la fecha, únicamente se designaron ponentes en el Senado, corporación a la que llegó este dossier.
Por otro lado, también tocando a Norte de Santander, existe un tercer proceso que busca establecer los límites concretos que tiene ese departamento con Cesar, hoy bajo la administración de Elvia Jimena Sanjuan Dávila (La U), pero que arrancó cuando Franco Ovalle Angarita (del mismo partido) lideraba esa gobernación. La disputa se sitúa en la frontera que comparten el municipio El Carmen (Norte de Santander), ubicado a 313 kilómetros de Cúcuta, y cinco municipios cesarenses: La Gloria, Pailitas, Pelaya, Chimichagua y Curumaní.
Este expediente pretende analizar a detalle cuál es el límite fronterizo que corresponde a El Carmen, ubicado en una zona que abarca gran parte de la subregión del Catatumbo y que comparten ambos departamentos. Al igual que sucede con Boyacá, aquí también quedan en ese limbo jurídico corredores fronterizos compartidos con Venezuela y que han servido para el tránsito de estructuras narcotraficantes –como ELN y disidencias de las Farc– a territorio del país vecino.
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Un informe técnico emitido por el Igac detalla el conflicto en el que quedan inmersos más de una decena de corregimientos, puntualmente en el apartado fiscal. En el pulso varias poblaciones estarían presentando problemas de tributación desde la constitución de Cesar como departamento en 1967. Ahora bien, ese documento –que se elevó ante el Congreso– también integró las objeciones de las dos administraciones. Fuentes consultadas de esas regiones aseguraron que, en todo caso, esa entidad “no es efectiva con sus conceptos”.
Un último proceso es el denominado deslinde de la “Zona Norte” que también compromete a Norte de Santander y el municipio de Río de Oro en Cesar. Estos dos últimos casos cobran especial importancia por la ubicación geográfica de la región que hoy reclama la administración de William Villamizar. En medio de los procedimientos adelantados en 2022 se recogieron testimonios de pobladores de estos sectores que dan cuenta de supuestos problemas para recibir beneficios en programas de reparación de víctimas o subsidios, pues varios predios quedaron registrados en los dos departamentos al mismo tiempo.

En este contexto, Senado y Cámara tendrán que pisar el acelerador en la resolución de estos cuatro expedientes. De los 13 totales que reposan las comisiones de Ordenamiento Territorial, apenas uno parece tener avance: la disputa entre Barranquilla y Puerto Colombia por 1.400 hectáreas y en la que ya entró de lleno el presidente De la Espriella. Ese caso, como reveló El Espectador, tendrá su primera audiencia pública en la capital del Atlántico el próximo 23 de octubre. La ponencia de ese expediente quedó en manos del senador Carlos Meisel (Centro Democrático).
Los otros casos que también deben ser estudiados comprometen litigios entre: Atlántico y Bolívar; Caquetá, Meta y Guaviare; dos de Boyacá y Santander; un segundo expediente entre Santander y Norte de Santander; dos pleitos más entre Norte de Santander y Cesar; y un proceso interno en Antioquía entre Necoclí y Turbo. Su reparto para estudio y construcción de ponencias siguen pendientes en Senado y Cámara. La discusión electoral por las regionales de 2027 impactaría en estos procesos.
Vea el expediente del caso de Santurbán
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